• “Juicio vergonzoso” de dos años en la Jornada: Judith Calderón. Continúan nueve demandas más
• Rotas, las negociaciones con Notimex, ante emplazamiento a huelga: Adriana Urrea
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de enero de 2020.- La reinstalación de nueve trabajadoras/es despedidas/os injustificadamente de La Jornada representa un logro importante, ante un contexto en el que el gobierno federal, supuestamente de izquierda, viola derechos laborales y constitucionales, por el gran número de despidos que se han dado en el país, en especial en medios de comunicación, indicó la reportera Elizabeth Velasco, en un mitin en las instalaciones del periódico, efectuado este martes.
Presente en la protesta, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), celebró la reincorporación de las y los trabajadores a su fuente laboral, lo que se da en un momento complicado para los medios de comunicación. “Es parte de un sistema que quiere achicar a los medios, manejar una línea discursiva contraria a las circunstancias que estamos viviendo y que son violatorias de la ley”.
“Los periodistas siempre hemos estado expuestos a diferentes riesgos y lo triste es que eso se dé en nuestra propia casa”, señaló al momento de informar de cuatro despidos más de Notimex (dos mujeres y dos hombres) este mismo martes, con los que llegan a más de 200 trabajadores y directivos despedida/os y liquidadas/os de la agencia, de los cuales, casi 150 son sindicalizados.
La exsecretaria general del Sindicato de trabajadores de La Jornada (Sitrajor), Judith Calderón Gómez, dijo que los despidos tanto de La Jornada como de Notimex representan un golpeteo contra los trabajadores de los medios de comunicación. El del periódico “Ha sido un juicio vergonzoso de más de dos años, en donde muchos hemos dado la lucha, entre ellos mi hijo que tenía 21 años”, en ese entonces, destacó.
Sandra de Fátima Blanco Arévalo, del área de tipografía, quien tiene programada su reinstalación para este día, entre otros tres compañeros, comentó que para la empresa Demos “somos una piedra en el zapato”. Nos califican de “revoltosos”, cuando lo único que pedíamos era lo justo. Con 37 años de antigüedad, Sandra fue una de las fundadoras de La Jornada; tiempo en el que, aseguró, nunca hubo represalias contra las y los trabajadores. Siempre se llegaban a acuerdos con la empresa en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), pero ahora se perdió el compañerismo y se trabaja con temor, apuntó.
Velasco, quien también fue separada de su puesto como reportera, detalló que las reinstalaciones en La Jornada se dan a dos años y medio de que la empresa Demos había violentado sus derechos; entre ellos, el tener un empleo digno. Mencionó que un periódico, supuestamente progresista, “de golpe y porrazo” había eliminado todos los derechos de los trabajadores, dejando de reconocer un CCT que tenía tres décadas y que se había construido en una lucha conjunta entre directivos y trabajadores de La Jornada, motivo por el cual estalló una huelga, en junio de 2017.
Velasco tenía 22 años de antigüedad al momento de su destitución, en noviembre de 2018. Fue secretaria general del Sitrajor en el periodo 2002-2004, cuando se reconoció el CCT y se dio por primera vez la toma de nota del sindicato. Ella considera que la táctica de despidos en el periódico, dirigido por Carmen Lira, es diferente a la de Notimex, bajo la dirección de Sanjuana Martínez, pues en el primer caso, lo hicieron “por racimos”. Empezaron en julio de 2017 y continuaron en 2018 y 2019.
Relató que a otras/os trabajadores se les ofreció su liquidación, pero menor a la que por ley les correspondía, como sucedió en Notimex. Habían aceptado la oferta de la empresa de que les pagarían una parte y posteriormente otra, con la condición de firmar ante las autoridades laborales de que habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, refirió, la empresa no cumplió, significando “un abuso de confianza” y una violación fragante a la constitución mexicana, la Ley Federal del Trabajo y al CCT.
