COLUMNASFlorencio Salazar AdameLa Opinión

Ruiz Massieu, el debate parlamentario

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Florencio Salazar Adame

Yo tengo alergia a la palabra hueca, a la palabra que no dice nada, a las palabras mudas que ya no

hablan, que ya no comunican.

José Francisco Ruiz Massieu

El 28 de septiembre de 1994 me encontraba desayunando con mi familia en Toluca, en donde terminaba mi comisión como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México. Recibí un mensaje a través del localizador para que viera las noticias en televisión: habían asesinado a un dirigente del partido. Las noticias no daban nombres y no llegué a suponer siquiera lo que dirían después: dispararon contra José Francisco Ruiz Massieu al salir del hotel Casablanca de la Ciudad de México, en donde había tenido un desayuno con diputados federales electos. De inmediato salí a la Cámara de Diputados en donde sesionaría la Comisión Permanente de la que yo formaba parte. El recinto estaba desierto. De ahí me trasladé al hospital Español, adonde habían llevado el cuerpo. Ruiz Massieu falleció en el trayecto. Había una multitud de amigos y periodistas. Ni siquiera intente subir al piso en donde estaba el cuerpo.

En la muerte de Ruiz Massieu coincidieron cosas que hicieron posible el atentado. A Miguel, su único escolta, lo había despedido como había ocurrido varías veces, molesto por algún asunto (luego lo volvía a llamar). Esa mañana, para salir con rapidez indicó a Juan, su chofer, que se quedara en la calle y no entrara al sótano del estacionamiento. Al concluir el desayuno le dijo a Juan que condujera el vehículo de Heriberto Galindo, invitando a este para que lo acompañara. Ruiz Massieu se puso al volante. Cuando observó que un sujeto le apuntaba con un rifle –según declaró Galindo a El Universal– intentó mover el automóvil, que estaba atrapado entre dos vehículos de diputados que también se habían estacionado ahí. José Francisco no intentó agacharse o salir del vehículo. Nerviosamente trató de mover el auto, pero estaba atrapado. El homicida hizo un solo disparo, pues se le encasquilló el arma. Le pegó en el cuello. De inmediato apareció una ambulancia que no llevaba equipo ni paramédicos. El médico que recibió el cadáver dijo que murió ahogado en su propia sangre. Una traqueotomía le hubiera salvado la vida. Las circunstancias conspiraron en su contra.

La siguiente sesión de la Comisión Permanente se realizó el 4 de octubre a las 11 horas. El debate se centró en el crimen cometido contra el secretario general del PRI. Se establecieron dos posiciones: la del PRI, que presentaba la solicitud de licencia del diputado Manuel Muñoz Rocha, presunto autor intelectual; y la del PAN y PRD, exigiendo que se estableciera el juicio de desafuero para que compareciera Muñoz Rocha e informara al Congreso motivos, complicidades e intereses que pudieran estar involucrados en el homicidio. El debate subió de intensidad. Presidía la sesión el senador Humberto Lugo Gil. La bancada del PRI presentó la solicitud de Muñoz Rocha recibida por fax y afirmaba que al autorizarse prácticamente él ya estaba detenido, lo que garantizaba conocer las causas del homicidio. Escuché con atención todos los argumentos y me aproximé a los senadores Orlando Arvizu e Israel Soberanis –cercanos a Ruiz Massieu– invitándolos a que votáramos la propuesta de la oposición. Me dijeron que mejor se retiraban de la sesión y salieron del salón de plenos. Por mi parte, subí a la tribuna y dije que votaría de acuerdo con la propuesta del PAN y PRD. Mis argumentos, en un discurso de no más de 10 minutos, fueron los siguientes:

“Me parece que la línea de licencia que solicita el diputado Muñoz Rocha facilita la prontitud de la aplicación de la justicia, la salvaguarda de su integridad física por parte del Estado y que esto de ninguna manera suspende la vigilancia del Congreso sobre el juicio al que sea sometido y con estas consideraciones he pensado en votar a favor de la propuesta de la fracción mayoritaria de mi partido”.

