- Acuerdo en la Cámara de la Inclusión, para hacer posible la Ley 3 de 3, tras acuerdo y avance del dictamen.
- Paralelamente en el senado hay dictamen para establecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 14 de marzo del 2023.- En conferencia de prensa, las diputadas de todos los partidos, anunciaron que avanza la iniciativa para la Ley 3 de 3 que significa que ningún violentador o deudor de alimentos pueda ser representante popular o funcionario designado. Iniciativa promovida, incluso con firmas en todo el país que promovieron conjuntamente los grupos Las Constituyentes y Nosotras Tenemos Otros Datos.
En voz de la abogada Patricia Olamendi, en las instalaciones de la Cámara de la Paridad y la Inclusión, anunciaron que ahora esa cámara y sus legisladores y legisladoras se comprometieron estructuralmente a buscar que se garantice la alimentación, salud y educación de niñas, niños. Asunto que esperan se lleve al Pleno y se apruebe. El asunto que ya ha sido aprobado en varios estados de la República, también se estudia en el Senado de la República, con algo adicional, crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
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El 24 de marzo del año pasado estas agrupaciones buscando asegurar, lo que ahora parece un compromiso, que la “Iniciativa 3 de 3 sobre la violencia contra las mujeres” no tenga ninguna resistencia en la LXV Legislatura. En esa fecha se lanzó como una iniciativa ciudadana en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas.
No sabemos si se logró el respaldo del 3 por ciento de las firmas del padrón electoral, que daría vida a esa iniciativa popular, pero lo cierto es que consiguieron que se estudiara y ya sea un asunto aprobado en las comisiones correspondientes y que ello sea resultado del acuerdo de diputadas de todos los partidos políticos y resultado de una campaña por todo el país, que está cumpliendo un año. Entonces las primeras en firmar fueron las diputadas y colectivas feministas, quienes acompañaron el proceso que hoy se celebra.
Paralelamente según información oficial la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobó un proyecto para establecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que busca garantizar la alimentación, salud y educación de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, así como evitar la morosidad y el incumplimiento de esta obligación por parte de los padres.
El dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias. Martínez Simón destacó la importancia del documento aprobado, porque establece con claridad los derechos alimentarios, de salud y educativos de las y los menores en todo el país.
Se explicó que en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias se incorporan los derechos de ese sector vulnerable a la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud; asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; los gastos derivados de la educación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales.
Lo de la iniciativa 3 de 3, ya es una realidad, incluso y a pesar de la acción de inconstitucionalidad que indebidamente lanzó la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en agosto del año pasado, pretendiendo que esa obligación -pagar alimentos- lesionaba a hombres, que, siendo omisos, tienen derechos laborales. La acción de inconstitucional fue derrotada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esa intentona desconoció que en México el 40 por ciento de los hogares mexicanos son sostenidos por una mujer, muchas demandan pensión alimenticia, pero los juicios suelen ser muy largos. En Oaxaca, por ejemplo, un juicio de este tipo tarda siete años, mientras que, en Yucatán, puede tardar hasta 20. Gracias a la movilización de 300 colectivas que pidieron incluso la renuncia de la presidenta de la CNH, la propuesta, de justicia y contra la violencia, avanza rápidamente ahora.
En relación con los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, se les dotará de lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo, establece el dictamen, listo para ser presentado en el pleno senatorial.
Este Registro Nacional estará a cargo del Sistema Nacional DIF, en el cual se difundirá y se hará pública la calidad del deudor moroso.
El suministro, actualización, intercambio y sistematización de la información sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias estará a cargo de los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México, abundó.
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Otro dato importante, dijo la presidenta de la Comisión, es que el deudor alimentario deberá informar al juez o a la autoridad responsable del fuero local cualquier cambio en su empleo, a efecto de que se actualice la pensión alimenticia decretada.
De acuerdo con el proyecto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para los siguientes trámites: para la obtención de licencia y permisos para conducir; obtención de pasaporte o documento de identidad de viaje; para participar como candidato a cargos concejales y de elección popular.
También para evitar su participación como aspirante a cargos de jueces y magistrados en el ámbito local y federal; los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales.
Y en las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional y mencionará la situación que guardan respecto de las obligaciones que tienen.
Además de que las autoridades federales competentes instrumentarán medidas de restricción migratoria para salir del país a las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Se precisa que este impedimento para salir del país, deberá ser solicitado por el acreedor o por quienes tengan la guardia o custodia del o los menores ante el Juez correspondiente.
Las y los senadores Lilia Margarita Valdez Martínez, Martha Guerreo Sánchez y Ricardo Moreno Bastida, de Morena; Kenia López Rabadán, del PAN; y Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en señalar que de esta forma se hace justicia al interés superior de la niñez y adolescencia para que a las y los menores no les falte alimentación, salud y educación, además que es un trabajo parlamentario que trasciende visiones partidistas en favor de ese sector vulnerable de la sociedad.
La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón comentó que con esta aprobación se cumple el trámite legislativo en comisiones unidas, porque de manera previa, el dictamen a la minuta también fue aprobado por las y los senadores integrantes de la Comisión de Justicia.
SEM/MG
