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Presiones de grupos de Morena impiden labor a CNDH

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  • Renuncias y presiones sugieren la vuelta al pasado 
  • Movimientos se alistan a continuar desde abajo y en las calles
  • Difunden un pronunciamiento y prenden alertas: “nosotras nos cuidamos”

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 2 de septiembre de 2020.- Mujeres y hombres anunciaron ayer que la defensa de las víctimas de la violación de sus derechos humanos, ante el abandono y el alineamiento al gobierno, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresada en la salida de José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez, les obliga a unirse y continuar forjando desde abajo “nosotras nos cuidamos solas”.

Personas independientes, movimientos de viejas y nuevas luchas, dirigentes sindicales; trabajadoras y trabajadores; el movimiento nacional de personas jubiladas, profesionistas y profesionales de diversas universidades, grupos y colectivas de mujeres, advirtieron que el control gubernamental de la CNDH, impedirá la transformación anunciada. Son, dijeron, las y los defensores desde la Guerra Sucia, en la que trabajó Rosario Ibarra de Piedra, quienes ahora saben que la única defensa es la de abajo, la que hace la gente organizadas para oponerse al poder.

Explican que en la CNDH, donde las personas sí importan, por presiones internas, no externas, se sustituyó a los directores de las visitadurías primera y sexta por perfiles institucionales,  muy diferentes de los anunciados al inicio de la administración de Rosario Piedra Ibarra, que ahora está bajo la  coacción de algunos sectores del gobierno federal. 

Los ahora ex directores, considerados radicales, son quienes desde las CNDH acompañaron a muchos otros movimientos, no sólo de las mujeres, como al de los padres con niños con cáncer, o las movimientos que se oponen a la construcción del Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía; a quienes sufren recortes de luz en plena pandemia y a trabajadores y trabajadoras, que en estos tiempos, como el caso de Susana Prieto, son víctimas de los poderes nacionales y estatales, aún municipales.

Las renuncias ponen en duda, entonces, que se mantenga el propósito de lograr que la CNDH deje de ser cómplice de los sucesivos gobiernos y se convierta en un organismo verdaderamente autónomo de derechos humanos, independiente del gobierno y sus intereses.

Ante el cambio de giro institucional que ya opera en la CNDH, en lo interno, 41 organizaciones, sindicatos, colectivos, asociaciones y 172 activistas, defensoras y defensores, sindicalistas, feministas, trabajadoras y trabajadores, campesinas y campesinos, estudiantes y militantes del país, que irán a la resistencia porque no habrá la transformación ofrecida.

La colectiva, y defensoras y defensores afirman en un pronunciamiento que este “giro” está en proceso. La renuncia de los directores de las visitadurías primera y sexta, antiguos y probados defensores y promotores de los DDHH, da evidencia de la intervención de agentes de Morena y del gobierno para propiciar que la CNDH vuelva al pasado. Se quiere una CNDH a modo, y no una defensoría del pueblo.  

Llaman a la unidad de movimientos y colectivas a la resistencia en las calles, en los centros de trabajo y estudio, cuando afirman que a los renunciados los continuaremos encontrando en estos movimientos de resistencia. Y sostienen que desde ahí, desde abajo es donde se forjan los cambios verdaderos.

 Lo principal, señalan, de la defensa de los derechos humanos viene desde los movimientos verdaderos como el de las mujeres contra la violencia patriarcal, conocido “nosotras nos cuidamos”, donde es necesaria la unidad y fortalecimiento de las luchas porque, en medio de esta crisis histórica, combinada en el terreno económico y sanitario, como con el endurecimiento en el terreno político, se aproximan nuevos y difíciles retos.

Ayer  Amnistía Internacional (AI) corrigió lo que dijo el presidente Andrés López Obrador, al señalar que las desapariciones entre el 1 de diciembre y la fecha, son 11 mil 653 personas, según los registros disponibles. Desapariciones, eso que hizo que Piedra Ibarra pareciera una garantía.

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En cuanto a las masacres, AI recordó la presunta ejecución extrajudicial de elementos del Ejército al menos contra una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hecho que fue revelado en un video. Y sostuvo que el primer paso para eliminar las violaciones a derechos humanos es reconocerlas y dar cuenta de ellas.

Amnistía Internacional también refutó que haya menos feminicidios en el país, como lo dijo López Obrador, ya que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año ese delito se ha incrementado un 5.4 por ciento respecto al mismo periodo del 2019.

