- El mayor reto es visibilizar a las mujeres indígenas, no como víctimas, sino como actoras que han trasformado su realidad.
- “Cada vez son más las comunidades con desplazados por la delincuencia”: Nicasio González.
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 6 de septiembre del 2022. – En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, conversantes del Segundo Conversatorio Político “Reflexiones, avances y retos de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas”, coincidieron en señalar las dificultades para acceder a la educación, a los servicios de calidad eficientes, a falta de reconocimiento a su ciudadanía, a sus derechos político-electorales, cacicazgos, violencia, discriminación, amenazas, feminicidio, violencia política en razón de género, son solo algunos de los retos a los que las mujeres indígenas se enfrentan en el Estado de Guerrero.
En el conversatorio realizado este lunes, por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la titular de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer del Gobierno del Estado, Yuridia Melchor Sánchez, señaló que entre los múltiples retos a los que se enfrentan las mujeres indígenas, son las dificultades para acceder al mercado laboral, a las geográficas, donde los accesos a las comunidades son caminos de terracería, lo que genera que las condiciones económicas no sean las mejores, que los servicios de salud no sean suficientes, así como la de educación no llega a todas la comunidades y en consecuencia, el índice de analfabetismo de las mujeres indígenas sea elevado.
“Esto genera una escasa participación de las mujeres en los proceso políticos. En un conjunto todas estas condiciones es un cúmulo de violación y discriminación a los derechos humanos de las mujeres indígenas”, indicó Melchor Sánchez.
Sin embargo el mayor reto es visibilizar a las mujeres, no como víctimas, sino como actoras que están dispuestas, que han trasformado su realidad y han generado procesos importantes desde sus comunidades, destacó la funcionaria.
El marco normativo internacional, nacional, y estatal, reconoce y protege los derechos de las mujeres indígenas, en el caso específico, la participación política, sin embargo, el reto también es hacer efectivo lo que está escrito en esos documentos, que se pueda hacer una realidad, acotó.
A pesar de estar en la era de paridad, la participación de las mujeres indígenas aun no es trascendental, el porcentaje de participación es mínimo y llegan muchas de ellas a través de las cuotas que otorgan los partidos políticos para acceder a espacios de representación popular, hay fenómenos en el Estado en los que la presencia de las indígenas no se ve reflejada, como ejemplo, mencionó la reciente consulta de la ley 701, en las elecciones de autoridades locales, como delegaciones y comisarias; la ley de comisarias, tendría que adecuarse a las necesidades para garantizar la participación de las mujeres desde su comunidad.
Melchor Sánchez mencionó que en una memoria elaborada por el Instituto Nacional de Pueblo Indígenas, reveló el caso de mujeres que han estado al frente de comisarias en la región de la Montaña y Costa Chica, “por designación como castigo”; ya que sus esposos en Estados Unidos, no pueden encabezar su responsabilidad y les corresponde a ellas hacerlo.
Todas estas cargas las asumen las mujeres que se suman al cuidado de las hijas e hijos, la crianza y educación de los mismos, el hogar, lo que vuelven más pesada la incidencia de las mujeres.
La procuradora llamó a quienes están en cargos de toma de decisiones, hagan incidencia en el proceso de consulta de la ley 701; en una reforma y análisis en la ley de elecciones de comisarias, acciones más concretas a través del observatorio de la participación política de las mujeres integrado por el IEPC; Secretaría de la mujer (Semujer) y el Tribunal Electoral del Estado (TEE), para fortalecer las acciones de prevención, para que toda la información sobre los derechos de las mujeres indígenas, no se quede solamente en redes sociales, ni en la capital, sino que vayan a las comunidades donde el acceso al internet y contar con un celular, no es fácil.
Por su parte, Maribel Nicasio González, investigadora docente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), expuso que las mujeres que están participando en política, la mayoría, son independientes en términos económicos, cabeza de familia, con hijas e hijos, pero ganan su propio dinero y disponen de su tiempo, lo que les permite moverse.
Sin embargo, señaló que son las mismas mujeres las que cuestionan a las que participan, lo que tiene que ver con la ideología patriarcal; por lo que no es suficiente con entender que las mujeres son diversas, se tiene que entender que hay cosas que se comparten y que existen matices a considerar.
Destacó también, que otro de los problemas serios es que pretenden elaborar políticas públicas para enfocarse exclusivamente a mujeres, como si fueran islas que no forman parte de una comunidad sin interacción con hombres, con instituciones, con la delincuencia.
