- Los casos denunciados se dispararon en la administración de la Cuarta Transformación.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 15 de mayo del 2023.- Implementar un Plan Emergente de Protección a víctimas de acoso y hostigamiento sexual en la administración pública federal fue propuesto en el Senado de la República por legisladoras y legisladores del Partido del Trabajo ante el aumento de este delito que del 2016 al 2023 registró un aumento del 542 por ciento; es decir mil 511, un promedio de cinco por semana, de acuerdo a las denuncias registradas en los Comités de Ética y Órganos Internos de la Administración Pública Federal.
Los casos registrados en el 2021 ascendieron a un total de 321, encabezando las quejas el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las y los legisladores advierten además que las cifras podrían ser mayores, puesto que muchas víctimas no denuncian por el miedo a perder su trabajo, intimidaciones o por desconocer el proceso, por lo que plantean además dar seguimiento a las denuncias presentadas por las víctimas y difundir los protocolos de actuación en caso de estos delitos, que son desconocidos por el 74 por ciento de las mujeres que laboran en el gobierno federal, de acuerdo a estadísticas del INEGI.
Es en la administración de la cuarta transformación cuando se disparan los casos de hostigamiento y acoso sexual, ya que mientras en 2016 se registraban 50 denuncias en el 2021 se dispararon a 321 en el Comité de Ética y 255 más ante el Órgano Interno de Control de 82 instituciones, según datos del “Reporte de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2021”, el más reciente emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Esta situación es preocupante porque refleja la falta de capacitaciones y mecanismos de defensa y prevención, lo que deja a miles de mujeres que laboran en la administración pública en estado de indefensión, por lo que se debe terminar con las conductas machistas e ilegales que transgreden la integridad de las mujeres, expuso la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre.
Los riesgos que enfrentan día a día las personas trabajadoras, pero mucho más las mujeres, deben de ser enfrentados y erradicados con medidas de prevención y acción. Estas violencias son graves, afectan la integridad física y mental de las personas y las impiden continuar con sus actividades, refirió.
Ellas enfrentan día con día acciones como silbidos, piropos, miradas lascivas, tocamientos indebidos, entre otras. Dejando a las mujeres indefensas y con miedo. También señalan que en la gran mayoría de ocasiones las sanciones impuestas a las personas violentadoras de derechos son mínimas, lo que provoca que el ciclo de violencia inicia de nueva cuenta. Por ello, es necesario encontrar los mecanismos para que se garantice la no repetición de este acto.
El exhorto se le hace a la Secretaria de la Función Pública por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña en el que se cita el artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
Argumentan también que derivado de la desigualdad laboral, así como la brecha de género, las mujeres trabajadoras se encuentran en una vulneración sistemática de sus derechos humanos.
Por lo que se debe trabajar en mejoras para brindar acompañamiento a las víctimas y asesoría con enfoque y perspectiva de género. El primer contacto debe ser con una persona especializada en atención a este tipo de casos, otorgando a la víctima orientación precisa y libre de prejuicios, certeza y confidencialidad durante el proceso que no resulta sencillo; identificando en primera instancia si se requiere de asesoría jurídica o psicológica. En segunda instancia se debe de brindar medidas de protección inmediata y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes a la persona denunciada.
El hostigamiento y acoso sexual afecta a la víctima psicológicamente, pues la incomodidad, ansiedad, depresión y el miedo, terminan siendo un riesgo para la salud de la víctima. Ya que, muchas de las ocasiones quienes terminan con reubicación de plaza o renunciando a los trabajos son las personas afectadas y no los violentadores.
Por lo que también llaman a las dependencias del Gobierno Federal a incrementar y reforzar la difusión de los protocolos de actuación ante los casos de violencia y hostigamiento sexual, con el objetivo de que las y los trabajadores cuenten con información en casos de sufrir estos delitos.
SEM/MG
