- En la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del Estado de México, testigos a favor de las víctimas del líder sindical y su camarilla comenzaron a declarar.
- Hay pruebas en cuatro de 10 carpetas por delitos de acoso laboral, sexual y violencia institucional.
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 11 de octubre del 2022.- El dirigente de la Sección 36 del SNTE en el Valle de México y el diputado local mexiquense, Rigoberto Vargas Cervantes, podrá ser desaforado, tras las comparecencias de 4 de las diez víctimas que lo acusaron desde marzo pasado en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del Estado de México.
Esta semana iniciaron las comparecencias de las y los testigos sobre las acusaciones del líder y varios de sus cercanos/as colaboradores por los delitos de acoso laboral, violencia sexual e institucional, la comisión de agresiones físicas directas y amenazas de muerte, lo que motivó que el órgano de justicia determinara otorgarles un botón de pánico al considerar que su vida corre peligro.
Las mujeres violentadas acudieron a las instancias jurídicas por no encontrar apoyo por parte del Comité Nacional del SNTE, encabezado por Alfonso Cepeda, ni del Colegiado Nacional para la Paridad de este organismo, en su Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos a cargo de Lucila Garfias Gutiérrez, ex dirigente de la Sección 36.
Para la dirigencia del gremio magisterial, la grave situación que padecen sus agremiadas, en el Estado de México sencillamente no es un tema relevante en su agenda de igualdad y no violencia contra las mujeres.
Tampoco actuó la dependencia Servicios Educativos Integrales del Estado de México (SEIEM), que han asumido el rol de “sicarios administrativos”, que afirman trabaja al servicio de Rigoberto Vargas y su comité, violando su Ley Orgánica para ejecutar cambios de adscripción como medida represiva a aquellos profesores y profesoras que se han atrevido a denunciar a Vargas y a su círculo de allegados, identificados también como acosadores.
Por ejemplo es el caso de la maestra Elizabeth Delgado Román, quien se puso en la mira del líder y su camarilla, al adherirse meses atrás y de manera pública al Colectivo 15 de Febrero Mujeres 36, para denunciar públicamente las agresiones y los actos de acoso sexual. Ella, como otras compañeras, vive en persecución laboral tanto de sus funcionarios sindicales como del SEIEM. Además la profesora Delgado Román fue removida en mayo pasado, de su cargo como Directora de la Secundaria “Aztlán”, ubicada en Chimalhuacán, para enviarla a otro centro escolar en el municipio de Ixtapaluca.
Tras analizar el irregular caso, el pasado 15 de agosto, Israel Fernández Clamont, Jefe de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género del SEIEM, determinó que no eran válidos los argumentos de María de Lourdes Muñoz para sostener el cambio de adscripción de la profesora Delgado, como tampoco la “armada” acta administrativa en su contra y ordenó a la Encargada del Despacho de Telesecundarias, regresarla a su anterior centro de trabajo.
Hace unos días, uno de los peritos asignados a la compilación de pruebas, solicitó la comparecencia de un testigo que grabó con su celular la agresión orquestada contra la maestra Delgado Román, a la que de manera inexplicable y tras quedar detenida su reasignación como directora de la Telesecundaria Aztlán, directivos del SEIEM le colocaron a “resguardo” nada menos que en la Supervisión donde laboran sus agresores.
Las pruebas aportadas por las y los testigos a favor de las denunciantes en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, entre ellas las profesoras Carolina Vázquez Bautista, Karina del Olmo García, Rocío Sánchez Vázquez y Elizabeth Delgado, servirán para una probable consignación de los responsables entre los que figuran además de Rigoberto Vargas Cervantes, su Secretario Particular y candidato a sucederlo en la 36, Wilberth Xochihua García; también se encuentran en la lista de agresores: Víctor Alfonso Espinoza Alarcón; Ranferi Escobar Villafuerte, Julio Omar Palacios, Justino Hernández y Mario Núñez Rojas.
Que sea dirigente de la 36 y diputado local, no es obstáculo para que las autoridades judiciales mexiquenses puedan solicitar un juicio de procedencia al Congreso Local para su probable desafuero. El juez que analice la causa de estas profesoras tendrá en sus manos elementos suficientes para proceder contra los agresores. Se sabe que se practican evaluaciones psicológicas a las víctimas, se determinan impactos psicosociales tales como: Pérdida de la seguridad, desgaste emocional, cambio en el proyecto de vida, sentido de vulnerabilidad constante y permanente y afectaciones a su calidad de vida, ingresos económicos y desenvolvimiento profesional.
Este asunto puede sentar un inédito precedente a nivel nacional, ya que es inminente la emisión de la convocatoria para renovar a la dirigencia de la sección 36.
Para el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, el tema debe ser atendido a la brevedad porque analiza paralelamente un conflicto de intereses de la responsable de atender este tipo de violencias de género, Lucila Garfias, quien quiere acceder a la dirigencia de la Sección 36 en el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas, por lo que se ha abstenido de atender y hablar sobre el tema con los medios de comunicación “para no confrontarse con Vargas Cervantes”.
SEM/MG
