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TLANIXCO: Criminalizar a los defensores

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Por: Nantzin Saldaña /Fotografía: Axel Hernández.

SemMéxico/World Justice Proyect. TLANIXCO. 18 de febrero 2020.- Para Tomasa Estrada y Rómulo Arias la primavera del 2019 fue la más hermosa que recuerden en su tierra San Pedro Tlanixco, a 28.3 km del nevado de Toluca, en el Estado de México. Nuevamente pudieron admirar juntos los paisajes verdes y los brotes de claveles en los montes, 13 años después de estar separados por la fuerza, al ser él enviado a la cárcel.

“Estoy muy contento, muy feliz con mi familia, trabajando (…) No es fácil contar lo que vive uno dentro de la cárcel, siento que volví a nacer”, afirma Rómulo, a sus 50 años de edad, sentado en su taller mecánico, que también es su casa, a la orilla de la carretera Tenango-Ixtapan de la Sal, municipio de Tenango del Valle.

Nueve semanas después de salir de la prisión de Santiaguito y regresar a su pueblo, ya con arrugas al costado de sus ojos, se anima a contar su historia. Su esposa Tomasa, de 44 años, narra lo vivido: “Me siento muy contenta porque mi esposo está fuera y los compañeros están libres. Fue un caminar muy cansado, no se lo deseo a nadie”.

Como Rómulo, cuatro hombres y una mujer de esta comunidad indígena pasaron entre 11 y 16 años en prisión por delitos que nunca cometieron.

Se trata de Dominga González Martínez, detenida a los 49 años y liberada a los 61; Lorenzo Sánchez Berriozabal, de 54 años, y Marco Antonio Pérez González, de 39, detenidos a los 42 y 27 años respectivamente; Pedro Sánchez Berriozabal llegó a su cumpleaños 52 tras ser detenido a los 36 y Teófilo Pérez González, de 49 años, pisó la cárcel a los 33.

Mural en San Pedro Tlanixco de los defensores.

Todos eran parte activa del movimiento comunal de defensa del agua de su pueblo, una comunidad nahua de unos 5 mil habitantes, que lleva casi dos décadas peleando por este recurso que nace en su territorio y que fue concesionado en 2002 para uso de empresas particulares floricultoras del municipio vecino de Villa Guerrero, considerado el principal invernadero del país. Todos fueron acusados, procesados y sentenciados a 50 y hasta 54 años de prisión por la muerte del empresario floricultor español Alejandro Isaak Basso y la presunta retención ilegal de 11 personas de Villa Guerrero.

Tras más de una década de procesos penales con inconsistencias, dilaciones y fallas al debido proceso, los seis están libres gracias a una extenuante batalla legal encabezada por sus esposas, hermanas e hijos, quienes impulsaron un movimiento por la liberación de sus presos políticos denominado Por la libertad de los defensores del agua y de la vida de Tlanixco.

Al movimiento se sumaron otros grupos indígenas y colectivos de todo el país, y con su defensa encabezada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hicieron llegar la voz del reclamo a instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Front Line Defenders, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura para que su caso fuera visibilizado y revisado conforme a derecho.

Rómulo en la libertad del bosque. Foto: Axel Hernández.

Despojo en su propia tierra

Tlanixco es una comunidad ubicada en la cordillera del Nevado de Toluca o volcán Xinantécatl, a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, con colinas y barrancas de terrenos ejidales, en donde el frío clima permite a más de la mitad de su población dedicarse a la agricultura.

Cuenta con manantiales y lo cruza el río Arroyo Grande, al que llaman Texcaltenco, pero sufren desabasto de agua por no tener permiso para su uso urbano. Los pobladores tuvieron por años el permiso legal de los cuerpos de agua para su uso doméstico y de riego de cultivos, pero el 14 de junio de 2001 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les canceló la concesión sin explicación.

El derecho de las aguas que les quitaron se entregó en 2002 al municipio de Villa Guerrero, a ocho kilómetros río abajo y sede de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi), integrada por empresas floricultoras nacionales y de capital extranjero llegadas a esta comunidad a fines de la década de los 80, lo que desató una disputa entre ambos pueblos.

