Drina Ergueta
SemMéxico/Bolpress. Bolivia. 14 de marzo 2022.- Poner freno a la violencia machista y a los feminicidios parece imposible en Bolivia desde hace años. Para verlo en perspectiva, se han revisado publicaciones en una fecha relevante, como es la del 8 de Marzo, Día internacional de la mujer, desde el año 2017 hasta la fecha. Se observa una evolución que este año termina con la propuesta gubernamental de concentrar entidades para atender a mujeres víctimas de violencia, como respuesta o salida ante los reclamos cada vez más crecientes.
La propuesta llega luego de un proceso de años en los que se pasó por una especie de desconcierto al no saber hallar maneras para enfrentar la violencia machista, después de que se apostara por un marco legal que resultó insuficiente o inútil ante la corrupción del sistema policial y judicial.
Concentrar en un lugar a siete entidades que atienden a las mujeres que han sufrido violencia o a sus familiares que reclaman justicia es una promesa más concreta que otras de años anteriores, además de que ésta tiene presupuesto, casi 10 millones de bolivianos, aunque sólo tendrá algún efecto si se cumple. Es concreta y también parcial, se trata de una medida post violencia, no es preventiva ni responde a la demanda del cumplimiento efectivo de penas.
De acuerdo a datos del 2017 al 2020 del Observatorio de la Igualdad de Género de la Cepal, los índices señalan que en Bolivia se comenten cuatro veces más feminicidios que en Chile y el doble que en Argentina, el Perú o Paraguay, y que inclusive esos asesinatos machistas son superiores a los que se perpetran en Brasil, que también tiene un índice alto.
Las cifras anuales de feminicidios en Bolivia, que se mantienen entre 108 y 130 anuales en la última década, con un promedio de una mujer asesinada cada tres días, muestran el fracaso de las medidas que año tras año se han ido proponiendo, y no siempre ejecutando, para atender esta dramática realidad que lacera a miles de víctimas y sus familiares que no encuentran justicia.
El año 2015 ya había un conjunto de normativas destinadas a frenar, sancionando, la violencia machista y garantizar de esa manera la vida de las mujeres; sin embargo, los feminicidios, además de las violaciones y las otras múltiples violencias, no han parado. Evo Morales, presidente en ese y posteriores años, no entendía por qué ocurría aquello y pedía, como solución, que se socialice más la existencia de ese conjunto de leyes, decretos y reglamentos. Desde otros flancos, inclusive del movimiento feminista, se decía que la normativa es buena, pero que falta implementarla.
Desde 2017 se han planteado también pequeños “parches” a la problemática compleja: se han creado comisiones específicas, se han generado protocolos de actuación y “capacitación en género” en distintos eslabones del sistema judicial, se ha apostado a empoderar a las mujeres policías. También se han mostrado sólo intenciones, como la declaratoria del 2022 como el “Año de la revolución social de la despatriarcalización”.
La ley no frena el delito si la ley no se aplica. De todas formas, siempre se ha vuelto a la ley: en 2020 las distintas candidaturas presidenciales proponían endurecer las penas: cadena perpetua, pena de muerte… En 2021 se plantea revisar la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Este 8 de Marzo, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa presentó al parlamento tres anteproyectos de ley para ampliar penas y sanciones contra feminicidas, infanticidas y violadores.
Mientras, cada año, las protestas de mujeres – organizadas desde distintos grupos, activismos e instituciones – han sido constantes, cada vez más masivas y con exigencias de presión más alta. Los miles de casos que se denuncian y por los que se reclaman, dramáticos, terribles no sólo el acto de violencia en sí sufridos, sino por el proceso judicial que arrastran, muestran dónde está el problema: la corrupción del sistema.
2022 marca un hito se hace evidente que la pena no sirve si el sentenciado por ley es liberado. Luego de descubrirse el caso de un violador y asesino en serie beneficiado por jueces corruptos, saltan cientos de casos similares y son las propias víctimas las que los muestran a través de organizaciones feministas, principalmente Mujeres Creando. El sistema policial judicial es corrupto. Se sabía, pero esta vez se muestran más de 300 casos sólo de feminicidios y violaciones en los que hay irregularidades judiciales.
El gobierno está obligado a reaccionar, se descubre que hay entramados de corrupción “especializados” por delitos en los que participan desde la policía hasta varios niveles del sistema judicial. Se informa que ya hay 9 jueces procesados. Se crea una Comisión que revisará casos de feminicidas y violadores liberados que luego de un mes de trabajo da mínimos resultados para la magnitud del problema, aunque tiene un plazo de 120 días autoimpuesto.
