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Recibió amparo el José Manuel del Río, confía Monreal Ávila en su pronta liberación

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  • Hace oficial la desaparición de la Comisión Especial y 90 expedientes a la CNDH incluidas numerosas arbitrariedades contra veracruzanas
  • Pide senadora Patricia Mercado Castro, medidas precautorias a la CNDH para la familia de Del Río


Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 28 de enero, 2022.-Esta mañana el senador Ricardo Monreal, reunido con los senadores morenistas afirmó seguirá en la defensa abierta, clara y con convicción de José Manuel del Río y de otras víctimas, en Veracruz y en otras partes del país.
Lo hizo a unas horas de que se disolvió la Comisión Especial para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la que recibió 90 expedientes de arbitrariedades en Veracruz.
Afirmó que “quiero expresarles que asumo con toda responsabilidad, seriedad y humildad que un grupo considerable de senadoras y senadores no me acompañó en esa decisión, (la de la comisión) por lo que no sería responsable de mi parte profundizar la diferencia, que después podría provocar mayor división. No ayudaría al presidente de la República, a la Cuarta Transformación ni a nuestra causa”.
Hace dos días renunció a la presidencia de la Comisión, el Senador Dante Delgado, líder de la bancada naranja. Pero las y los senadores, siguen vigilando la actuación del gobernador de Veracruz, que ha sido sistemáticamente denunciado por omisiones, arbitrariedades y por lo que se llamas “una justicia selectiva”.
Nos debe a las mujeres
Según los archivos informativos de SemMéxico, en esa entidad en los últimos años, se han apilado las denuncias de mujeres contra arbitrariedades en esa entidad.
En tan solo en dos años, en el estado de Veracruz se registraron 188 feminicidios, ocupando el primer lugar a nivel nacional en 2019 y el segundo en 2020. Mientras que el Gobernador Cuitláhuac García no realiza las acciones pertinentes para fortalecer la protección a las mujeres en la entidad y no cumple con las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM.
No obstante, en 2019 sobre el reporte oficial ubica a Veracruz en el primer lugar de feminicidios, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, asegura que las cifras están manipuladas por una fiscalía que contabiliza cualquier asesinato de mujer como feminicidio, para golpearlo mediáticamente.
Ha desestimado el caso de Diana Patricia detenida por tener un aborto espontáneo en un baño de una tienda comercial en Otula, Veracruz. A pesar de que se trató de un parto fortuito, fue acusada de homicidio doloso y encarcelada en una prisión de Acayucan. Su caso se dio 47 días antes de que el Congreso del estado despenalizara el aborto en la entidad, el 20 de julio de 2021. Ella continúa en una cárcel.
Veinte días después, el Congreso de Veracruz aprobó la iniciativa para despenalizar el aborto, con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención para eliminar el artículo 152 del Código Penal, que castigaba con penas de seis meses a cuatro años de cárcel a mujeres que abortaran en la entidad.
De 2010 a 2020, en Veracruz solo se ha registrado una sentencia condenatoria contra una mujer por el delito de aborto, de acuerdo con una solicitud de información de 2020 realizada al Poder Judicial de la entidad. Sin embargo, 143 fueron denunciadas por este delito en el mismo periodo.
Apenas hace dos días la senadora integrante de la Bancada Naranja, Patricia Mercado Castro, urgió a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a emitir medidas cautelares, así como una Recomendación a las autoridades locales y federales ante la detención arbitraria del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río.

Este martes durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde Piedra Ibarra rindió su informe anual de actividades, la legisladora recordó que los familiares de Del Río presentaron una queja ante la CNDH para que el asunto sea atraído por las autoridades federales.

Señaló que en la queja se detallan diversas faltas al debido proceso, entre ellas el hecho que se excedió el plazo constitucional para su detención y presentación, aunado a que se ha filtrado información del expediente de manera ilegal, lo que genera un daño a su integridad y derechos y revictimiza a José Manuel y su familia.

“La detención arbitraria se llevó a cabo con un gran número de agentes que realizaron maniobras violentas con sus vehículos, que apuntaron sus armas contra José Manuel y su familia, incluida su hija de seis años. Se negaron a presentar la orden de aprehensión hasta después de haberlo detenido. En línea con lo que la CNDH ha sostenido en recomendaciones previas, esta falta de proporcionalidad y la intimidación psicológica bastarían para calificarla como una detención arbitraria”, aseveró la senadora en la tribuna de la Cámara de Diputados.

“Queremos hacer patente la urgente necesidad de que emita las medidas cautelares, pues existe un riesgo fundado de que se agraven las faltas en el procedimiento y las condiciones de la privación de su libertad. Le solicitamos que emita, a la brevedad, una Recomendación que señale contundentemente a las autoridades locales y federales sus responsabilidades. José Manuel es inocente. Confiamos en que la CNDH llegará a esta misma conclusión con elementos sólidos y apego al marco jurídico”, expresó.