El Comunicado

Las colectivas y quienes defienden los DDHH señalan que  recibieron con preocupación la noticia de la salida de los compañeros José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez como encargados de la Primera y Sexta Visitaduría respectivamente, dentro de la CNDH, cargos con los que fueron designados en enero de este año por Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de ese organismo.

Sus renuncias alarman en el sentido de que significan un cambio o abandono de los propósitos anunciados por Rosario Piedra para transformar a la CNDH, cuando asumió la presidencia de esa instancia, desprestigiada desde su creación en 1992, durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como encubridora de las peores violaciones a derechos humanos cometidas por cada gobierno, fuera del PRI o del PAN.

Lamentan que Rosario Piedra anunció que con su llegada buscaría transformar a la CNDH en una verdadera Defensoría del Pueblo y, hace un par de meses, como ejemplo de este propósito, refirió a la noción de Ponciano Arriaga de una Procuraduría de los Pobres, que destaca el carácter de clase que tiene la justicia en la sociedad.

Sostienen que en México esto se expresa con el hecho de que el mayor número de personas presas o víctimas de violaciones de derechos humanos son pobres, indígenas, mujeres o migrantes. Para lograr su propósito, anunció que la CNDH debería estar del lado de las víctimas y darles acompañamiento, por lo que decidió nombrar, en diversos niveles de la institución, a activistas y militantes de los derechos humanos, personas defensoras e, incluso, familiares de víctimas, especialmente de desaparición forzada, como lo es ella misma.

Eso significaba la necesaria independencia política de la CNDH con respecto del gobierno y su partido, por ello quienes firman son participantes de diversos movimientos sociales y luchas de resistencia contra el neoliberalismo; enfrentan la militarización que continúa con la creación de la Guardia Nacional, al igual que lo hacen contra otras formas de violencia, como el feminicidio o el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Por ello advierte sobre el curso que adopte la CNDH. Claramente se oponen a que regrese al molde anterior.

El problema, entienden, no es la salida de José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez, si fuera por cualquier razón, sino porque se da en un momento del giro hacia el pasado. Saben que esas renuncias son el resultado de la oposición que mantuvieron, para alinear la CNDH al gobierno y convalidar una simulación, sobre la supuesta independencia y compromiso con los derechos humanos de la CNDH. Afirman que en los hechos, los intereses gobiernistas dentro de la misma institución no quieren la defensa de los DDHH.

Afirman: “Nos inquieta que quien o quienes quieren hacer regresar a la CNDH a un curso de subordinación, estén dentro de la misma institución, pues lo que está aconteciendo en estos momentos no se puede explicar solo por presiones externas”.

Reconocen el compromiso de José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez para mantener su trayectoria, previa al entrar a la CNDH, y seguir desarrollándola en esa institución. Al hacerlo así ayudaron a darle legitimidad y confiabilidad a la CNDH, elementos de los que carecía. Lo que está ocurriendo ahora parece anunciar un regreso al viejo molde y papel de la CNDH subordinado al gobierno en turno.

 Luego describen las acciones en las que estuvieron involucrados los ahora ex directores de la primera y sexta visitadurías. Los encontraron acompañando a las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas, junto a colectivos que exigen presentación de desaparecidos y desaparecidas desde el periodo de la llamada “Guerra Sucia” en México. 

También apoyando a las madres de víctimas de feminicidio, junto a las estudiantes en paro en la UNAM contra la violencia de género. Defendiendo los derechos de personas con discapacidad que viven discriminación. Como visitadores acompañaron también a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y a otras y otros familiares de personas desaparecidas; a las víctimas de discriminación por ser portadoras de VIH; al personal médico con falta de insumos para dar servicio médico a personas contagiadas de COVID-19, o a las mismas personas enfermas por el virus y que no eran atendidas; a las niñas y los niños con cáncer para quienes se exigía  tratamiento; y a las damnificadas y los damnificados del sismo del 2017. 

Estuvieron con el movimiento de oposición a Constellation Brands en Baja California, defendiendo la Recomendación 1/2020. Defendieron también a diversos sindicatos, desde el SME hasta a sindicatos universitarios en diferentes estados; a trabajadoras y trabajadores peleando por sus derechos, como el Movimiento 20/32, liderado por Susana Prieto, víctima de represión, al igual que a Nahúm Monroy y otros sindicalistas de Matamoros.

