Por falta de quorum legal, Congreso de Chiapas no aprueba la Ley 3 de 3 contra la violencia de género

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  • Colectivas feministas reclaman a las y los legisladores su falta de responsabilidad y que no hayan llegado a trabajar.
  • “Es prioridad fortalecer los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, activistas.

Gabriela Coutiño

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de mayo del 2023.- El Congreso de Chiapas no alcanzó este jueves el quorum legal, para aprobar la reforma constitucional llamada 3 de 3 contra la violencia de género, ante la ausencia de 14 legisladoras y legisladores de morena y del partido verde ecologista de México.

En la sesión ordinaria de este jueves, de acuerdo a la orden del día, sería avalada la reforma de los artículo 38 y 102 constitucionales para que las personas que enfrenten una sentencia por violencia de género, doméstica, sexual, política, económica, atenten contra la integridad corporal, además del incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, no se puedan convertir en servidores públicos.

A la sesión únicamente se presentaron 23 diputadas y diputados, de los 27 que se necesitaba para avalar la reforma constitucional. “Lamentable que la paridad no garantice sororidad”, reclamaron activistas feministas.

La diputada federal Olga Luz Espinoza Morales, manifestó que “es muy lamentable que en un estado, donde se vive la violencia política contra de las mujeres; las y los diputados no hayan llegado a trabajar y no se haya votado la 3 de 3”.

Con anterioridad colectivas feministas como 50+1, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva y Florinda Lazos, instaron al Congreso de Chiapas apresurar la aprobación del decreto Ley de Responsabilidades administrativas, “para la construcción de un país que, en un futuro, se distinga por la materialización del derecho a la igualdad”.

La dirigente estatal de la colectiva 50+1, Alma Rosa Cariño Pozo, dijo que seguirán insistiendo en la aprobación del decreto, porque “es prioridad fortalecer los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

Al exigir al Congreso del estado la aprobación de ley, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, manifestó que la Ley 3 de 3 es un paso gigante para un México libre de violencias.

“La ley 3 de 3 debe ser aprobada de inmediato a favor de mujeres y de familias, porque establece un nuevo marco jurídico de responsabilidades para las y los servidores públicos y las empresas; establece el Banco Nacional de Personas Deudoras y prevendrá la corrupción; no quisiéramos que quedara en suspenso como ha sido el caso de la demanda por penalizar el delito de Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género”, manifestó en un comunicado.

La colectiva Florinda Lazos señaló por su parte que “las mujeres de México no queremos en los cargos públicos, ya sean de elección popular o por designación, en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), en los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial ) y organismos autónomos a acosadores, violentadores y deudores alimentarios”.

Las y los legisladores que faltaron a la sesión ordinaria son: Farid Abud, Citlaly de León, Karina del Río, Carlos Mario Estrada, Floralma Gómez, Sandra Cecilia Herrera, María Roselia Jiménez, Martha Gpe Martínez, Isidro Ovando, María de los Ángeles Trejo, Sergio David Molina, Fabiola Ricci, Agustín Ruiz y Jorge Luis Villatoro.

La Ley 3 de 3 está siendo impulsada desde 2018 por la colectiva feminista Las Constituyentes Mx. En ella se propone que, para ser postulado o nombrado como funcionario público, una persona no debe tener una sentencia definitiva por:

Violencia sexual                  

Violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.)

Ser deudora alimentaria morosa

Con esta ley se prohibirá el registro de personas violentadoras como candidatas para los procesos electorales.

La 3 de 3 contra la violencia se modifican los artículo 38 y 102 de la Constitución para que las personas que enfrenten una sentencia por violencia familiar y/o sean deudores alimentarios no se puedan convertir en servidores públicos.

SEM/MG

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