- El Estado pretende enviar un mensaje de castigo moral para las mujeres en Guerrero.
- A cuatro años, expuso la abogada Ximena Ugarte Trangay, ha quedado demostrada detención ilegal y arbitraria.
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 1 de diciembre del 2022.- Ser mujer, indígena y pobre en Guerrero, es motivo de criminalización, tienen que estar en la cárcel, así lo demuestra el procedimiento iniciado por la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de Aurelia García Cruceño, a quien están tratando de poner como un ejemplo falso de moralidad de que las mujeres pobres, indígenas hablantes de un idioma indígena como es el náhuatl con poco recurso tiene que estar en la cárcel.
Así lo establecieron en conferencia de prensa Ana Gabriela Candela Garzón, Reina Bello Jerónimo, de la Red Guerrerense por los derechos de las Mujeres (RDGM), Verónica Garzón Bonneti, Ximena Ugarte Trangay, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, abogadas de Aurelia García Cruceño, acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE), de homicidio en razón de parentesco.
Aurelia García Cruceño, indígena náhuatl, originaria de la comunidad de Xochicalco, perteneciente al municipio de Chilapa, ubicado en la montaña baja de Guerrero, donde fue agredida sexualmente por quien era una autoridad comunitaria, tuvo que huir para evitar no solo seguir siendo violada, sino castigada por su propia familia y comunidad, fue detenida el 3 de octubre del 2019 por el delito según al FGE, homicidio en razón de parentesco, es decir pro haber supuestamente asesinado a su bebé recién nacido.
A cuatro años, expuso la abogada Ximena Ugarte Trangay, ha quedado demostrada la detención ilegal y arbitraria, se llevó a cabo en el momento en el que Aurelia aún se encontraba vulnerable de salud, tras dar a luz y estar a punto de un ataque hipovolémico, por la pérdida de sangre antes y después del parto.
Fue detenida en el hospital donde fue trasladada para su atención, sin contar con un intérprete, mucho menos con un asistente jurídico que estuviera pendiente de sus derechos.
“No tuvo atención de ninguna persona, es trasladada al hospital, y todavía no estaba recuperada, todavía no se sabía absolutamente nada de los hechos, del producto, de nada y ya estaba siendo detenida, esposada a la cama del hospital, ya estaba siendo oficialmente acusada de delito de homicidio, sin explicarle que estaba pasando, sin un intérprete presente”.
A partir de ahí señala la abogada, inicia el proceso de criminalización en contra de Aurelia, no solo por el hecho delictivo que de manera errónea pretenden imputarle, sino “por ser una mujer indígena, migrante, que vivió distintos tipos de violencia en su comunidad por lo que tuvo que huir de ahí, por ser una mujer además pobre, precarizada, y son todos esos estigmas prejuicios que han estado permeando durante los últimos cuatro años”, apuntó.
Además, tuvo que pasar por una primera audiencia jurídica adecuada -ellas no eran sus abogadas en ese momento-, su representante no hizo valer la detención ilegal, ya que fue en contravención a la normativa nacional e internacional de los derechos humanos de una persona indígena, hablante del idioma náhuatl.
Tuvo que enfrentar un proceso judicial en el que fue obligada a enfrentar lo que se llama, procedimiento abreviado, “esto es, ella tenía que aceptar la responsabilidad de haber cometido el delito por el que se le está acusando y así lograr le disminuyera la pena”, el cual de nueva cuenta se llevó a cabo sin la debida diligencia, el debido proceso, no contó con intérprete al momento de la determinación del procedimiento, no le explicaron las implicaciones, ni tomaron en cuenta los proceso culturales propios de la comunidad de la cual es originaria.
Fue en el 2021, cuando el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a través de las abogadas Verónica Garzón Bonneti, Ximena Ugarte Trangay, toman la defensa de Aurelia, y presentan una apelación en contra de este procedimiento. Posteriormente la jueza Indalecia Pacheco, reconoce que si violentaron los derechos humanos de Aurelia “por ser mujer, indígena, migrante y ser pobre”, y tenía que anularse el procedimiento abreviado y reponerlo.
Se inicia así la reposición del procedimiento y actualmente se desarrolla un juicio oral, se han desahogado los órganos de prueba para tratar de determinar la responsabilidad de Aurelia.
Sin embargo, en las dos audiencias que se han desahogado, observaron la intención de la FGE, de “armar un caso”, en contra de Aurelia, en el que ha quedado demostrado que los órganos de prueba no hicieron las cosas debida diligencia, los peritajes no se llevaron a cabo conforme a las técnicas requeridas, lo policías no hicieron la detención de manera legal, incluso uno de ellos ha cambiado la versión de la detención.
Y contrario a lo que pasa en la mayoría de los casos de violencia en contra de las mujeres, en los que la justicia es tardada, burócrata, retardataria, en este caso, todo fue muy rápido, la noche en que Aurelia fue detenida, ya estaban realizando todos los peritajes, al día siguiente ya tenían todo el caso armado.
De acuerdo a la abogada Aurelia está siendo procesada no por el delito que le pretenden imputar, “Aurelia está tratando de ponerse como un ejemplo falso de moralidad de que las mujeres pobres indígenas hablantes de un idioma indígena como es el náhuatl con poco recurso tiene que estar en la cárcel”.
Asimismo, las personas que se encuentran privadas de la libertad como una medida cautelar como es prisión preventiva como Aurelia, lo están porque son pobres, así lo determinó la jueza de enjuiciamiento “ella señaló que Aurelia no podía cambiársele la medida cautelar, porque no se garantizaba que tuviera dinero para llegar a las audiencias, al juzgado pero tampoco se podía generar una garantía monetaria para garantizar su presencia en juicio, porque era pobre y no tenía dinero para dar esa garantía”.
Con ello, queda demostrado que la pobreza sigue siendo un elemento que permea a la justicia que no permite la imparcialidad de los juzgadores, y en el caso particular de Aurelia, está siendo un elemento que está juzgando más allá de las pruebas objetivas y materiales que el ministerio público no realizó de manera adecuada.
Se señaló, que este se trata de Aurelia en contra del Estado, porque es este, el que a toda costa, pretende enviar un mensaje de castigo moral para las mujeres en Guerrero.
La próxima semana podría llevarse a cabo la última audiencia de desahogo de pruebas, y pudiera ser que antes de concluir este año, pudiera haber una determinación sobre el caso, ya sea condenatoria o absolutoria.
SEM/MG
