En diez días 4 feminicidios en la Montaña de Guerrero: silencio de las autoridades, e inacción
Que expliquen al Congreso la incapacidad de los 3 órdenes de gobierno, exigen dos diputadas del PRD y PT
Sara Lovera e Isabel Ortega
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 5 de mayo de 2022.- Cuando se recortan recursos en el Presupuesto para la atención a mujeres víctimas de la violencia se está alentando la impunidad, advirtió la diputada perredista Yanelly Hernández Martínez.
Lo anterior, al intervenir en relación a los feminicidios en la región de La Montaña y la falta de claridad en las acciones de la estrategia integral de justicia para mujeres y niñas que se discutió este miércoles en el Congreso de Guerrero, donde se desechó la discusión sobre la interrupción legal del embarazo.
En esa tensa sesión, la legisladora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández, del Partido del Trabajo – contraria al dictamen de la Comisión de Justicia sobre aborto- condenó la desaparición de mujeres y los feminicidios ocurridos en las últimas semanas en todo el país, y en Guerrero.
Afirmó que, en los últimos diez días, cuatro mujeres fueron en la Región de la Montaña, y detalló la “respuesta institucional el silencio y la omisión de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, de los gobiernos municipales de Tlapa, Cochoapa El Grande y Copanatoyac. Lo más grave es que incluso las instancias del gobierno del estado como la Secretaría de la Mujer, sólo silencia, a pesar de la Estrategia Integral de Justicia y Bienestar de las Mujeres y Niñas, mecanismo que evidentemente no logra frenar los feminicidos y demás violencias contras las mujeres de Guerrero.
La legisladora Yanelly Hernández Martínez, señaló que hay reducción de presupuesto para la violencia contra las mujeres, y ello “ponen en riesgo las políticas públicas de protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral de las mujeres y niñas víctimas del delito”.
Luego expuso los sucesivos recortes que se han hecho desde el gobierno federal a la Comisión Ejecutiva de Atención a la Víctimas (CEAV). Así, continuó a cientos de mujeres que sufren agresiones físicas, sexuales, privación de su libertad, atentados en contra de su vida, hostigamiento sexual y laboral, se les coloca en la condición de víctimas sin que se activen los mecanismos de reparación del daño.
Denunció que después de transcurridos 10 meses, apenas sesionó la Comisión para la Prevención de la Violencia de las Mujeres para elaborar su programa operativo anual.
“Como desafortunado es el hecho de que el pasado 16 de marzo, se le haya tomado protesta a la encargada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Guerrero, sin haber agotado el procedimiento legal de enviar una terna a esta 63 Legislatura, como marca la Ley
Luego consideró que, para erradicar la violencia contra las mujeres desde la raíz, “es vital aplicarla a ras de suelo, con todo y para todos”.
Leticia Mosso Hernández condenó 4 feminicidio en la Montaña
La diputad Mosso Hernández se refirió a las ejecuciones de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados a un costado de la carretera estatal Potoichán-San Vicente Amole, municipio de Copanatoyac, ambos—de acuerdo a lo consignado en diferentes medios de comunicación—con impactos de bala en la cabeza y que, según versiones periodísticas, fueron sacadas de su hogar por un grupo de hombres armados.
Y puntualizó, vehemente, que, a las ejecuciones de estas mujeres, se suma el feminicidio de Celia, una mujer de 40 años, vecina de Tlapa de Comonfort, ocurrido una semana antes, quien fue asesinada por su expareja sentimental con un arma de fuego, en su hogar y delante de sus hijos, según reportes periodísticos locales.
Luego habló de Delfina, una menor de edad, indígena Na Savi, de la comunidad de La Barca, del municipio de Cochoapa El Grande, fue privada de vida al amparo de la noche y la impunidad, en el lugar donde dormía.
Sostuvo que el asesinato de estas mujeres es sin duda lamentable, “pero más lo es que sobre estos hechos los gobiernos municipales de Copanatoyac, Tlapa y Cochoapa El Grande no se hayan pronunciado oficialmente y que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Mujer guarden silencio”, lo que, dijo, evidencia la falta de un Plan Emergente para frenar las acciones feminicidas contra nosotras las mujeres, como lo exige la Alerta de Violencia de Género.
