Drina Ergueta
SemMéxico, La Paz – Bolivia, 26 de octubre 2021.- En momentos de polarización política, como la que vive Bolivia, la libertad de prensa se resiente con mayor intensidad, dadas las posturas cerradas tanto de las partes que se enfrentan en la sociedad como de los medios de comunicación, periodistas y sus representaciones que, al parecer, inevitablemente participan de dicho conflicto.
En este marco, hay asuntos que saltan a la palestra con mayor notoriedad mientras que otros permanecen silenciados o en un perfil muy bajo. En los últimos días el caricaturista de Página Siete, Abel Bellido (Abecor), denunció haber sido amenazado de muerte debido al trabajo que realiza por ser crítico al actual gobierno, lo que, con toda razón y me sumo, generó pronunciamientos no sólo del diario y sus colegas periodistas, sino también de organizaciones de prensa de La Paz y de Bolivia.
Frente a esta situación, también se alzaron voces que recordaron que hace dos años, durante los difíciles días de enfrentamiento y persecución previos y posteriores al golpe de estado, en que el caricaturista de La Razón, Alejandro Salazar (Al-Azar), tuvo que dejar de publicar ante los ataques sufridos y la ausencia de apoyo de las organizaciones de prensa, que en esa ocasión no elevaron la voz en defensa de la libertad de expresión.
Las organizaciones periodísticas, el periodismo en su conjunto y la sociedad en general debieron respaldar a ambos de la misma manera. El caso de Al-Azar es un punto negro en la historia del periodismo boliviano. Ambos deberían tener las mismas garantías y apoyos hacia su libertad de expresión.
Por otra parte, Abecor hizo una caricatura del Procurador General del Estado y, a su vez, éste respondió por redes sociales con otra caricatura ofensiva para Página Siete, lo que generó rechazo. Se vio como un atrevimiento. Aquí, algunos analistas se preguntaron ¿acaso el Procurador no tiene derecho a expresarse también? ¿Por qué un caricaturista tiene derecho a ser ofensivo y otro ciudadano no? Claro que una cosa es publicar en redes sociales y otra en un medio de comunicación, ya que ambos pueden tener alcances públicos muy diferentes.
Durante el gobierno de Evo Morales, varios medios denunciaron que les era imposible acceder a las fuentes informativas gubernamentales u oficialistas ya que estaban vetados con el argumento de que eran medios de la oposición. Ese veto constituye un ataque a la libertad de prensa.
De igual forma, el acceso a la prensa, a que se difunda un hecho, también es parte de la libertad de prensa. Es decir, si bien existen criterios periodísticos para decidir qué es relevante o no para ser publicado, existen hechos que son silenciados permanentemente y eso obedece al lineamiento finalmente político (no necesariamente partidista) del medio de comunicación. Un ejemplo es la marcha indígena del oriente boliviano que en las últimas semanas tuvo gran repercusión mediática y otro, al contrario, la marcha de las víctimas de la represión del gobierno de Jeanine Añez que tuvo una mínima cobertura. La marcha indígena del oriente es considerada contraria al actual gobierno; mientras que la de las víctimas, contraria al anterior gobierno. Al parecer, esas percepciones repercuten en la cobertura mediática.
Otro ejemplo, que no forma parte de esta polarización política sino de otro ámbito de poder, es el ya histórico silenciamiento o disminución de participación en la prensa de las mujeres (como expertas, como líderes, como activistas, como representantes sociales) y las violencias que recaen sobre ellas, así como su exposición constante como víctimas y como objetos sexuales.
La defensa de la libre expresión es necesaria y debe ser por igual para todas las partes, de lo contrario es sólo un instrumento más de la lucha por el poder. Lo mismo que la defensa del derecho al acceso a la información y a la publicación, con contrapartes equilibradas en todos los ámbitos, incluido el género. Es lamentable tener que recordar estos postulados básicos a estas alturas.
