Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 12 de junio de 2020.- La segunda Alerta de Género por Agravio comparado, no es un logro, es el reflejo del incumplimiento del Estado, en su obligación de garantizar el acceso de las mujeres a la salud y la justicia, señalaron integrantes de la organización feminista “Las Revueltas”.
Al emitir un posicionamiento sobre la declaración de la Segunda Alerta de Género por Agravio comparado, durante el conversatorio denominado “Alcances y Desafíos de la Segunda Alerta de Género por Agravio Comparado en Guerrero”, moderado por Yolitzin Jaimes Rendón, la abogada Yelitza Ruíz, señaló que de acuerdo al Secretariado Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública, el estado de Guerrero, es uno de los que concentran mayor porcentaje de violencia sexual y feminicidio.
Señaló que esta segunda Alerta de Género por Agravio Comparado, se dio, por la falta de cumplimiento de parte del Estado, para garantizar el acceso de las mujeres a la salud y la justicia, donde la Secretaría de Salud, es la primera instancia de gobierno, en obstaculizar y violentar estas garantías de las mujeres, que solicitan interrumpir un embarazo producto de una violación.
También calificó como “faramalla”, la actuación del Poder Judicial, luego de que desde el 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió un criterio obligatorio para juzgar con perspectiva de género, y si bien en Guerrero, realizaron un protocolo y un convenio de colaboración, no fue suficiente para erradicar el problema tan de fondo que se tiene en la entidad.
“Solo bastaría preguntar si los juzgadores tienen conocimiento de esta reseña de la SCJN y que vínculo han establecido con la fiscalía para que esos delitos se persigan”, y además agregó, la voluntad para revisar cuantas carpetas en investigación, sin sentencia, tienen por aborto.
Violeta Hernández quien otorga acompañamiento psicológico a víctimas de violencia, al hablar sobre lo que se enfrentan estas mujeres, niñas y adolescentes, expuso que es un reto muy fuerte acceder a los servicios cuando ya está estipulado en Código Penal y hay causales por violencia sexual y a pesar de estos, las mujeres no pueden tener acceso por falta de capacitación de los servicios de salud, “es un reto muy grande”, recalcó.
La psicóloga, subrayó la importancia de la homologación del Código Penal con la norma 046 se de –y que es una de las causales de la Segunda Alerta recién declarada-, al referir que de enero de 2019 a abril 20202, se tienen registrados 312 casos de violación, y 389 de abuso sexual; “esto pone a pensar cuantas de ellas tuvieron acceso a una interrupción de un embarazo no deseado, es muy difícil que las mujeres lo tengan, y por eso en muchas ocasiones se van a la clandestinidad y se dan muchas muertes por esta falta de este acceso”.
Por eso subrayó la importancia de la modificación del artículo 159, para que las víctimas de violencia sexual que deseen interrumpir un embarazo, no tengan que acudir al ministerio público que se los autorice, “porque aquí –en Guerrero-, la justicia es muy retardada, las investigaciones son muy largas y prefieren no denunciar y es ahí cuando tiene abortos clandestinos o se les obliga a ejecutar una maternidad no deseada”.
De darse la homologación, bastaría solo con un formato y confiar en su palabra que fue víctima de una violación para que las mujeres puedan interrumpir un embarazo, con lo que se garantizaría su vida y seguridad al tener acceso libre a la interrupción en caso de violación o demás causales.
Yolitzin Jaimes Rendón, señaló que las mujeres están abortando y no hay condiciones políticas, no hay un marco jurídico que garantice el derecho de las mujeres, “lo que se pide es por la vida, dignidad y libertad de las mujeres en Guerrero”, sostuvo.
Por ello, las integrantes de Las Revueltas, consideraron que no es un logro la declaración de la segunda alerta, sino una consecuencia de la falta de cumplimiento de parte del Estado hacia las mujeres, de haberlo desde la primera alerta, no habría necesidad de la segunda, pero si realmente el estado tuviera la voluntad de garantizar los derechos humanos de las mujeres, ni siquiera se habría declarado la primera alerta de violencia de género, subrayaron.
Puntualizaron que no demeritan el trabajo realizado por las activistas que solicitaron la declaratoria de esta segunda alerta, porque estuvieron en lo cierto en hacerlo ante la falta de cumplimiento de parte del Estado, pero insistieron en que es resultado de la falta de voluntad de los gobernantes en turno de no reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
