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Politizar vacunas: nuevo desastre

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Por: Julio Frenk*

SemMéxico/diario Reforma, Cd. de México, 31 de enero,  2021.- Una de las características de la pandemia de Covid-19 en México y otras partes del mundo ha sido su politización, entendida ésta como el predominio de los criterios políticos, y no científicos, en su manejo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado públicamente el daño que esto ha causado. «Donde ha habido una evidente falta de respeto por la ciencia y los profesionales de la salud, la confusión ha avanzado, y los casos y las muertes han aumentado», declaró recientemente.

La historia parece repetirse con la vacunación contra la Covid-19: son preponderantemente los intereses políticos los que parecen estar orientando las decisiones del gobierno de la 4T. Por lo menos tres hechos parecen indicar que esto es así: la falta de un riguroso Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19; la incorporación de los Servidores de la Nación a las brigadas de vacunación, y el tipo de vacunas que habrán de utilizarse en México. Lamentablemente también vuelve a aparecer en la campaña de vacunación la impericia gerencial que ha plagado la gestión de todos los asuntos de salud de esta administración. A ello se añade el desmantelamiento de lo que solía ser un eficiente programa de vacunación, motivado por la obsesión ideológica de descalificar todos los avances del pasado. Se han conjuntado los ingredientes de una receta para el desastre.

Las medidas iniciales que se han tomado en materia de vacunación contra el Covid-19 indican que no se cuenta con un verdadero plan de vacunación que incluya objetivos, metas, acciones, criterios de selección y recursos disponibles. La falta de un plan exhaustivo promueve la opacidad y facilita la discrecionalidad en la toma de decisiones.

Aún no contamos con datos precisos sobre el número y tipo de vacunas adquiridas ni sobre las fechas de su llegada a nuestro país. En ausencia de esa información resulta imposible planear actividades. Esto genera una enorme incertidumbre y hace crecer la desconfianza.

Los criterios iniciales de selección no se están respetando. Todavía hay miles de médicos y enfermeras involucrados en la atención de pacientes con Covid-19 que no han sido vacunados -de manera notable el personal del sector privado-, pero se vacuna a otros grupos no prioritarios, como los maestros de educación básica pública de Campeche.

Tal vez la medida que mejor refleja la utilización de criterios políticos en la campaña de vacunación contra la Covid-19 es el alistamiento de los Servidores de la Nación a las brigadas de vacunación. No hay ninguna razón técnica que justifique la participación de este grupo, estrechamente vinculado con Morena, en las tareas de vacunación, las cuales deberían quedar en manos del personal de nuestras instituciones de salud. Estas tareas las han llevado a cabo con enorme éxito los médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE durante décadas. Si hubiera necesidad de movilizar a personal adicional, dada la magnitud de la tarea, podría echarse mano de los estudiantes de medicina y enfermería. Para colmo, ya se anunció que miles de estas brigadas serán coordinadas no por médicos y enfermeras sino por estos empleados de la Secretaría de Bienestar, los cuales ya han sido vacunados a pesar de que no se consideran trabajadores de la primera línea de respuesta al Covid-19 y que operarán en zonas muy apartadas, donde el riesgo de contagio es extraordinariamente bajo. El diputado Éctor Ramírez Barba ya denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales el uso electoral que los Servidores de la Nación les están dando a las actividades de vacunación.

Por último, destaca la compra, por parte del gobierno mexicano, de 24 millones de dosis de vacunas Sputnik V sin atender a los lineamientos técnicos. Frente al fracaso de las negociaciones para adquirir un número razonable de dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer, las autoridades federales de salud optaron por adquirir la vacuna rusa, que no ha pasado aún por la fase 3 de los ensayos clínicos -cuando se prueba la eficacia y seguridad de la vacuna en un número grande de individuos- y no ha sido aprobada por las autoridades regulatorias de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Alemania. Para justificar su compra, se solicitó su aprobación a la autoridad regulatoria mexicana, COFEPRIS, una agencia inicialmente diseñada para actuar con independencia de presiones políticas, guiada únicamente por las mejores evidencias científicas -algo que fue reconocido internacionalmente-. El afán del actual gobierno de centralizar el poder político nulificando a los órganos regulatorios autónomos ha contaminado a esta agencia desde el inicio del sexenio. En notable contraste con la actual burocratización de sus gestiones, la COFEPRIS ha acelerado la certificación a la Sputnik V, que podría concretarse en cuestión de días. Como señaló recientemente Héctor Aguilar Camín, su «uso masivo sería un acto de repudiable irresponsabilidad sanitaria contra los mexicanos».

El panorama no parece muy alentador. Estamos atravesando por la peor fase de la pandemia y es muy posible que no alcancemos coberturas razonables de vacunación sino hasta principios de 2022. A ello habría que agregar el surgimiento y crecimiento acelerado de las nuevas cepas de coronavirus, que son mucho más contagiosas y tal vez más letales, y que podrían convertirse en las cepas dominantes en cuestión de semanas. Ello nos obliga a tomar acciones enérgicas. Se trata de la última oportunidad para evitar un desastre aún mayor al que ya ha sufrido la población mexicana.

Además de fortalecer y hacer más racional y transparente la estrategia de compra, distribución y aplicación de las vacunas contra la Covid-19, es indispensable mejorar y redoblar los esfuerzos en diversas áreas, utilizando las otras medidas de salud pública que las autoridades federales de salud se han resistido a adoptar: el uso obligatorio de cubrebocas altamente efectivos en espacios públicos; la utilización masiva de pruebas diagnósticas para la detección temprana de casos de Covid-19 y el control de la movilidad de la población en función de la información epidemiológica disponible. A esto habría que agregar ahora el uso extensivo de pruebas genéticas para la detección de nuevas cepas, que permitan rastrear su evolución y distribución, y así ajustar las estrategias locales. Por último, es urgente desplegar una vigorosa campaña de educación para el combate a la pandemia. Tal esfuerzo de comunicación educativa debería ser encabezado por el propio presidente López Obrador, quien deberá asumir, después de haberse infectado, el tipo de comportamiento ejemplar que caracteriza a los mejores líderes y que, lamentablemente, hasta ahora ha estado ausente en México.

*Julio Frenk es Rector de la Universidad de Miami y ex secretario de Salud de México (2000-2006). @julio_frenk Octavio Gómez Dantés es Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México.

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