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Pronunciamiento público de CNDH en memoria de Ernestina Ascencio Rosario y reparación del daño a comunidad indígena de Soledad Atzompa, Veracruz

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  • En 2007 se encubrió a integrantes del Ejército y se desestimó la agresión que generó la muerte de la indígena náhuatl
  • Ahora la CNDH hace un firme llamado a las autoridades para reconocer la recomendación 34/2007

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 5 de noviembre 2021.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da a conocer el “Informe de la recomendación 34/2007: Memoria, verdad, justicia y reparación” como el instrumento para trazar el camino para dignificar la memoria de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años que falleció en febrero del 2007 a causa de las agresiones cometidas en su contra por miembros del 63º Batallón de Infantería del Ejército y falta de atención médica oportuna.

Esta resolución de la CNDH sale a la luz 14 años después y luego de que las autoridades locales y federales, esta comisión y otras instancias desestimaron la denuncia de la familia de Ascencio Rosario. Entonces el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes intentó distraer la atención; sostuvo que la indígena náhuatl había muerto de gastritis, lo que en público sostuvo el presidente Felipe Calderón. El médico que practicó la necropsia fue perseguido y destituido, no obstante, las numerosas denuncias y apoyos públicos de defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Ahora la CNDH lanzó una recomendación enérgica a las autoridades y sustanció una resolución. Dice que se preocupa por el contexto de violencia estructural generalizada por el que atraviesa el país, al cual se suma el uso de la fuerza por parte de elementos del Ejército Mexicano.

La CNDH hace uno firme llamado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Salud de Veracruz y al Ejecutivo del Estado para que, en el ámbito de su competencia, acepten la Recomendación 45VG/2021 que fue emitida, el 24 de agosto del 2021, por la Comisión Nacional por las violaciones graves a los derechos humanos de Ernestina Ascencio Rosario, de su familia y de las personas que integran la comunidad de Soledad Atzompa, Veracruz, el pueblo donde fue agredida.

Señala la CNDH en una declaración apretada que se analizan las acciones y omisiones realizadas por las dependencias y organismos que intervinieron en la investigación del caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, en 2007, donde hubo contubernio.

El 18 de marzo de 2020, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, emitió un acuerdo con el que instruyó a todas las áreas sustantivas de la CNDH a realizar una revisión sobre los expedientes del caso, atendiendo el reclamo de los familiares de la señora Ascencio y de personas exfuncionarias públicas que participaron directamente en la revisión del caso.

Se destaca que lo ocurrido alrededor del caso de Ernestina Ascencio Rosario deja claro que la prioridad para el gobierno federal de ese entonces fue la militarización de las principales regiones indígenas del país con la justificación de la seguridad del Estado.

Para el organismo los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral son la respuesta que permite el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos por parte de autoridades gubernamentales.

El Informe hace un análisis crítico-constructivo del expediente de queja 2007/901/2/Q abierto a nombre de Ernestina Ascencio Rosario (sobre las violaciones a sus derechos humanos que causaron su deceso), una mujer víctima de violencia y tortura sexual, que vivió en carne propia las vejaciones cuando se dispuso de su cuerpo, porque lo consideraron disponible.

Considera el organismo que el Informe confirma que Ernestina Ascencio Rosario y sus familiares fueron invisibles para las leyes mexicanas y para quienes encabezaban entonces esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, negándoles el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

La CNDH señala enfáticamente que no permitirá el olvido; que seguirá impulsando la justicia y el diseño de políticas públicas que atiendan las violencias que viven las mujeres, especialmente la violencia institucional.

“Seguimos trabajando para enfrentar la impunidad de los perpetradores y eliminar los obstáculos que todavía enfrenta nuestra sociedad para el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.

Significa que la Comisión Nacional actuará en consecuencia por las omisiones, falta de profesionalismo, contubernios y abuso de autoridad por parte de las personas funcionarias públicas responsables de la investigación y determinación de la recomendación 34/2007.

De igual forma, esta Comisión Nacional externa su preocupación respecto al contexto de violencia estructural generalizada por el que atraviesa el país, al cual se suma el uso de la fuerza por parte de elementos del Ejército Mexicano.

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