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Se reformó la Constitución para poder hacer una Ley General contra la Tortura nacional: Angélica de la Peña

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Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 6 septiembre 2017.- Aprobar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y dotarla de presupuesto suficiente; ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras del hogar; el matrimonio igualitario; al desplazamiento forzado, y las reformas para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niñas y niños, violencia política de género y trata de personas, son algunos pendientes legislativos que se destacaron durante el Informe de Actividades 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

En la Casona de Xiconténcatl, ante legisladoras, legisladores y representantes de organismos políticos y de defensa de derechos humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó las leyes de derechos humanos que desde el Senado han trabajado junto con sociedad civil, colectivos de familias y organismos de derechos humanos, como la ley contra la tortura y la ley contra la desaparición forzada de personas.

Esta comisión, indicó, ha realizado trabajo en conjunto con organismos de derechos humanos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de “la Organización de los Estados Americanos, como de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente, la relación muy cercana para seguir trabajando en la
armonización”, revisión y aprobación de los Tratados en materia de Derechos Humanos”.

De igual forma, la legisladora del PRD resaltó que su trabajo legislativo tiene el tamiz de las organizaciones de la sociedad civil, además de las propuestas y análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN).

Al dictaminar las reformas a la Ley General de Víctimas, las organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas fue imprescindible, señaló Angélica de la Peña.

En el informe de la comisión que preside destacó la aprobación de la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “tuvimos que reformar la Constitución para otorgarnos el mandato al Congreso de la Unión para hacer una sola Ley Nacional para todo el país, que nos unifique a todo el pacto federal, Federación, estados y municipios, para prevenir, para sancionar y para erradicar este grave flagelo a los Derechos Humanos”.

De igual forma, la senadora indicó que es fundamental apoyar a la CNDH, dándole con claridad desde la ley cuáles son las tareas para cumplir la gran responsabilidad de prevenir la tortura; el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura debe tener libertad y autonomía para trabajar de manera transversal en esa materia, sostuvo.

La senadora del PAN Diva Hadamira Gastélum Bajo, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que es urgente atender el tema del desplazamiento interno forzado, así como lo relativo a la violencia política de género.

La secretaria de la Comisión, Adriana Dávila Fernández, afirmó que a pesar de los logros se debe reconocer que muchas de las iniciativas que se aprobaron se encuentran detenidas en la Cámara de Diputados, como la relativa a la trata de personas y la de desaparición forzada y por particulares.

Por su parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, llamó al Poder Legislativo a abordar, desde una perspectiva integral, los problemas que enfrenta nuestro país en materia de seguridad y justicia, les exhortó a impulsar una ley en materia de desplazamiento forzado, y también exhortó a la Cámara de Diputado a aprobar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

Además, destacó más pendientes del trabajo legislativo, como la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos gocen de los recursos suficientes y capacidades necesarias en el desempeño de sus funciones, la formulación de leyes como la relativa a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, al matrimonio igualitario, al desplazamiento forzado interno y las adecuaciones normativas para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niñas y niños en centros educativos.

También se pronunció por la eliminación del arraigo en el sistema jurídico y la necesidad de modificar la Ley del Seguro Social, para eliminar las disposiciones que restringen el acceso a la pensión por viudez a los varones, por su carácter discriminatorio, que reproduce estereotipos de género contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres.

Puntualizó que la Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene el reto de contribuir a garantizar que los postulados del artículo 1° constitucional se preserven y materialicen en las leyes que se emitan para beneficio de toda la sociedad; afirmó que “se requieren soluciones integrales que propicien el respeto y vigencia de los derechos de todas las personas, al igual que el cumplimiento y aplicación de la ley”.

En su oportunidad, Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Dirección General de estudios, promoción y desarrollo de los derechos humanos de la SCJN, recordó que el Senado tiene pendiente la ratificación de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadoras del hogar.

Por su parte, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, exhortó respetuosamente también a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y a dotarla de presupuesto suficiente, al Senado también solicitó la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

Igualmente, expresó su preocupación por la situación que vive el país, e indicó que México necesita una transformación profunda y merece un sistema de impartición de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos.

Sobre la seguridad interior, dijo que se necesita un debate profundo y público en torno de ese modelo para el país, así como revisar los avances y lo que no se ha logrado, y el impacto que se ha tenido en los derechos humanos.

En cuanto a la situación de las personas migrantes dijo que urge que las leyes de migración y refugio se armonicen con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Finalmente, pidió a las y los presentes a sumarse a la campaña para reconocer la competencia del Comité de Naciones Unidas para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales contra las desapariciones forzadas.

En el evento estuvieron la senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández, María Marcela Torres Peimbert y Layda Sansores San Román, secretarias de la Comisión de Derechos Humanos; María Verónica Martínez Espinoza, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Lorena Cuéllar Cisneros, Jesús Casillas Romero, Miguel Ángel Chico Herrera y David Monreal Ávila, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

También, Mohammad Taghi Hosseini, embajador de la República Islámica de Irán en México; Antonio L. Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México; Mohamed A. I. Saadat, embajador de Palestina en México; y María Eugenia Venegas Renauld, embajadora de Costa Rica en México. Así como, Beatriz Mojica Morga, Mary Thelma Guajardo, Claudia Castelo Rebollar; Verónica Juárez Piña, y Antonio
Medina Trejo, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

SEM/am/lr

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