- Fueron las feministas y las legisladoras quienes lucharon por la paridad total y la Ley 3 de 3, afectadas por las reformas.
- Exlegisladoras feministas recuerdan el proceso y cómo el Instituto Nacional Electoral planteó lineamientos que quieren desparecer.
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 13 de febrero del 2023.- La red Rebeldes con Causa anunció hoy que pedirá a los partidos políticos que aprestan acciones de inconstitucionalidad contra las reformas electorales contenidas en el Plan B incorporar el argumento de que atentan en contra de los derechos de las mujeres, afectan al principio de paridad apoyado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Les recuerdan a los grupos parlamentarios que ellas impulsaron el principio de paridad total y afirman que ahora es indispensable detener su aplicación para garantizar la paridad entre mujeres y hombres y otros derechos electorales de grupos en situación de vulnerabilidad, también afectados, en caso de que se aprueben.
También llaman a las legisladoras, gobernadoras, colectivas de feministas, mujeres en general para defender como una sola voz, como un bloque los principios que han hecho posible la incorporación de más y más mujeres a la toma de decisiones gracias al principio de paridad total establecido en la Constitución.
Las exdiputadas federales, Laura Angélica Rojas Hernández, Verónica Juárez Piña, Lorena Villavicencio Ayala y Martha Tagle Martínez solicitaron a los partidos políticos y sus grupos parlamentarios en el Congreso que recuerden cómo el reconocimiento de la paridad total significó el arribo de muchas gobernadoras y presidentas municipales a la política, espacios antes reservados exclusivamente para los hombres.
Explican que arribar a este avance, no hubiera sido posible sin los lineamientos aprobados por el INE, con el apoyo sustancial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF).
Dicen, además, en un comunicado de prensa, que fue el INE quien asumió una propuesta impulsada por legisladoras y feministas, para establecer requisitos a candidatos para acreditar su modo honesto de vivir, como no ser deudor alimenticio, acosador y agresor sexual de mujeres, la denominada 3 de 3. Medida que perdería vigor con el Plan B de la Reforma Electoral.
“Esta reforma electoral ofrece carta de impunidad a los candidatos que tengan antecedentes graves de violencia contra las mujeres, lo que vulnera uno de los requisitos que establece la Constitución para ser candidatos cuyo propósito es debilitar a nuestro árbitro electoral “, advirtieron. Con las reformas propuestas, el INE no podrá obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad sustantiva haciendo los ajustes necesarios, ya que ello ahora será facultad de los partidos políticos, ya que las autoridades electorales “en ningún caso, podrán resolver nombrando dirigentes y candidatos o determinando cualquier acto que interfiera en forma directa en las decisiones de la vida interna de los partidos”.
Advierten que de aprobarse la reforma y ésta no la anula la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habrá entonces quien obligue a los partidos políticos a garantizar no sólo la paridad en el registro de candidaturas, sino la paridad en el ejercicio del cargo como ya se está haciendo, ni quien haga cumplir las acciones afirmativas de grupos minoritarios de la sociedad y otras decisiones más.
Tampoco se ampliará la representación de personas de comunidades indígenas, afroamericanas, de la diversidad sexual, migrantes y jóvenes.
El Plan B vulnera el principio de progresividad de los derechos que establece el artículo 1 de la Constitución.
De ahí que solicitan a los partidos políticos y sus grupos parlamentarios que impugnen ante la Corte los artículos del Plan B de la reforma electoral que ponen en riesgo la aplicación cabal del principio de la paridad total, incluyendo el modelo de tres bloques de competitividad para la postulación de las candidaturas tanto de mayoría relativa como de representación proporcional (Artículos 5, 7, 11, 11 Bis, 12, 28 y 32 de la LGIPE).
Además, les piden que se solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN que se revise y mantenga el principio constitucional de la progresividad en la representación de las candidaturas de las comunidades indígenas, afroamericanas, de la diversidad sexual, de las y los jóvenes y migrantes.
También exhortan a las legisladoras, gobernadoras, colectivas de feministas, mujeres en general para que juntas defendamos el principio de paridad total que establece la Constitución y que ha garantizado cabalmente el INE.
Este es el momento de acreditar nuestro compromiso con la representación política igualitaria de las mujeres que fortalece nuestra democracia y que hoy está en riesgo.
“Que quede claro: El INE y la Paridad total no se tocan, así como las acciones afirmativas de grupos o comunidades minoritarias”.
SEM/MG
