- Realizan “Primer Parlamento de Mujeres Indígenas celebrada en el Senado de la República”
- No puede haber usos y costumbres que violenten los derechos de las mujeres
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 7 de marzo 2022.- Incorporar como causal de nulidad, la violencia política en contra de las mujeres indígenas en la legislación electoral fue una de las principales demandas en el Primer Parlamento de Mujeres Indígenas celebrada en el Senado de la República.
Las mujeres indígenas participantes urgieron reformas legislativas pertinentes que permitan integrar la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo, que se legisle para sancionar a quienes usurpen su identidad y con ello obstruyan el acceso a cargos de elección popular.
También exigieron recibir en su lengua materna lo relativo a sus derechos políticos para contar con apoyo en el acceso a cargos públicos y de elección popular, así como ejercer plenamente el derecho a la propiedad de la tierra.
La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que un tema pendiente es establecer como causal de nulidad de una elección, la violencia política hacia las mujeres indígenas propuesta a la que se sumó el senador priista Eruviel Ávila Villegas, quien propuso que las demandas de las mujeres indígenas que participan en este Parlamento sean retomadas en una iniciativa y se conviertan en beneficios reales.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó que no puede haber usos y costumbres en sus pueblos y comunidades, que violenten los derechos de las mujeres, no puede permitirse que sean dadas en matrimonio por dinero, “es algo que vamos a trabajar juntas para que lo podamos erradicar”.
Gálvez Ruiz junto con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes convocaron al Parlamento, consideraron este ejercicio para visibilizar los múltiples obstáculos que enfrenta este sector de la población y buscar que las propuestas de las mujeres indígenas sirvan de sustento para elaborar instrumentos legales que garanticen su participación y representación política, tanto en el Sistema de Partidos Políticos como en los procesos de elección en sus pueblos y comunidades.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, recordó el caso de Iliatenco, Guerrero, en donde se anuló la elección por violencia política en razón de género. Refirió que, a través de esa sentencia, el TEPJF decidió no permitir mensajes de denostación en contra de las mujeres y reiteró el compromiso del Tribunal de juzgar con perspectiva de género intercultural.
La senadora priista Nuvia Mayorga Delgado dijo que no sólo se requiere de voluntad política para cerrar la brecha de género, sino también de recursos económicos para poder cumplir con este objetivo.
Por lo que comprometió a aterrizar los presupuestos necesarios, que permitan erradicar la violencia política, económica e institucional que padecen, las niñas, jóvenes y mujeres indígenas. Es fundamental procurarles oportunidades de desarrollo profesional y personal, así como atender sus demandas de salud, vivienda y trabajo que requieren, con el objeto de empoderarlas.
La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, se comprometió para consolidar un México incluyente, paritario y “fraterno”, que se una en una sola voz, a favor del respeto de los derechos de todas las mujeres del país, especialmente de las mujeres indígenas.
Destacó que las mujeres indígenas viven una constante desigualdad y una alarmante discriminación, y que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia, advirtió Sánchez Cordero.
Refirió que ya no podemos permitir que la alarmante discriminación derive en actos de violencia política, física, económica y emocional, que están presentes en un cerco patriarcal que tenemos que romper.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zilbermann, advirtió que no reconocer al país como una nación multicultural, ha sido una noción errada de las instituciones, ya que se ha buscado resolver sus necesidades de acceso a políticas públicas, servicios y programas, con un enfoque generalizado.
Las mujeres de los pueblos y comunidades, subrayó, necesitan una atención especial, porque la violencia institucional contra ellas arrastra múltiples discriminaciones, por lo que se deben construir e implementar políticas que reconozcan a las mujeres indígenas como actoras fundamentales y sujetas de derechos.
157 personas reportadas al INE por violencia política en 2021, recordó senadora Lucia Micher Camarena
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, recordó que el INE aprobó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, en el que, derivado de la elección de 2021, hay 157 personas reportadas, de los cuales 131 son hombres y 26 son mujeres.
Precisó que fueron nueva las entidades que registraron más casos de este tipo: Oaxaca con 42; Veracruz, 30; Baja California, 13; Chiapas y Sonora, nueve; Quintana Roo y Tabasco, siete por cada estado; Campeche y Guanajuato, seis cada uno.
Mientras que la presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento de Mujeres Indígenas, Yaneth Cruz Gómez, afirmó que este esfuerzo es el inicio para que a las mujeres se les garantice la existencia de una democracia efectiva y puedan usar espacios de decisión y elección popular.
En la declaratoria final, las parlamentarias plantearon la necesidad de establecer un enfoque indígena de género en todas las acciones de gobierno que se promuevan; además, solicitaron que se analice la actual legislación a fin de promover reformas que garanticen la educación de calidad.
El Primer Parlamento de las Mujeres Indígenas, realizado el pasado 4 de marzo, estuvo conformado por 70 participantes provenientes de los Estados de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Sonora, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Chihuahua y Tijuana Baja California.
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