En un discurso lanzado el 8 de Marzo de este 2022, el presidente Luis Arce anunció que en un solo lugar físico – que debe construirse en terrenos que deben ceder las alcaldías – se concentrarán las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); del Ministerio Público, con la presencia de un fiscal de materia especializado; del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con un ambiente equipado con una cámara Gesell; del Órgano Judicial, que deberá designar un juzgado de instrucción especializado; del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM con los tres servicios de ley); de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), con los tres servicios de ley; el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi); y de la oficina de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), con patrocinio legal a la víctima y primeros auxilios psicológicos.
Esta medida, aún en calidad de promesa, favorece a la víctima que no debe recorrer de un sitio a otro la ciudad para ser atendida. No está claro, sin embargo, cómo se controlará la corrupción.
En este año, ni tampoco en los últimos, el gobierno ha dicho que hará para entrar en el área de educación para frenar el machismo estructural, ni, por ejemplo, las acciones para que se cumpla la ley que ya sanciona publicidad que promueve la cosificación de las mujeres, entre otros muchos frentes.
En este artículo, se han revisado publicaciones de los diarios bolivianos que tienen a disposición una hemeroteca online, Página Siete y El Diario, en sus ediciones del 7, 8 y 9 de marzo desde 2017, además de La Razón y Ahora el Pueblo en esas fechas de este año. Se presenta a continuación un resumen anual:
2017, una comisión, una norma protocolar…
El 8 de marzo de 2017, el gobierno emite un decreto supremo con el que se crea la “Comisión Interinstitucional para proteger los derechos y la integridad de la mujer boliviana” – integrada por los ministerios de Justicia y Transparencia, Educación, Salud, Comunicación, Trabajo y Cultura – con la misión de “hacer cumplir la política pública integral para dignificar la vida de las bolivianas, haciendo cumplir las normas en su favor”, para lo que se reunirá al menos una vez al año. Luego no se supo más de dicha comisión.
El decreto surge en respuesta a lo expresado por el entonces presidente Evo Morales: “En Bolivia hemos avanzado bastante desde la Constitución Política del Estado, hay tantas normas, leyes, decretos, resoluciones, pero nos sorprende que siga la violencia contra la mujer”.
Adicionalmente, a través del Comité de Género del Órgano Judicial que se emitió una norma que estableció un “Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género” con el fin de “eliminar prejuicios y estereotipos (en jueces y el sistema judicial en su conjunto) que afectan a las mujeres y a personas con orientación sexual e identidad de género diferentes”. Esta medida debía aplicarse obligatoriamente.
En tanto, en los medios se ventilaba el escándalo en el canal 7 Bolivia TV, la televisión estatal, donde su gerente general, Carlos Flores, fue acusado de acoso sexual por dos periodistas. En esa ocasión, la activista María Galindo de Mujeres Creando entró hasta el mismo set televiso para exigir en vivo la destitución del acusado. La ministra de Comunicación, Gisela López, tuvo que suspenderle del cargo.
En las calles, se llevó a cabo una multitudinaria marcha: “con cucharones en mano, las mujeres exigieron igualdad para eliminar el maltrato, los abortos clandestinos y un salario justo”, tal como relata Página Siete, que también informa de la próxima apertura de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para atender casos de violencia contra la mujer, era la gestión Waldo Albarracín.
En ámbitos parlamentarios se preparaba el proyecto de ley de despenalización del aborto en Bolivia, donde “el sistema nacional de salud no podrá negar la interrupción del embarazo (…) alegando objeción de conciencia”, bajo condiciones concretas. Proyecto que más adelante será tumbado por la oposición.
Ya habían sido asesinadas 20 mujeres en ese año y el feminicidio más reciente era el cometido por Ciro Sánchez, teniente de las Fuerzas Armadas, que en el mismo recinto militar mató a su expareja Pamela Tito Roque. Luego se suicidó. Ese año hubo 110 feminicidios.
