- Llevar a instancias internacionales el caso de María del Sol Cruz Jarquín
- Pide investigar actuación del exfiscal Rubén Vasconcelos
Sara Lovera/enviada y Guadalupe López García
SemMéxico, Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre de 2021.- El Tribunal Feminista contra el Feminicidio resolvió emitir una condena al Estado mexicano y las autoridades de la entidad federativa de Oaxaca, por las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, violación al derecho a la verdad, al acceso a la justicia, al derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
Después de revisar expedientes y escuchar los testimonios referentes a siete feminicidios, el Tribunal, convocado por Consorcio para El Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, la Colectiva de Madres contra el Feminicidio y la Impunidad y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), responsabilizó a funcionarios de la Fiscalía General de Oaxaca, por los actos de negligencia.
Las integrantes del jurado: María de la Luz Estrada Mendoza, Ruth Fierro Pineda, Norma González Benítez, Ana Yeli Pérez Garrido y Karla Micheel Salas Ramírez comprobaron además hechos de corrupción por parte del Ministerio Público del Estado de Oaxaca, el Ministerio Público de Huajuapan De León, la sede de la Fiscalía en ese municipio, adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, los ministerios públicos de Juchitán y de Villa de Etla, así como de la Agencia Estatal de Investigación.
Por negligencia, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a los titulares de los juzgados Tercero y Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, a la Policía Municipal de Huajuapan De León, al síndico Municipal de San Pedro y San Pablo Texistepec, Huajuapan, Diego Constantino Soriano Aragón. Asimismo, a la Comandancia Municipal de San Pedro y San Pablo Texistepec, Huajuapan, y la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza.
Los casos presentados fuero los de Dafne Denisse Carreño Bengochea (21 años), Quedma Ramírez Torres (35 años), Ivón Jiménez Camacho (20 años), Lizbeth Jiménez Cámara (19 años), María del Sol Cruz Jarquín (27 años) y Pamela Terán (27 años), Melisa Areli Rojas Pastrana (29 años) y María Carmen Paula Burgos Calvo (63 años). Cinco de las víctimas habían vivido violencia por parte de sus parejas y una por parte de un vecino. Los crímenes fueron cometidos con extrema crueldad y los feminicidas están plenamente identificados. Salvo el de Dafne, ninguno ha sido detenido.
En cuanto a las recomendaciones para cada uno, los de María del Sol Cruz y Pamela, asesinadas por hombres no identificados, el 2 de junio de 2018, el Tribunal señaló que es el de mayor complejidad, debido a los actores políticos involucrados, las redes de complicidad y corrupción existentes en Oaxaca y a la falta de mecanismos jurídicos que permitan que una autoridad federal investigue el caso.
Por ello, recomendó que el caso sea llevado a instancias internacionales a la vez que se investigue al extitular de la Fiscalía del Estado, Rubén Vasconcelos, por actos de corrupción, así como a todo el cuerpo de peritos, policías de investigación y fiscales que actuaron en la carpeta de investigación. De igual forma, demandó investigar y sancionar a los funcionarios que indebidamente utilizaron los recursos públicos en campañas electorales.
En los casos, el Tribunal pidió revisar la actuación de las y los servidores públicos involucrados en la omisión de detención de los culpables y por los errores en las investigaciones, así como atención psicológica y medidas de protección para familiares y que se incorpore la perspectiva de género en todos los procesos.
Para Dafne, se urgió al Juzgado Cuarto de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado a que realice los careos procesales en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal, y una vez concluidos, dicte sentencia con perspectiva de género.
Con Quedma, se pidió a la Agencia Estatal de Investigación detener a Erasmo Ramiro López Castaneira (70 años), para que sea procesado y sentenciado por el feminicidio. En cuanto a la atención psicológica para la familia, se debe poner especial atención a la hija de Quedma, quien presenció el asesinato de su madre, cuando que el feminicida disparó cuando ella estaba junto a su madre durmiendo.
Para Ivón, se pide detener a Kevin González Rojo Martínez, revisar la actuación de los servidores públicos que han acosado a la familia, cometiendo violencia institucional y dictar medidas de protección a la familia.
El Tribunal exigió reabrir la carpeta de investigación de Lizbeth, cuyo asesinato quedó registrado como suicidio, y que se agoten todas las diligencias establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes al caso Mariana Lima.
De Melisa Areli, recomendó que el DIF estatal y la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes deben verificar las condiciones en las que se encuentran sus hijos, con el fin de brindarles atención integral y garantizar su seguridad física y psicológica. Tiene que ser detenido Miguel Ángel Chávez Nieto para que sea procesado y sentenciado por el feminicidio e investigar a los servidores públicos que durante más de un año le negaron a la madre de Melisa el acceso a la investigación y no le habían nombrado una asesora jurídica.
En cuanto a María Carmen Paula, se tiene que detener a Cirilo Raymundo Morán Morales, para procesarlo por el delito de feminicidio y elaborar un plan de investigación —al igual que con los casos de Lizbeth y Melisa— para incorporar la perspectiva de género en las diligencias, peritajes y demás actos de investigación que se realicen durante la etapa complementaria, a fin de que se acredite el delito de feminicidio y se garantice una reparación integral a la víctima.
El Tribunal Feminista instó a las autoridades estatales adoptar medidas de rehabilitación de forma gratuita e inmediata, medidas de satisfacción con un acto de memoria histórica en nombre de todas las víctimas de feminicidio en Oaxaca. Además, garantías de no repetición.
A la Fiscalía General del Estado le requirió instalar una mesa de seguimiento de casos. Igualmente, que se instale la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con un presupuesto, que el Congreso del Estado promueva y apruebe un proyecto de ley de responsabilidad del Estado de Oaxaca con los hijos e hijas que han sufrido la pérdida de su madre como consecuencia de un feminicidio.
Demandó al titular del poder Ejecutivo estatal a que desarrolle acciones orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres, a procurar autonomía económica a las mujeres, llevar a cabo procesos de formación en género, no retirar la monumenta contra el feminicidio y violencia feminicida, instalada el 25 de noviembre pasado.
En cuanto al Tribunal Superior de Justicia, que se brinde capacitación a las y los jueces en materia de juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio, así como en materia de derechos humanos e incorporación de los estándares internacionales y nacionales en materia de reparación del daño, y rendir un informe sobre las quejas presentadas contra jueces y juezas por irregularidades cometidas en casos que involucran violencia contra las mujeres y las niñas.
