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Riesgos de corrupción en compra de medicamentos para la Salud Sexual y Reproductiva: FUNDAR

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  • Falta difusión del estado y capacitación al personal sobre salud sexual y reproductiva.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 23 de septiembre del 2022.- Los nuevos esquemas de compra de medicamentos en términos de salud sexual y reproductiva tuvieron resultados ambivalentes en el estudio realizado por la organización social Fundar, ya que si bien permitieron una reducción en los precios, con porcentajes que oscilan entre el 18 por ciento y hasta el 224 por ciento, dependiendo del medicamento, se mantuvo la concentración de mercado, ahora en tres nuevas farmacéuticas: Merck Sharp & Dohme Comercializadora (64%), Bayer de México (21%) y Janssen-Cilag de México (10%).

Además, se potenció la adjudicación directa sin dar explicaciones por que se optó por este mecanismo con un monto de contrato del 97 por ciento. 

“Buscando el camino: presupuesto y compra de medicamentos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres” se destacó que las responsabilidades están diluidas en tres fuentes de financiamiento el Ramo 12, correspondiente a Salud a través del gasto presupuestario P020 Salud Materna Sexual y Reproductiva; el Ramo 33, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuya asignación y control está a cargo de las entidades federativas y el Anexo IV, bajo la responsabilidad el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El principal problema es dar seguimiento, ya que para 2021 no se tuvo acceso a la información ni siquiera a través de solicitudes de transparencia.

En el análisis de la compra de seis medicamentos de Salud Sexual y Reproducción se encontró que existen desafíos de rendición de cuentas y transparencia que generan riesgos de corrupción. Algunos estados no señalan el número exacto de piezas compradas, por lo que no se sabe cantidad exacta y precio unitario y si la cantidad de medicamentos puede satisfacer la demanda requerida por las mujeres.

Matilde Pérez Romero investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, señaló que los precios varían de entidad federativa y los sobrecostos van a casos extremos de 900 por ciento.

Ha disminuido la compra de anticonceptivos en los estados. Estas malas prácticas evidencian un problema de control, fiscalización y rendición de cuentas, además de generar riesgos de corrupción que, en última instancia, impactan el derecho de las mujeres al máximo nivel posible de salud sexual y reproductiva.

Resulta preocupante la disminución en el número de piezas compradas de mifepristona y misoprostol, ambos medicamentos que permiten un aborto seguro.

FUNDAR concluye que independientemente del esquema de compras implementado por el gobierno, debe transparentarse la totalidad de los medicamentos e insumos de Salud Sexual y Reproductiva que se están adquiriendo y que deberían estar disponibles para las mujeres.

Destinar más recursos en sus tres frentes de financiamiento. El INSABI y/o el IMSS-Bienestar deben aumentar el presupuesto en términos reales y de forma proporcional al número de mujeres que demandan los servicios de Salud Sexual y Reproductiva. Fortalecer los controles y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto federal y estatal.  

La Salud Sexual y Reproductiva trasciende a los gobiernos

Especialistas invitados/as coincidieron que es fundamental contar con el acceso universal a la información sobre salud sexual y reproductiva, y no se trata de señalar sino de formar alianzas entre gobierno y sociedad civil para mejorar el sistema de salud que trasciende gobiernos, como especificó David Meléndez Navarro del “Comité por una Maternidad Segura”, organización que surgió en 1993 y que ha visto transformaciones importantes y los retos han cambiado.

En Oaxaca 9 de cada 10 adolescentes desconocen que se despenalizó el aborto

Coincidieron los especialistas en el desconocimiento y falta de promoción por parte del Estado de los avances en la despenalización del aborto.

Al respecto en Oaxaca, 9 de cada 10 adolescentes desconocen que se despenalizó el aborto desde el 2019, afirmó María de los Ángeles Juárez Leyva de la organización “Mano Vuelta”.