Mencionó que hay comunidades de migrantes donde los hombres adultos y jóvenes, salen a trabajar y; las mujeres han tenido que tomar las decisiones “porque no les queda de otra”, y a las que les asignan los cargos como castigo y no como un proceso de asimilación y entendimiento para la toma de decisiones en caso de ausencia, son vistas como menores de edad.
En su turno, Nicasio González indicó que cada vez son más las comunidades con desplazados por la delincuencia, donde el contexto habla por distintos conflictos agrarios que tienen que tomarse en cuentan para emprender acciones para las mujeres.
González se pronunció también, para que las políticas públicas no se elaboren desde la comodidad de una oficina, en las grandes ciudades, con la ausencia de las actoras, dando como ejemplo la atención a los matrimonios forzados, donde las consultas que ha habido para determinar cuáles serán las políticas públicas a seguir, han estado ausentes las propias mujeres de la región.
También observó un sistema jurídico y político único del Estado, cuando en realidad hay una diversidad de sistemas jurídicos y sistemas políticos en los pueblos indígenas que tienen sus propias prácticas, y no son uniformes, cada comunidad tiene sus propios matices.
Carmela Ramírez Santiago, defensora Pública de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que aunque pareciera que en pleno siglo XXI, las mujeres tienen reconocida la ciudadanía, no es así, aún hay mucha resistencia para que les reconozcan sus derechos político electorales.
Mencionó los casos de Ocotequila, donde les negaron participar en la elección de comisario el pasado mes de enero, así como el de Ruperta en el municipio de Iliatenco, cuyo caso derivó en la anulación de la elección municipal, la primera en el país.
“Pareciera que los asuntos de gobierno, de dirección de la comunidad, de la toma de decisiones, está reservada solo para varones, no se le reconoce la ciudadanía a la mujer para que pueda ocupar esos espacios, esto es grave porque la comunidad es una unidad, en la que es importante la participación de la mujer para incidir en un ejercicio de crecimiento individual de la mujer y en lo colectivo, fortalece para progresar conjuntamente”, expuso Ramírez Santiago.
Otro obstáculo es la postulación al cargo de comisionado, ya que intervienen los partidos políticos, y son ellos los que restringen la participación de las mujeres de la comunidad en la toma de decisiones y esto es violatorio a los derechos políticos.
La violencia política en contra de las mujeres en razón de género, es otro impedimento a la que se enfrentan las mujeres, la cual acontece no solo antes del proceso electoral, sino durante y después, una vez que las mujeres acceden a los cargos públicos son violentadas, de muchas maneras que no se visibiliza, desde el espacio que se les otorga, hasta las dietas que les asignan, en el caso de las regidoras, no son convocadas a las sesiones de cabildo, les niegan la información pública municipal, bajo el argumento de que solo está reservada a la comisión de hacienda y mientras no sea sindica o presidenta, no puede conformar la comisión. Aunado a la violencia en redes sociales cuando realizan campaña.
Por lo que, Carmela Ramírez Santiago, propuso un acercamiento más directo a las comunidades, para escuchar desde su interior los obstáculos y demandas que las mujeres tienen en cuanto a la participación política.
María Antonia Ramírez Marcelino, originaria de Ocotequila, periodista y defensora de los derechos humanos en Copanatoyac, y quien junto con otras ocho mujeres promovió la impugnación en contra de la elección del comisario el pasado 2 de enero, por negar a las mujeres el derecho a votar; en su turno, narró la experiencia que vivió, al ser cuestionada por la autoridad municipal, “porque supuestamente no vive en la comunidad”, además de los ataque que recibió.
Ramírez Marcelino señaló que acceder a la justicia cuesta, a ella le costó sus ahorros, para contratar viajes para entregar documentos, para juntar firmas; otras mujeres se enfrentaron con la propia familia y con sus parejas que se opusieron.
En más de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, refirió el cacicazgo, ya que recibió ofertas de cargos en el ayuntamiento y al no aceptar, enfrentó amenazas.
“La violencia es otro impedimento, Copanatoyac es un municipio con alto índice de violencia homicida y feminicida” refirió Ramírez Marcelino, al comentar del caso del feminicidio de dos mujeres de la comunidad de Tlalquezalapa.
Finalmente, pidió a las regidoras, revisar bien los términos en los que emiten las convocatorias para la elección de comisarías y garanticen la participación de las mujeres.
SEM/MG