Calderón, junto con el secretario de organización del Sitrajor, Leonardo Mondragón, fueron despedidos en agosto de 2017, además de que la empresa los denunció penalmente, junto con Alejandro Caballero, hijo de la líder sindical, por supuesta privación ilegal de la libertad de trabajadores y directivos de Demos, el día del estallamiento de la huelga. Alejandro fue exculpado en enero de 2018, pero falta la última etapa de ese proceso penal, a pesar de que el juez determinó que nunca se demostró el supuesto delito, indicó Calderón.
Precisó que son 18 las y los trabajadores despedidos, de los cuales la empresa aceptó la reinstalación de nueve. El martes se tenía que reinstalar un trabajador; sin embargo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) no sesionó, debido a que fue cerrada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy está programada la reinstalación de cuatro personas. Las demandas de Velasco, Calderón, Mondragón, de la reportera Miriam Posada, presente en el mitin, y de otros cinco más continúan con el proceso legal.
La exdirigente sindical, también fundadora de La Jornada, puntualizó que ya se cumplieron 55 meses de que La Jornada no aplica el CCT, pese a que las autoridades laborales les han mandatado hacerlo. La plantilla de trabajadores se ha reducido en unas 60 plazas, sin recibir diversas prestaciones como seguro de vida y más días de aguinaldo y de vacaciones, entre otras que se lograron en los primeros 32 años de vida del Sitrajor.
Sin solución, conflicto laboral en Notimex
Adriana Urrea indicó que, con los cuatro trabajadores despedidos este martes de Notimex, uno con cerca de 20 años de antigüedad, lejos de resolver el conflicto laboral, Sanjuana Martínez está aumentando la problemática y está rompiendo el diálogo, además de que la empresa estatal solo se presentó a una mesa de trabajo, pero desestimó las demás, por lo que se preparan para estallar la huelga en el primer minuto del próximo 30 de enero.
Adriana fue despedida en octubre de 2019, poco después de haber sido electa para dirigir al Sutnotimex, el cual es desconocido por Martínez, quien –a su vez- promovió la creación de un sindicato “blanco”. A través de la presión y amenazas de despido, la funcionaria está obligando a las y los trabajadores a afiliarse a ese gremio. No obstante, Urrea asegura que sigue teniendo el apoyo de las y los trabajadores.
La línea de Martínez no tiene nada que ver con la política de austeridad del gobierno federal, puesto que la funcionaria ha contratado a 122 trabajadores más en diversos puestos y ha otorgado contratos millonarios de manera directa a sus amigos. Lo que busca, dijo, es disminuir los derechos sindicales y eliminar el CCT.
Judith Calderón mencionó el caso de los 22 corresponsales extranjeros de Notimex, quienes están “varados”, puesto que se les dejó de pagar. Entre ellos, mencionó a Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, con 78 años de edad, quien padece Parkinson.
La agencia estatal de noticias publicó ayer en su portal de internet una nota en la que afirma que representantes sindicales no se presentaron a la mesa de diálogo en la JFCyA, programada para el 21 de enero a las 11 horas. Asimismo, acusó a Urrea de emprender “una campaña de mentiras” en contra de ese organismo público. En respuesta, el Sutnotimex pidió a la dirección de Notimex apegarse a la verdad, ya que la parte patronal acudió a la unidad de la JFCyA que fue cerrada por el SME, en la alcaldía de Azcapotzalco, pero la reunión se llevaría a cabo en la Unidad de Funcionarios Conciliadores, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
A la protesta de este martes acudieron integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, del Sindicato Independientes de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) y del Frente Feminista Nacional para expresar su respaldo a los movimientos sindicales de La Jornada y de Notimex.
Representantes del MTS reconocieron la lucha de las mujeres sindicalistas en esos movimientos, demandaron un alto a la política represora del gobierno federal contra trabajadoras/es de medios y demandaron la inmediata reinstalación de las y los despedidos.
SEM/glg
