Impunidad/Violencia

Podrían detener a probable responsable de 62 hechos de violencia sexual

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  • Víctimas, sobrevivientes y OSC llaman al Estado Mexicano a ejercer acción contra Andrés N
  • En México, de enero de 2018 a diciembre de 2020, se presentaron 150 mil 716 denuncias relacionadas con delitos sexuales

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 de mayo, 2021.- El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Justicia Derechos Humanos y Género informaron que víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil acompañantes, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, logran primera orden de aprehensión en contra de Andrés N por su probable participación en el delito de violación.

Cabe recordar que en febrero pasado se dieron a conocer 62 testimonios que denunciaban conductas relacionadas con diversos delitos de violencia sexual presuntamente cometidos por Andrés N. 

Tanto las víctimas y las sobrevivientes que han “tenido la valentía de denunciar pública y formalmente ante las autoridades competentes, como el Instituto de Derechos Humanos y Democracia y Justicia, Derechos Humanos y Género -ambas organizaciones de la sociedad civil mexicanas, quienes acompañamos y representamos legalmente a un grupo de ellas-, consideramos que este es un primer paso para lograr el acceso a la justicia en un contexto grave de violencia sexual e impunidad en el país. 

En México, de enero de 2018 a diciembre de 2020, se presentaron 150 mil 716 denuncias relacionadas con delitos sexuales; de las cuales 49 ml 195 fueron violaciones sexuales y 610 mil 373 denuncias de violencia familiar. La violencia sexual es cometida principalmente por familiares, pero también por personas desconocidas, que se encuentran en espacio laboral o en algún espacio público. 

Además, la violencia sexual se inserta en una cultura que la naturaliza y perpetua a través del ejercicio del poder económico, político y social, lo anterior aunado a un clima de impunidad genera un contexto de permisividad y tolerancia que pone en mayor riesgo a las mujeres y produce desconfianza ante las autoridades. 

Frente a esta situación, el avance en la investigación y judicialización de los casos relacionados con Andrés N, resulta un paso fundamental para mostrar la relevancia de denunciar pública y formalmente a los agresores sexuales que por impunidad o un indebido ejercicio de su poder, se sustraen de la justicia. 

En este caso, se ha logrado articular un Plan de Investigación que retoma el estándar internacional de que el dicho de las víctimas, robustecido con el contexto de violencia, resulta un elemento sustantivo para el avance de los casos. Por ello, se deben de seguir construyendo precedentes para lograr que la investigación de la violencia sexual se realice con perspectiva de género y debida diligencia.

Es necesario resaltar la importancia de contar con peritajes especializados con perspectiva de género que permitan identificar los contextos de violencia, los factores de vulnerabilidad y subordinación, así como robustecer a través de pruebas científicas, el dicho de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 

Sin embargo, a pesar de que se ha evidenciado que existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad, persiste un contexto de riesgo y vulnerabilidad para las víctimas, lo que hace necesario por un lado, el fortalecimiento de las Órdenes de Protección como un mecanismo efectivo para proteger su vida e integridad; y por otro, la urgente necesidad de políticas públicas de prevención para lograr el acceso efectivo de todas las mujeres a una vida libre de cualquier tipo de violencia. 

Las mujeres denunciantes y las organizaciones hacemos un llamado al Estado mexicano y a la comunidad internacional, a que rompa el pacto y no se proteja a ningún agresor, sin importar su pertenencia a grupos de poder, ni a ningún otro factor que perpetúe su impunidad. 

Las organizaciones acompañantes, en conjunto con las víctimas y sobrevivientes, daremos un puntual seguimiento del proceso judicial ya iniciado contra Andrés N, así como de las demás investigaciones en proceso, para que todas las causas deriven en juicios que aseguren que los derechos de las víctimas y sobrevivientes sean respetados, y desde luego, se haga justicia.

SEM/sj

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