- Los observatorios de participación política no cumplen su función
La mitad del cielo
Muriel Salinas Díaz
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 27 de julio, 2021.- Pese a que en las 32 entidades federativas se cuenta con un Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPM), en la mayoría de los casos estos no cumplen con la función para la que fueron creados y ha sido difícil lograr que las instituciones que los conforman avancen hacia la articulación de una política pública para fortalecer la participación política de las mujeres, la democracia paritaria y el acceso de las mujeres a una participación libre de violencia.
En el caso de Guerrero el OPPM prácticamente sesiona para que las instituciones informen sobre las actividades que realizan en torno a estos temas, que se centran fundamentalmente en acciones de capacitación o eventos conmemorativos.
Sin embargo, la necesidad de avanzar hacia la consolidación de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres es una tarea imprescindible que requiere de la concurrencia de las instituciones electorales, los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad civil para concretarse.
Con este propósito, Equipos Feministas, A.C. llevó a cabo un proyecto para desarrollar una estrategia participativa para prevenir y atender esta modalidad de violencia contra las mujeres durante el pasado proceso electoral en el estado de Guerrero, con el apoyo del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC, a cargo del INE, en su edición 2020.
El proyecto consistió en la conformación de Nodos Regionales para Prevenir y Atender la VPMRG en las regiones de Acapulco, Centro, Montaña y Norte del estado de Guerrero, para lo cual se instrumentó un curso de capacitación virtual en la materia dirigido al funcionariado de las instituciones electorales y gubernamentales, OSC’s locales, abogadas y abogados electorales, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres. Con los cuales posteriormente se conformaron los Nodos y se habilitaron para desarrollar acciones de monitoreo, registro, atención, canalización y seguimiento de casos de VPMRG durante el proceso electoral.
Derivado de este ejercicio, Equipos Feministas, A.C. y la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses publicaron el primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Proceso Electoral de Guerrero 2020-2021, el pasado mes de mayo.
El informe da cuenta de un total de 45 casos de violencia política contra mujeres que participaron en el proceso electoral como precandidatas o candidatas a cargos electivos y contra militantes activas de diversos partidos políticos. De estos, 8 corresponden a denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, en tanto que 32 de estos incidentes fueron identificados a través de los Nodos Regionales e integrantes de la Red.
Estos casos fueron registrados en un total de 20 municipios de Guerrero, siendo Chilpancigo y Acapulco los que concentraron la mayoría de estos, con nueve y seis incidentes respectivamente.
En términos regionales, el 41 por ciento de los incidentes se registraron en la zona Centro de Guerrero, seguido por un 24 por ciento concentrados en la zona Norte, 16 por ciento en la zona de Acapulco, 6% en la Costa Chica, el 5 por ciento se situó en la región de la montaña y en el mismo porcentaje en la Costa Grande, en tanto que un 3 por ciento de estos casos se registraron en la Tierra Caliente.
La mayoría de los incidentes de VPMRG registrados fueron cometidos contra mujeres entre 40 y 49 años de edad, siendo 17 los casos en este grupo, seguidos por 9 casos en los que las víctimas fueron mujeres entre 30 y 39 años. Cinco casos fueron perpetrados contra mujeres entre 50 y 59 años; cuatro casos fueron cometidos contra mujeres mayores de 60 años y solo dos casos fueron cometidos contra mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y 29 años.
Cuatro de los casos registrados en el informe fueron perpetrados contra mujeres indígenas: Eneida Lozano Reyes, integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero UPOEG, quien primero fue aspirante a diputada local por MORENA en el distrito 14 y posteriormente fue candidata a Concejala del gobierno municipal de Ayutla de los Libres, cargo para el que resultó electa. El segundo caso es el de Felicitas Martínez Solano, precandidata a la diputación local por el mismo partido en el distrito 15 con cabecera en San Luis Acatlán y el tercer caso corresponde a Edith Ramírez Santos, quien renunció a la candidatura a una regiduría por el partido Redes Sociales Progresistas en el municipio de Copalillo, por presiones y actos de hostigamiento por parte del candidato a la presidencia municipal de dicho partido político.