Trabajaron en la defensa de usuarias y usuarios de la energía eléctrica opuestos a los cortes arbitrarios de la luz, en forma relevante con la Resistencia Civil de Candelaria, Campeche.  Apoyaron a las resistencias contra el despojo de tierras y ecocidio, como en Calakmul, Campeche, que se opone al mal llamado “Tren Maya”, o en Xaltocan con su reclamo frente al nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Así como su permanente lucha contra la persecución a Lucía Morett, sobreviviente de la masacre en Sucumbíos

Finalmente sostienen que como lo enuncian los movimientos de mujeres contra la violencia patriarcal, nosotras nos cuidamos. Es necesaria la unidad y fortalecimiento de las luchas porque, en medio de esta crisis histórica, combinada en el terreno económico y sanitario, así como con el endurecimiento en el terreno político, se aproximan nuevos y difíciles retos.

Firmas individuales y colectivas: Melisa Esteva, Alicia Mendoza, Diego Luz, Leonardo César Gutiérrez Chávez, ex Secretario General del SUTUC (Sindicato único de Trabajadores de la Universidad de Colima); Luis Bueno Rodríguez; Josefina Chávez Rodríguez; Martín Esparza, Secretario General del SME; Humberto Montes de Oca, Secretario del Exterior del SME.

Jorge Herrera Ireta de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, AC; Fernanda Justo y Héctor Becerra por la OPT (Organización Política del Pueblo y los Trabajadores); Colectivo de Familiares y amigos de desaparecidos de Tamaulipas; Ramón Patiño Espino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP; Sara López de la Resistencia Civil de Candelaria, Campeche; Gabriela I. Sánchez Medellín, y Daniel Salazar, de Monterrey; Enrique Duarte, Hermosillo Sonora; Jorge Salas Plata, Ciudad Juárez, Chihuahua; Jorge Escamilla, Monterrey; Sara Carmen Gaspar y Rafael Trujano Fermoso, Hermosillo, Sonora; Jorge Conde, Tijuana, BC; Jesús Franco; MST; Gabriela Corona, Las Voces de Lilith; Rebeca Rangel de Raíces del Soconusco; Héctor Sotomayor, profesor-investigador de la Facultad de Economía, Puebla; Miguel Ángel Armada Latorre, PRT, CDMX; Alejandra Covarrubias; , Maderas del Sureste AC; Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Gilberto López y Rivas. INAH, Morelos; Alicia Castellanos Guerrero, UAM-I; CRIPX (Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil); Resistencia Civil Candelaria; Cristina García Aguirre; Felipe I. Echenique March; Roberto Cangas, PRT, Ciudad Juárez, Chihuahua; Ángel Jorge Chávez Rodríguez, Los Cabos, BCS; Germán Sánchez Daza, Profesor-investigador de la FE-BUAP; Luis Huidobro, estudiante MDECI.BUAP; Ana Luisa Sánchez Chablé y Antonio Casas Castillo, Profesores de Educación Indígena; Graciela Delgado Ramírez, Movimiento contra la militarización de Ciudad Juárez, Chihuahua; Elizabeth Ruiz Medina, Ciudad Victoria, Tamaulipas; Lucía Tapia González, dibujante lesbiana; Angie Rueda Castillo, mujer feminista transgénero; Mariana Cervantes Fuentes, Defensa del Agua, BC; Rigoberto Campos González, Mexicali, BC; Jesús Fernández Gardea, Mexicali, BC; Jesús Carmen Gallegos, Mexicali, BC; Ana Gabriela Cervantes Fuentes, Mexicali, BC; Basilio Ruiz Fuentes, Mexicali, BC; Adolfo Salazar, Mexicali, BC; Martha Livier Ortega, Mexicali, BC; María de Jesús Álvarez (madre de Lucía Morett); Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales; Fabiana Guzmán Jiménez, dirigenta en Morelos del MOCRI, CNPA, MN; María Luisa Castillo Torres, Profesora del Movimiento Magisterial de Bases, MMB-Morelos; Marco Aurelio Palma Apodaca, abogado de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos CIDHMOR; Alejandro Trujillo, profesor y dirigente del MMB-Morelos; Lilia Flores, trabajadora independiente; Raquel Cossío Bayúgar, Científica y Trabajadora sindicalista; Eréndira Gante, delegada en Morelos del STUNAM; Roxana Montes, Trabajadora telefonista; Claudia Sierra, profesionista independiente; Blanca Velázquez, dirigente del Centro de Apoyo al trabajador CAT; Carlos Ezequiel Hernández Yáñez, profesor jubilado e integrante de la Organización política del Pueblo y los Trabajadores, OPT-Morelos; Germán Palma, integrante del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, SITIMTA; Fausto Reyes, chocolatero de la CDMX; Andrés Lund, profesor universitario, y  siguen firmas.

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