Actualmente, a Villa Guerrero se le conoce como “La capital de la flor en México” por ser el mayor productor en el país. Tan sólo en 2010, el gobierno municipal reportó que generó una tercera parte de la producción nacional, con ganancias de mil 827 millones de pesos.

“La capital de la flor en México” tiene prioridad sobre el agua de Tlanixco. Foto: Axel Hernández.

Ante el despojo del agua en 2002, el reclamo de Tlanixco no se hizo esperar y para calmar el conflicto las autoridades estatales les ofrecieron acceso a un pozo artesanal. Ellos aceptaron, pero el abasto resultó insuficiente debido a la inoperante infraestructura y aumento de población. Entonces, las autoridades ejidales interpusieron un amparo y sus comisionados del agua intentaban recuperar sus derechos.

El 1 de abril de 2003 la vida cambió para Tlanixco. Al mediodía irrumpieron en su territorio doce personas lideradas por el empresario Alejandro Isaak, presidente del Sistema de Agua de Riego del Río Texcaltengo de Villa Guerrero. Llegaron por la zona de “lavaderos públicos” con la intención de entubar el agua. Acusaban a la comunidad de ensuciarla para dañar sus riegos.

Las mujeres que lavaban ropa en el lugar avisaron para que se diera una señal de alerta en la iglesia, que empezó a repicar las campanas, como parte de sus usos y costumbres. Unos 300 pobladores acudieron al llamado y camino al río encontraron a los de Villa Guerrero. Les pidieron dirigirse a la delegación del pueblo para tratar su reclamo en asamblea.

Tomaron un camino de entre 60 y 90 minutos, de veredas estrechas y empinadas, por las que sólo puede caminar una persona a la vez, y de barrancas profundas. El empresario nunca llegó a la delegación, cayó a un barranco, a 180 metros de profundidad, donde se ubica la cascada de El Salto.

Rómulo Arias muestra la zona en donde sucedió el accidente. Foto: Axel Hernández.

En las indagatorias, el gobierno mexiquense consideró que las campanas fueron un llamado al linchamiento y vieron sospechoso a todo el pueblo, en especial a sus defensores del agua. En las primeras declaraciones, los once testigos de Villa Guerrero negaron haber visto lo que ocurrió con Isaak Basso porque el terreno se los impedía, así lo ratificaron el 9 de abril de 2003.

Sin embargo, para el 16 de abril de ese año, en su ampliación de declaración, apareció la acusación contra los defensores del agua. Señalaron por homicidio a varias personas con nombre y apellidos, que la autoridad tomó como línea primordial, restando valor a los testimonios primigenios, pese a tener mayor peso probatorio.

Entre abril y junio las autoridades llamaron a declarar como testigos a distintos pobladores de Tlanixco, entre ellos a Pedro Sánchez, Marco Antonio Pérez y Rómulo Arias. “Mi declaración fue mal compuesta, porque yo no dije lo que ellos [las autoridades]consignaron”, señala Rómulo.

La persecución de los defensores 

En medio de la oscuridad, los gritos de las mujeres y el llanto de niños se volvieron recurrentes por el pueblo durante meses. En varias ocasiones los pobladores fueron despertados durante la noche y sacados de sus domicilios por agentes estatales. Abrían sus puertas a golpes y lanzaban gas lacrimógeno en sus hogares para luego someterlos contra el piso, de acuerdo con el relato de pobladores y lo reportado por la ONU en sus relatorías.

Narraron que el 2 de abril de 2003 iniciaron los operativos con cientos de policiales y agentes judiciales. En el primer operativo se llevaron al profesor Benito Álvarez, representante del agua. Además, allanaron la casa de Pedro Sánchez y encañonaron a su esposa e hijas.

Tres meses después, el 22 de julio de 2003, Pedro y Teófilo Pérez fueron detenidos. No les mostraron órdenes de aprehensión ni los presentaron ante el Ministerio Público. Fueron llevados directo al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez.