En ese sentido, recordó que según los datos del Inegi, hoy 43% de las personas procesadas llevan más de dos años en reclusión sin recibir sentencia, lo que excede el plazo constitucional, por lo que existe un uso indiscriminado de la prisión preventiva que criminaliza la pobreza y empobrece a las familias.

Por otro lado, la senadora Patricia Mercado llamó a la CNDH a intervenir en el caso del bebé Tadeo para emitir medidas cautelares oportunas y dar seguimiento a la investigación del caso.

“Consideramos que existe una cadena de responsabilidades que alcanza, al menos, a autoridades en la Ciudad de México y en el Estado de Puebla, por lo que el expediente debería ser abierto por la Comisión Nacional, es un asunto interestatal y podría implicar también a la jurisdicción federal. Creemos que la intervención de la CNDH es necesaria para brindar justicia a la familia del bebé Tadeo y también para conminar al gobernador de Puebla a respetar y reconocer el derecho a la libertad de expresión de periodistas y el derecho a defender derechos de las activistas”, manifestó.

De igual manera, la legisladora federal planteó dudas respecto al papel de la CNDH ante la militarización del país, por lo que preguntó a la Ombudsperson: “¿Cuál es su perspectiva, sus acciones y su proyecto para actuar ante el crecimiento de la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida civil del país?”.

“Las Fuerzas Armadas son honorables, y merecen nuestro reconocimiento, pero su propia naturaleza, que es la defensa del Estado y el territorio, las hace menos proclives a la transparencia, a la rendición de cuentas, a actuar con respeto a los derechos humanos, sobre todo, cuando prolonga una inercia que ha probado su fracaso”, expuso.

Por último, ante el gran debate sobre la autonomía de la CNDH, la senadora Patricia Mercado dijo que el éxito de la presidencia de Rosario Piedra será tangible en la medida que demuestre firmemente la autonomía en su desempeño.

Los Morenistas reunidos

En la reunión, Monreal Ávila afirmo “que seguiré luchando de manera personal, como senador de la República, pero sin involucrar al Grupo Parlamentario, en la defensa Quiero manifestar, como ayer lo hice en distintos medios de comunicación (esperando su comprensión y partiendo del hecho que nunca me han acompañado en mi vida pública ni la indiferencia ni la ingratitud), que seguiré luchando de manera personal, como senador de la República, pero sin involucrar al Grupo Parlamentario, en la defensa abierta, clara y con convicción de José Manuel del Río y de otras víctimas, en Veracruz y en otras partes del país.

Ahí formalmente les infomó que se dan por concluidos los trabajos de la Comisión Especial para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Quiero expresarles que asumo con toda responsabilidad, seriedad y humildad que un grupo considerable de senadoras y senadores no me acompañó en esa decisión, por lo que no sería responsable de mi parte profundizar la diferencia, que después podría provocar mayor división. No ayudaría al presidente de la República, a la Cuarta Transformación ni a nuestra causa.

A quienes respaldaban la creación de la comisión, espero que puedan comprender por qué tomamos la determinación de disolverla, y les agradezco enormemente su actitud y su postura durante todo este proceso.

Y como se lo dijo ayer a las y los periodistas “esperando su comprensión y partiendo del hecho que nunca me han acompañado en mi vida pública ni la indiferencia ni la ingratitud”, agregó “seguiré luchando de manera personal, como senador de la República, pero sin involucrar al Grupo Parlamentario, en la defensa abierta, clara y con convicción de José Manuel del Río y de otras víctimas, en Veracruz y en otras partes del país”.
Aprovecho para informarles que ayer se concedió la suspensión definitiva al amparo interpuesto por José Manuel del Río. Un indicio claro de que obtendrá su libertad, si las autoridades actúan con respeto al Estado de derecho, aunque nada podrá reparar el daño moral que la injusta privación de su libertad le ha causado.

En 2020 Antonio Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) encabezó a una representación de la dirigencia nacional de este instituto político para denunciar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la violación a las garantías individuales del perredista Rogelio Franco por parte del gobierno de Veracruz encabezado por Cuitláhuac García y la fiscalía local.
Rogelio Franco se encuentra preso desde el 13 de marzo presuntamente por “ultrajes a la autoridad”, delito creado en dicha entidad y del cual el perredista figura como el primer detenido aun cuando contaba con un amparo frente a otra acusación que hizo su ex esposa en 2020 por presunta violencia familiar que sus hijas desmienten.
Ortega Martínez, tiene bajo su responsabilidad el seguimiento al Juicio Político presentado el pasado 23 de marzo por el GPPRD ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados contra el gobernador Cuitláhuac García

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