“Pero, por otra parte, he escuchado con mucha atención los argumentos de los señores diputados de Acción Nacional y del senador Muñoz Ledo y creo que el Congreso ganaría si se instaura el Juicio de Procedencia y se agotan todos y cada uno de los argumentos que se manejan en las muchas hipótesis, desde las más absurdas y aberrantes, hasta otras que pudieran ser razonables, sobre la que pudiera haber ocasionado el crimen de José Francisco Ruiz Massieu. Un crimen, a no dudarlo, un crimen político”.

“…en uso de mi conciencia como legislador y tratando de ser leal al hombre, aI jefe, a mi amigo, José Francisco Ruiz Massieu y a las instituciones, a la Cámara de Diputados, que me ha permitido tener un asiento en su seno y a esta Comisión Permanente como miembro sustituto, he decidido que voy a votar en contra de la licencia solicitada por el diputado Muñóz Rocha”.

Al volver a mi curul me ganó el sentimiento quedando plasmado en una fotografía en primera plana del periódico Reforma. Al lado de mi curul estaba el senador Alfonso Martínez Domínguez. Puso su mano sobre mi brazo y me dijo comedido: “Un político siempre debe conservar la templanza”.

A partir de mi pronunciamiento en la tribuna me llamaron repetidamente a la oficina de la coordinadora de la Cámara de Diputados. Me dijeron que me hablaban por la teléfono rojo. Supuse para qué me requerían y me negué a asistir. Antes de la votación volvieron los senadores Soberanis y Arvizu a votar en favor de la licencia, consecuencia de contestar sus celulares. Tomada la votación se impuso la mayoría. “Ahorita sí –dije a un ujier– puedo ir a contestar el teléfono rojo”. Me respondió que ya no era necesario.

En el debate participaron, como consigna el Diario de los Debates del 5 de octubre de 1994, Felipe Calderón, Juan José Castro Lozano, Miguel González Avelar, Porfirio Muñoz Ledo, Ángel Sergio Guerrero Mier, Gonzalo Altamirano Dimas, Gabriel Jiménez Remus, Ricardo Monreal Ávila, Rosa Albina Garabito y yo.

Días después, aproximadamente 40 diputados fuimos invitados a declarar por el fiscal especial Mario Ruiz Massieu al Reclusorio Norte. Fuimos recibidos, uno por uno, por dos o tres agentes del Ministerio Público federal, en un sótano sórdido y nos trataron como a delincuentes. No parecían buscar nuestra colaboración sino a culpables entre nosotros. Uno de los demonios que andaban sueltos era el propio hermano de José Francisco.

A finales de noviembre, los miembros de la Comisión Permanente, como mandata la Constitución, acudimos a Los Pinos a informar al Presidente de la República de la clausura del periodo legislativo y de la conclusión de los trabajos de la LV Legislatura del Congreso de la Unión. En alguno de los salones nos situaron en arco. Hicieron uso de la palabra Humberto Lugo Gil, por los senadores, y María de los Ángeles Moreno, por los diputados. Luego habló el Ejecutivo. Al concluir pasó a saludar. Yo estaba al final de la fila. Cuando extendí mi mano el presidente Salinas apenas me rozó los dedos dando inmediatamente media vuelta.

Pasados los años, no se ha presentado al diputado Manuel Muñoz Rocha ante la justicia; por el tiempo transcurrido se le ha declarado legalmente desaparecido. No he creído, ni entonces ni ahora, que Carlos y Raúl Salinas de Gortari tengan responsabilidad alguna respecto al homicidio de José Francisco. Pude advertir el afecto entre Carlos Salinas y José Francisco y la cordialidad de éste y su compadre Raúl, con quien desde el Infonavit –del que Ruiz Massieu fue director general– mantenía una comunicación fluida y cordial.

Absurda la muerte de un político de envergadura, que era necesario para México.

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