- En Chiapas se ha confabulado el sistema político
- Celebra la organización su V aniversario
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, 14 de mayo, 2020.- Luego de reconocer los avances normativos, que “se han reconocido a cuenta gotas durante 90 años, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), señala que en esta entidad todo el sistema político-electoral se ha confabulado para impedir el ejercicio de esos derechos.
En un pronunciamiento hecho en el marco del V aniversario y a 95 años de la conquista del voto femenino en Chiapas, REPARE reconoció la lucha de las mujeres que a principios del siglo XX exigieron el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres de esta entidad y destacan que su celebración se hace “en un contexto de preocupación adicional, por la situación de un escenario de desventaja para las mujeres para las próximas elecciones de 2021”.
Las integrantes de REPARE identifican escenarios de desventaja para las mujeres: la contingencia sanitaria por COVID-19 tendrá un impacto negativo al activismo de las políticas, los partidos políticos no incorporan a las mujeres en los cálculos electorales, por lo que aseguran tener sobradas razones para suponer la repetición de la simulación de la paridad.
Finalmente, llaman a al Congreso del Estado, a la Secretaría General de Gobierno y al Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas a cumplir con los compromisos de Chiapas frente a los derechos políticos de las mujeres y todas las reformas legales e institucionales que ello demande.
Los hitos que han marcado la historia política en Chiapas
Luego de hacer un recuento de los hitos que han marcado esta historia, ratifican el compromiso de REPARE, “nuestra causa es y seguirá siendo asegurar el cumplimiento de la ley electoral en materia de equidad, así como el cumplimiento del principio constitucional en materia de paridad entre géneros”.
Destacaron el avance en México en materia de paridad, enmarcados en su artículos 2, 4, 35, 42, 52, 53, 56, 94 y 115 (decreto 6 de junio del 2019), argumentación jurídica que es acompañada por la Ley de Violencia Política en razón de género que entró en vigor el 13 de abril del 2020, a raíz de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En el pronunciamiento las integrantes de REPARE hacen un reconocimiento a las chiapanecas que en estos 95 años ganaron espacios en los ayuntamientos y el congreso local, a las que han defendido en los tribunales sus derechos políticos y a la fuerza de las mujeres indígenas que se atreven a ir por más, en su propio contexto cultural.
De igual forma, honran la valentía de las mujeres que ante la adversidad que muestran las desigualdades de la competencia electoral, se atreven y arriesgan sus vidas, indefensas y sin garantías, pese a que las normas del Estado han reconocido sus derechos políticos en igualdad, sin violencia y sin discriminación. Pero que han sido incumplidos, como hemos documentado y denunciado.
Del recuento sobre los hechos que han construido esta historia destacan la reforma al artículo 4to constitucional en 1974, que incorporó la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, sin que en los hechos este principio se haya cumplido.
Del presente siglo refieren las conquistas normativas relevantes, como la reforma del artículo 41 del 2014, y el avance a través de las jurisprudencias, que establecieron las reglas para garantizar el ejercicio del principio constitucional de la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales y municipales, así como las sanciones que deben imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones.
Explican que el sistema político-electoral “se ha confabulado para impedir el ejercicio de esos derechos” , omisiones que dieron origen al surgimiento de la REPARE, que ha obtenido conquistas de alcance nacional, como las jurisprudencias SUP-REC 294/2015 y la SUP-REC 0876/2018.
REPARE ha cimentado importantes reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas y en la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del estado, apuntan en el balance del V Aniversario, en el que refrendan su compromiso de asegurar el
cumplimiento de la ley electoral en materia de equidad, así como el cumplimiento del principio constitucional en materia de paridad entre géneros.
En ese sentido, reconocen el avance en México en materia de paridad, enmarcados en su artículos 2, 4, 35, 42, 52, 53, 56, 94 y 115 (decreto 6 de junio del 2019), argumentación jurídica que es acompañada por la Ley de Violencia Política en razón de género que entró en vigor el 13 de abril del 2020, a raíz de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De estas reformas la del artículo 2º establece la obligación de la paridad en los municipios indígenas, que a la letra dice en la Fracción A-VII “Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables”, es decir incorporando el enfoque intercultural en el ejercicio de este derecho.
Sin olvidar que, adicionalmente, por motivo de las políticas de acción afirmativa, las mujeres indígenas tienen garantizado su derecho de paridad al integrar los 9 Distritos electorales indígenas locales; además de los 5 Distritos electorales federales indígenas. Queda el desafío de la organización política de las mujeres para impedir la simulación y usurpación.
Estos avances se ven ensombrecidos con retrocesos que ocurren simultáneamente. Recientemente, el Congreso local realizó una reforma en el artículo 37 de la Constitución del estado (publicado el 04 de mayo de 2020) que disminuyó el número de circunscripciones electorales uninominales, de cuatro a uno. Con este cambio, el número de diputadas se redujo de 13 a 8 espacios. De esta forma las mujeres perdimos cinco escaños dentro del Congreso local, por motivo de esa reforma.
Por último señalan que la celebración de su V aniversario se hace en un contexto de preocupación frente al escenario de desventaja para las mujeres en el proceso 2021, donde la emergencia nacional por el COVID 19 no ha imedido que actores políticos ya se encuentren haciendo procelitismo, pese a que éste oficialmente inicia el 1 de octubre próximo.
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