De acuerdo con la Asociación Zeferino Ladrillero —la que prestó la ayuda legal— y con los afectados, la captura de Rómulo ocurrió el 15 de julio de 2006 y fue en la que se ejerció una mayor violencia. “Vinieron muchos carros como si fuera un delincuente, me golpearon, dispararon (al aire), a mi familia y a mi papá los golpearon. Y no me presentaron ninguna orden”, cuenta Rómulo desde su taller. Durante el cateo, los agentes se llevaron escrituras de sus propiedades y de su madre, denuncia.

“Como si fuera un delincuente”, Rómulo Arias.

El 14 de diciembre de 2006 detuvieron a Marco Antonio Pérez y a Lorenzo Sánchez. También se los llevaron directo al penal. Su detención se hizo en la Ciudad de México, luego fueron entregados a la policía mexiquense, la que ejerció un trato vejatorio.

Cuatro años después de los hechos, la última en ser detenida fue Dominga González. Esta mujer campesina, parte del Comisariado Ejidal que interpuso un amparo contra el despojo de agua, fue incluida en la lista por un testigo de “buena memoria” que recordó tres años y medio después a una señora “chaparrita y morena” que instigaba al linchamiento.

La madrugada del 9 de julio de 2007, un operativo de 35 patrullas –con más de un centenar de judiciales encapuchados y armados– irrumpió en la casa de Dominga y encañonó a los suyos. Ella fue sometida, sacada en paños menores y agredida verbalmente.

Antonio Loza, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, asegura que “hubo una directriz de ser lo más crueles al momento de detenerlos”. Las detenciones pudieron ser legales y sin violencia, pero la orden era darles una lección por ser defensores.

Se creó una “historia” de los detenidos: Lorenzo, aseguraron, fue el primero que pegó, Marco Antonio le siguió, Teófilo y Rómulo lo ataron con una cuerda y Dominga incitó al linchamiento; aunque Rómulo ni siquiera estuvo ahí el día de los hechos.

Según datos del almanaque Memoria estadística de la transición entre dos Méxicos, bajo el sistema de justicia penal anterior –que cambió a partir de 2008– en México 34% de las detenciones las realizaba la Policía Ministerial o Judicial y 23% ocurrían sacando a las personas, sin una orden del juez.

El Estado de México es la entidad más poblada del país. Ocupó el sitio 27 de los 32 estados del país en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, con una calificación de 0.36, en una escala del 0 al 1, donde 1 representa la mayor adhesión al Estado de Derecho. En uno de los ocho factores que componen este Índice, el que evalúa la efectividad y calidad del sistema de justicia penal, el Estado de México se ubica en la posición 28 de 32, con una puntuación de 0.33.

En el indicador que mide la eficiencia de la investigación penal del estado –que tiene que ver con la labor de la policía y el MP para realizar la correcta indagatoria de un delito– obtuvo apenas 0.18 puntos, con lo que se ubicó en la posición 26; en el que revisa si la justicia penal es imparcial, independiente y libre de corrupción, su calificación fue de 0.35 puntos, con lo que se ubicó en la posición 23; y en el que mide el debido proceso legal, un puntaje de 0.42 con lo que  está en la posición 23 nacional. En todos estos rubros, el estado enfrenta rezagos y pendientes.

Sobrevivir en Santiaguito

Las inconsistencias y arbitrariedades en las detenciones y las investigaciones ministeriales fueron el primero y segundo eslabón de una cadena plagada de errores que no paró al llegar al Sistema Judicial del Estado de México.

Lo siguiente fue sobrevivir en el penal donde la vida es dura y cruda y se convive con quienes denuncian detenciones arbitrarias o delincuentes confesos de homicidio y delincuencia organizada. El lugar al que enviaron a los defensores de Tlanixco fue una cárcel que tiene denuncias de autogobierno, sobrepoblación, extorsiones, corrupción y tortura, según las denuncias hechas por familiares de los internos. El también llamado penal de “Almoloyita” obtuvo una calificación reprobatoria de 5.74 puntos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, de la CNDH.

Para Teófilo fue importante estar ocupado todos esos años, hacía lámparas y marcos que su esposa vendía, aprendió a tocar instrumentos y ayudó a ofrecer terapia musical. Rómulo trabajó en el comedor, como maquilador, herrero y maestro de mecánica, además estudió su bachillerato.