Tan sólo el 35 por ciento de las unidades de salud de primer nivel cuentan con servicios de traducción, cuando se tienen 16 lenguas indígenas con sus variantes.  No hay materiales informativos en lenguas originales sobre aborto a pesar de que este se despenalizó hace tres años.

Sólo en un municipio de los 570 de la entidad, en la capital existen dos instituciones para realizar el aborto seguro. Además de la falta de medicamentos y capacitación del personal que niegan el servicio por no estar actualizados en los lineamientos. 

Jennyfer Jiménez González, coordinadora de Incidencia Política de Mexfam destacó la importancia de carecer de acceso a la información respecto a la salud sexual y reproductiva de las instancias gubernamentales pues existen casos documentados de jóvenes en comunidades que llegan hasta morir por falta de insumos y preparación adecuada del personal.

También refirió que se desconocen las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto. Incluso a casi 6 años de que la Norma 046 en caso de embarazo por violación las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción del embarazo con solo la solicitud de la usuaria, todavía les piden la denuncia.

Hay que fortalecer la capacitación del personal de salud, promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es responsabilidad del Estado, acotó.

Para Gabriela Rivera Reyes, oficial del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) preocupa la diversidad de fuentes de financiamiento, se requiere información oportuna, veraz y rigurosa para saber dónde estamos parados/as. No existe un sistema centralizado para conocer el abasto, no podemos conocer el comportamiento en nuestro país porque el sector salud está fragmentado.

Friné Salguero Torres, directora, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, destacó que hay una falta de perspectiva de juventudes en las políticas públicas, incluso en los servicios amigables, persiste una visión adultocéntrica que hace que las juventudes no accedan a métodos anticonceptivos de la manera que desean.  También se refirió a generar una cultura de datos, que tenga una perspectiva de interseccionalidad para que veamos a quienes les llegan los servicios y a quienes no, y no sólo tener los agregados estadísticos.

Tres nuevas farmacéuticas concentran las compras de medicamentos, al igual que antes del 2019

Persisten prácticas en los procesos de contratación y adquisición de medicamentos a nivel federal que generan riesgos de corrupción.

Si bien las compras de medicamentos de Salud Sexual y Reproductiva son realizadas tanto por el gobierno central como por los estados, la federación es quien ejerce cerca del 75 por ciento del presupuesto total para la compra de medicamentos, mismos que envía en especie a los estados.

Entre 2016 y 2018, las compras federales de medicamentos de Salud Sexual y Reproductiva, las realizaba el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Durante ese período, la adjudicación directa fue el mecanismo más usado para la adquisición de medicamentos: por monto de contrato, 88 por ciento fueron asignados por adjudicación directa y solo 12 por ciento por licitación pública.

El porcentaje de compras se concentró en tres grandes distribuidoras: Grupo Fármacos Especializados (78%), Farmacéuticos Maypo (12%) y Farmacéutica Althos (4%), lo que abrió la puerta a riesgos de corrupción como sobreprecios, conflictos de interés o privilegios fiscales. Sin embargo, a partir de 2019, el gobierno federal implementó nuevos esquemas centralizados de compras para promover mayor competencia y reducir estos riesgos.

Después de probar varios modelos de compra nuevamente se concentra en tres farmacéuticas, ahora son Merck Sharp & Dohme Comercializadora (64%), Bayer de México (21%) y Janssen-Cilag de México (10%). Por su parte, la adjudicación directa siguió usándose y hasta se potenció: por monto de contrato 97 por ciento se realizó por adjudicación directa.

Estos nuevos esquemas han enfrentado desafíos con consecuencias negativas para las y los pacientes, como retrasos en las entregas de medicamentos y problemas de desabasto. Además de una regresión en términos de rendición de cuentas, ya que para ese año no se proporcionó ni por solicitud de acceso, la información de las compras de medicamentos realizadas por la federación. Además, se pudo constatar que ni siquiera la entidad rectora, el CNEGSR, contaba con la misma.

SEM/MG

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