2018 sin declaraciones
El 8 de marzo de 2018 y días posteriores no se registran declaraciones o propuestas del gobierno en relación a las mujeres, como ocurre en esta fecha. Sí se producen marchas y movilizaciones de mujeres en demanda de justicia. Las noticias señalan que distintas organizaciones reconocen un avance en normativa, pero no en su cumplimiento, es así que piden la aplicación de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Entre tanto, en Bolivia TV, el caso del acoso sexual continúa. Se informa que la Fiscalía rechazó la denuncia que la ministra López hizo, a su vez, contra las periodistas Yadira Peláez y Claudia Pardo. Ellas habían denunciado por acoso sexual al gerente del canal.
Días antes, la artista Rilda Paco sacó a luz su pintura de la Virgen del Socavón de Oruro en ropa interior, por lo que fue criticada.
Hasta ese momento se habían registrado 28 feminicidios en el país y 4.674 casos de violencia intrafamiliar o doméstica. Ese 8 de marzo se difunde el retrato de una mujer asesinada a fin de que alguien la reconozca, además para tener pistas del autor. El cuerpo de la víctima había sido encontrado el 23 de enero en la comunidad de Huaricana, La Paz, desnudo y con hematomas, también le habían cortado las trenzas. Murió asfixiada. Ese año hubo 130 feminicidios.
2019, normativas sin cumplimiento
El 8 de marzo de 2019 el presidente Morales convocó a un gabinete de ministros para tratar la violencia contra la mujer y la niñez, allí nuevamente se quejó de que las aproximadamente 50 normativas -entre resoluciones ministeriales, decretos, leyes e incluso la misma Constitución- que existen para erradicar la violencia contra las mujeres y que fueron aprobadas en los últimos años, no sean conocidas por las mujeres porque no son socializadas. Además de que existen muchos feminicidios sin condena.
Entre las medidas anunciadas en esa ocasión, está la capacitación del personal de la FELCV, la puesta en marcha del Servicio Plurinacional de la Mujer, la meta de reducir el embarazo adolescente y también la brecha salarial. Los anuncios gubernamentales se vieron contrariadas por comentarios de Morales que fueron destacados por algunos medios: “Mi mamá me decía: ‘Evito, no se pega a la mujer, quizá tu papá tiene su chola, no vendrá a comer, reniega, pero nunca me ha tocado’”.
En tanto, en las calles, las marchas y movilizaciones de mujeres se repiten en todo el país. En Cochabamba piden la Ley de Corresponsabilidad en el cuidado del hogar. ONU Mujeres informa que en Bolivia las mujeres ganan un 30% menos que un hombre por hacer el mismo trabajo. Mientras, Mujeres Creando logra impacto mediático exhibiendo enormes “calzoncillos del poder” como acto performativo de repudio a “la misoginia y machismo estatal”.
En esa fecha, en El Alto detienen a un hombre que mantuvo esclavizada durante meses a una joven; en Rurrenabaque se descubre que varios policías mantuvieron presa a una extranjera a quien violaron “desde el jefe hasta el último sargento”, embarazaron y provocaron luego un aborto, según denuncia del entonces senador Yerko Núñez. En Pando es asesinada una adolescente de 16 años por su pareja de la misma edad. Ese año hubo 117 feminicidios.
El 8 de marzo de 2020 encuentra a Bolivia en plena campaña electoral, por lo que ese día todos los candidatos hacen promesas añadidas relacionadas con las mujeres y la lucha contra las violencias machistas, tienden a centrar estas en el endurecimiento de penas, como la cadena perpetua e inclusive de la pena de muerte.
En ese marco electoral, la presidenta y candidata Jeanine Añez anuncia un programa de construcción de ciudades seguras, para lo que asegura contar con 100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Agrega que “soy la peor noticia para todos aquellos feminicidas, violentos, abusivos, abusadores, acosadores, violadores porque no me cansaré en cerrar el cerco en contra de estos agresores”.
Un año más, en las calles las mujeres marchan pidiendo que se haga algo para frenar la violencia machista y demandan también la descriminalización del aborto e igualdad de oportunidades. “¡Evo, Mesa, Añez, partidos patriarcales, se han aprovechado de las luchas sociales!”, es una de las consignas.
ONU Mujeres señala que “Bolivia es un caso muy particular porque tiene una buena normativa y una buena regulación de políticas contra la violencia de género”; sin embargo, se queda corta en su implementación. Algo que es evidente y que se repite.