En cada uno de los procesos judiciales las pruebas testimoniales de los testigos de cargo –los once que acompañaban al empresario– fueron el pilar para las sentencias, aunque ninguno de ellos estuvo en el momento y lugar de la muerte de Isaak Basso, porque todos iban caminando por las veredas.

El juez cuarto penal de primera instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, desestimó los testimonios presentados por los seis de Tlanixco, a quienes nunca les reconoció pertenecer a un pueblo originario y el peso de sus usos y costumbres. “Decían que no éramos indígenas porque teníamos estudios hasta la secundaria”, explica Rómulo.

El juez descartó a los testigos de Dominga que refirieron que ella estaba en la iglesia al momento de los hechos, no valoró las declaraciones de ella pues consideró que no eran espontáneas al ser detenida cuatro años después de los hechos y que tuvo tiempo de buscar una coartada.

“Todos los testigos que presentamos y las declaraciones no eran válidos. Vimos varios abogados y no sabían ni cómo, decían que estábamos peleando con personas muy poderosas”, afirma Rómulo.

Tampoco consideró la retractación de uno de los principales testigos: Adolfo Vázquez, quien, dijo, nunca vio en el lugar de los hechos a varios de los procesados y fue el único que inculpó a Marco Antonio Pérez. Más aún, reconoció ante el juez que Fátima Isaak, hermana del empresario, les instruyó para perjudicar a los liderazgos comunitarios.

Reveló que, tras la muerte del empresario, en los primeros 15 días, se reunieron en un rancho de Villa Guerrero con funcionarios del entonces gobernador Arturo Montiel para revisar videos, fotografías y periódicos de los encuentros que ellos habían tenido con los defensores y pudieran así señalar a personas específicas. El juez tampoco lo valoró.

Los primeros en recibir sentencia, el 13 de junio del año 2006, fueron Teófilo, Pedro y Rómulo, les dictaron prisión de 50 a 54 años e incluso multas económicas. El 27 de noviembre del 2017, a Marco, Lorenzo y Dominga les dictaron 50 años de prisión, resolución que apelaron y más tarde les permitió reponer su proceso y alcanzar la libertad.

¡Nos llegó la alegría!

El caso llegó a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de ONU, la cual  revisó el expediente judicial y en octubre de 2018 se pronunció a favor de una revisión minuciosa del caso. En julio de 2019 emitió seis observaciones y cuatro recomendaciones a los tres poderes del Estado Mexicano, aunque esto se conoció hasta el 27 de noviembre, tres días antes de que concluir la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quien fue gobernador del Estado de México durante los procesos de los seis de Tlanixco y no hizo nada ante las injusticias que se denunciaban.

La ONU-DH corroboró las irregularidades señaladas y las calificó de atropellos. Indicó que existió un trato desigual en los tribunales, que negaron el ingreso a las audiencias a las familias de los defensores, mientras que quienes acusaban –los vecinos de Villa Guerrero– gozaban de acceso libre a éstas, incluso a la oficina del juez.

En su análisis, determinó a partir de 10 procedimientos especiales inéditos realizados por sus distintos relatores, que la justicia mexicana no observó el derecho al debido proceso, no se garantizó la presunción de inocencia, cometió una cadena de violaciones durante la investigación y emitió sentencias máximas para criminalizarlos por su defensa al agua.

Ante la presión, las autoridades mexiquenses concedieron que no todo había sido realizado conforme a derecho. En enero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) resolvió la apelación del caso de Dominga, Marco Antonio y Lorenzo, y ordenó reponer el proceso penal e identificar “irregularidades en la sustanciación”, lo que dejó sin efecto las sentencias.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) –ausente por 15 años– apareció a fines de 2018 y solicitó al Tribunal conocer el estado procesal de la apelación y un informe sobre los derechos de los procesados como indígenas. En enero de 2019 hizo un pronunciamiento y pidió reponer el fallo del Tribunal  y se garantizaran la legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y una defensa adecuada para los defensores.

Para las familias era inaudito que tuvieran que iniciar desde cero, si este proceso los tuvo una década sin sentencia. “Dijimos no es justo, puede llevar hasta cinco años (…) pero es ahora o nunca”, recuerda Tomasa.