Exceptuando las 8 denuncias que se presentaron en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales FEDE y de las que no se cuenta con información, de un total de 32 casos registrados a través de los Nodos Regionales, 17 cueron cometidos contra mujeres que militan en MORENA, 4 contra mujeres del Partido de la Revolución Democrática PRD, 4 contra mujeres del partido Movimiento Ciudadano, 4 del Partido Revolucionario Institucional PRI, 3 del Partido Acción Nacional PAN, dos mujeres canditatas de la coalición PRI-PRD, 1 de Redes Sociales Progresistas y 1 del Partido del Trabajo PT.
En diecinueve de los casos registrados se trata de mujeres candidatas a cargos municipales, en tanto que se identificaron seis casos en los cuales las víctimas fueron candidatas a diputaciones locales, de las cuales dos son mujeres indígenas.
Respecto del perfil de las personas perpetradoras, el 62 por ciento de estas son hombres, el 16 por ciento son hombres y mujeres, el 11por ciento son mujeres y en otro 11 por ciento de los casos no se logró identificar el sexo de las o los perpetradores.
Es importante destacar que en 40 por ciento de los casos las personas identificadas como perpetradoras son dirigentes, militantes o simpatizantes de MORENA, en tanto que en el 22 por ciento de los incidentes las víctimas señalaron a grupos del crimen organizado como los perpetradores, seguidos por un 11 por ciento de casos donde se identifica como perpetradores a personas militantes o simpatizantes del PRI, un 5 por ciento corresponde a medios de comunicación o sus integrantes y en la misma proporción se identificó a militaltes o simpatizantes del PRD. EL 3 por ciento de los casos se identifica a dirigentes, militantes o simpatizantes de MC y en el mismo porcentale a personas del partido Redes Sociales Progresistas y a una casa encuestadora.
El informe contiene además un conjunto de fichas descriptivas mediante las que se recuperan algunos de los casos documentados y un apartado que narra dos casos emblemáticos: el de Félix Salgado Macedonio y un testimonio de la Síndica de Teloloapan, Eleazar Marín Quebrado, que dan cuenta del contexto de violencia en el que se desarrolló el proceso electoral en Guerrero y cómo este afecta la participación política de las mujeres durante el mismo, así como durante el ejercicio del cargo.
Uno de los factores clave que me gustaría recuperar de esta experiencia es el haber desarrollado una estrategia de prevención y atención de la VPMRG con un enfoque territorial en Guerrero, que fue posible por iniciativa de una organización de la sociedac civil como Equipos Feministas, A.C y por la voluntad política de las instituciones electorales y gubernamentales, tanto estatales como municipales. Un proceso de este tipo sólo es posible con el apoyo de programas como el PIPPM a cargo del INE, quizá uno de los pocos programas de fomento a las actividades de las OSC que sobreviven a las medidas regresivas impuestas desde la presidencia de la república que han desaparecido prácticamente todos los programas de esta naturaleza en el país.
Entre las acciones de capacitación virtual y presencial, así como la integración y puesta en marcha de los Nodos Regionales, el monitoreo, registro, así como atención jurídica a casos de VPMRG, la organización logró beneficiar a un total de 577 mujeres y 77 hombres, desde precandidatas y candidatas a cargos electivos de diversos partidos políticos, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, integrantes de colectivas feministas y OSC’s, abogadas y abogados, funcionarias y funcionarios electorales tanto locales como federales, así como servidoras y servidores públicos estatales y municipales, impactando en 35 de 81 municipios de Guerrero.
La experiencia de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en Guerrero representa un referente que habrá que fortalecer y consolidar en la entidad, e impulsar como un modelo replicable y susceptible de institucionalizarse para dinamizar el quehacer de los Observatorios Estatales de Participación Política de las Mujeres. Y eso también implica la defensa del Programa de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC en el presupuesto de egresos de los años venideros.