Un trabajo de Página Siete muestra que El Alto, Cercado y Santa Cruz se encuentran entre las 6 zonas rojas del mapa de feminicidios. La Coordinadora de la Mujer señala que la condición socioeconómica y la situación de migración en El Alto influyen para estos resultados; la Fundación Voces Libres señala que en Cochabamba hay mayor prevalencia de casos en la zona sur de Cercado y en Quillacollo; Unicef indica que en Oruro, en las áreas del casco viejo y centro de la ciudad, hay origen y destino de la trata; en Santa Cruz, las víctimas son cada vez más jóvenes; en Potosí, donde hubo 10 casos, los feminicidios fueron los más crueles: en tres casos, los agresores mataron a sus esposas con explosiones de dinamita.
Ese día, en La Paz se encuentra asesinada, degollada, a una mujer de 27 años, se presume que su pareja es el asesino. Con éste suman 28 los casos de feminicidio en lo que va del año, que acabó con un total de 113.
2021 con intenciones y fracasos
El 8 de marzo de 2021 también fue una fecha electoral, post. Se trataba del día siguiente de las elecciones para gobernaciones y alcaldías, espacios en los que las candidaturas fueron marcadamente masculinas. Hace diferencia la elección de Eva Copa para la alcaldía de El Alto. Este tema ocupó el quehacer social y político del país, muy por delante de otros asuntos.
Se trata también de un año en el que el Covid-19 ha provocado una crisis sanitaria y miles de muertes en Bolivia. En esta crisis, las mujeres han estado en primera línea como trabajadoras de la salud, cuidadoras, jefas de hogar y organizadoras comunitarias. La carga del trabajo de cuidados se ha incrementado notoriamente y la violencia en el hogar durante el confinamiento ha sido mayor.
El presidente Luis Arce saludó a las mujeres en su día y exclamó: “¡No puede haber más una mujer golpeada! ¡No puede haber más una mujer muerta! El Estado la tiene que proteger y las va a proteger”; la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, propuso la ampliación del Gabinete de la Mujer, en el que participan varios ministerios. El expresidente Evo Morales agregó que liberar a las mujeres de la violencia, racismo y discriminación es una deuda que tiene el mundo con ellas.
El Ministerio de Justicia anunció el inicio de un proceso de consensos para la reforma de la Ley 348, sobre la base de un documento de sistematización de propuestas, como las de “mejorar el financiamiento, hacer las medidas de protección más eficaces”. Proceso que fracasaría a lo largo del año.
El gobierno, a través del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que la Policía es una de las instituciones más machistas del país, por lo que anunció la creación de Unidad de Género que empoderará a las mujeres dentro de esta institución, a fin de que en un futuro sean ellas las que dirijan esta fuerza verde olivo.
Por su parte, la Fiscalía puso en funcionamiento salas de Recepción de Denuncias Verbales de casos de violencia en las nueve fiscalías departamentales.
Un año más, la marcha organizada por grupos de mujeres y activistas es multitudinaria, especialmente en La Paz. Hay protestas también en Santa Cruz, Potosí, Tarija y Cochabamba. Las demandas son similares a las de los otros años: basta de violencia machista, basta de feminicidios. Justicia.
Ese año, en esa fecha, sale a luz el descubrimiento de dos asesinos seriales, David Zapana y Dennys Guevara, que violaron y asesinaron a cinco mujeres, en Cochabamba y Santa Cruz. “Con el de mi hija eran cuatro cuerpos enterrados en una casa, para mí eso es un cementerio de desaparecidas… de feminicidios”, dijo la madre de una de ellas. Al comenzar marzo, ya había 24 casos de feminicidios en el país, y cuando acabó el año la cifra fue de 108.
Normativa
Antes de 2017 el gobierno modificó el marco legal en beneficio de la mujer y comenzó con más de 20 artículos en la Constitución Política del Estado.
Se aprobaron nuevas leyes que concentran derechos a favor de la mujer: Ley 026 del Régimen Electoral (2010) y otras que incorporan la equidad de género, la paridad y alternancia en las candidaturas; Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (2012); Ley 263 contra la trata y tráfico de personas (2012); Ley 348 para garantizar la vida libre de violencia para las mujeres (2013) y su Reglamentación (2014); Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria que reconoce a las mujeres el derecho a la propiedad de la tierra.
La aprobación estas leyes, como la mayoría de las acciones gubernamentales, son resultado obligado de situaciones extremas que provocaron gran indignación social, como el asesinato de la concejala Juana Quispe (violencia política), la desaparición de Zarlet Clavijo y otras (trata) y el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho (violencia y reglamentación).