En la primera audiencia para reponer el proceso, el 16 de febrero de 2019, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se desistió de las acusaciones y la acción penal contra los defensores que no tenían una sentencia confirmada.  Dominga, Lorenzo y Marco Antonio salieron del penal y recobraron su libertad el 17 de febrero de 2019.

Maximiliano Vázquez Castañeda, el juez primero en materia penal de Toluca, quien en 2017 les había sentenciado a medio siglo de prisión, fue el mismo que dictó su liberación.

Pedro, Teófilo y Rómulo fueron liberados siete semanas después, el 5 de abril de 2019, tras resolverse la revisión extraordinaria de sentencia que pidió su defensa, teniendo como antecedente la liberación de sus compañeros, el mismo día en que sus esposas iban a reunirse con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La reunión de los seis defensores con la Alta Comisionada, Michelle Bachelet,  se efectuó el 7 de abril de 2019. Foto: Twitter.

Tomasa recuerda el día que la semilla de la justicia por fin brotó en Tlanixco: “Eran las 5:30 de la tarde cuando nos dijo el joven Ricardo, de la oficina de Naciones Unidas, “‘¡Muchas felicidades! Los van a liberar a las 8 de la noche’”. Las esposas quedaron atónitas con la noticia y como estaban por reunirse con la Alta Comisionada de ONU-DH, se inquietaron al no saber detalles de lo que ocurría. Se miraban entre sí, sin saber qué decir. “Estábamos incomunicadas y no teníamos celular y al vernos desesperadas él nos los dio”.

Había llegado por fin el momento que tanto soñaron, salieron a prisa de la sede de ONU al autobús que las llevó a Almoloya de Juárez para estar afuera del penal cuando sus esposos recobraran su libertad. “La justicia la hicimos las compañeras, porque la justicia no hizo nada. En este asunto yo vi que solo hay justicia para la gente de dinero”, asegura Tomasa.

Una gran cantidad de personas acudió a recibirlos. A las 10:30 de la noche llegaron al pueblo, donde el recibimiento se volvió una verbena que se extendió durante la madrugada y hasta el amanecer, recuerda Rómulo.

Los defensores de Tlanixco buscarán la reparación del daño y el castigo a los responsables de su reclusión injusta. Ven prioritario que no se siga fabricando culpables y encarcelando a gente solo por ser “morena y chaparrita”.

A 11 años de la mayor reforma penal y a tres de su implementación en todo el país, que buscó pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, la consolidación del Sistema de Justicia Penal en México sigue pendiente.

Actualmente el gobierno de México revisa 538 expedientes de presos políticos, 59 de mujeres, que denuncian vulneración a sus derechos, la mayoría en entidades de alta marginación, con comunidades indígenas y zonas en conflicto por el territorio, el agua y recursos naturales, reveló el subsecretario federal de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, durante el acto de reivindicación a los indígenas de Tlanixco el pasado 11 de abril.

El caso de estos seis defensores nahuas del agua de Tlanixco es un emblema de las fallas que enfrenta la justicia penal en el Estado de México y en el país. Y su liberación, una corrección de la mala gestión para el acceso a la justicia. “No solamente queremos que Tlanixco sea una experiencia emblemática, sino que sea referente para la reivindicación de justicia de muchos abusos que existen”, señaló Encinas.

Se suma el hecho histórico de que la sede de la ONU en Ginebra se manifestara respecto a este caso. “Ese nivel de posicionamiento se ha dado en conflictos armados, internacionales o de crisis humanitaria. Nunca antes en un tema particular”, refiere el abogado Antonio Loza.

Tomasa asegura que en México hay que sumarse a quienes han vivido o viven causas similares para que se haga justicia. “Fue muy emocionante. A pesar de que vivimos tantas tristezas, coraje, rabia. Después de tanto, nos llegó la alegría.”

Acerca del autor:

Nantzin Saldaña. Periodista por la Carlos Septién García con diplomado de periodismo de investigación por el CIDE. Reportera y editora en diversos diarios, semanarios, radio y TV. Coautora de los libros 19 edificios como 19 heridas y Tu y yo coincidimos en la noche terrible. @tanggerine

Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizó para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.

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