Dijo que tampoco hay un plan sectorial que ponga freno a la inacción y omisión por parte de las autoridades, para atender un problema tan grave como lo son el feminicidio y la desaparición de mujeres.
Recordó a las autoridades ministeriales que todos los homicidios de los que dio cuenta, esos 4, en tanto muertes violentas de mujeres, deben ser investigadas como feminicidios y no como homicidios dolosos.
Lo anterior implica aplicar la perspectiva de género y un enfoque diferenciado, porque son mujeres, porque son indígenas y al menos en un caso, porque se trata de una menor de edad.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado: toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada de oficio como feminicidio, para tratar de identificar posibles connotaciones discriminatorias por razón de género, particularmente cuando el acto se enmarca en un contexto de violencia contra las mujeres en una región determinada, en este caso, La Montaña de Guerrero.
Bajo esta obligatoriedad legal, el máximo tribunal del país, ha establecido que las diligencias que se realicen deben poner especial énfasis en los motivos o razones de género que originaron la muerte de la mujer y entre las que se encuentran el que el homicidio haya sido ejecutado por su pareja o ex pareja sentimental, que se cuerpo haya sido exhibido, mutilado o que presente signos de abuso sexual, que haya antecedentes de violencia familiar, entre otros.
Además, sostuvo, que la eficacia de la investigación se relaciona directamente con las pruebas técnicas que realizan los peritos, por lo que resulta importante cuidar la escena del crimen, algo que pocas veces sucede, para determinar si el cuerpo presenta signos de defensa y lucha o violencia crónica anterior.
Llama a sus pares
Y dijo a sus compañeros y compañeras del Congreso, que se trata de un asunto realmente “alarmante e indignante” que hechos como los descritos solo haya una respuesta: el silencio y la omisión institucional, en un contexto creciente de violencia feminicida e institucional contra las mujeres.
El dato
Según datos del Secretariado Ejecutivo, en el último trimestre de 2022, se han registrado 229 feminicidos y 628 homicidios dolosos en todo el país, de los cuales dos feminicidios y 29 homicidios dolosos han ocurrido en Guerrero.
Para la diputada: “Estas cifras de entrada suponen un subregistro de los asesinatos de mujeres en este estado, cuando se comparan con registros periodísticos del estado que dan cuenta de la muerte y desaparición de mujeres casi todos los días”.
En zonas rurales e indígenas, como la Región de la Montaña, la omisión institucional parece aún más grave si estos registros se contrastan con cifras estadísticas de la ENDIREH (Encuesta Nacional Sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares) que señalan que 41% de las mujeres de zonas en donde se habla alguna lengua originaria en Guerrero, declara haber vivido al menos alguna agresión por parte de su esposo o compañero sentimental a lo largo de la relación de pareja, porcentaje 2.3 puntos mayor al del resto de zonas hablantes de alguna lengua del país.
Propuso al Poder Legislativo revisar el Plan Estatal de Desarrollo, “para que nos cercioremos que este documento, rector de la política de Bienestar para las y los guerrerenses, cuente con estrategias integrales para preservar la integridad y vida de las mujeres, así como con planes emergentes que eviten la repetición de hechos tan lamentables como los feminicidios a los que me he referido”.
Solicito a los tres niveles de gobierno, den información a la diputación “para conocer con detalle en qué consiste la Estrategia Integral de Justicia y Bienestar de las Mujeres y Niñas.”
Que expliquen: a qué obligan los acuerdos de colaboración con los gobiernos municipales, en el marco de la Estrategia. ¿Cuál será la participación del Gobierno del Estado? ¿Cuál es la aportación de la Federación, en la atención de un problema que, como se ha dicho desde la Secretaría de Gobernación, debe ser una tarea de Estado? Prevenir, Atender y Erradicar las violencias contra las mujeres y niñas de nuestra entidad, requiere de una acción coordinada con responsabilidades particulares para todas y todos, presupuestos definidos y acciones específicas.
Plantear como componentes de esta Estrategia: infraestructura básica; el acuerdo comunitario a través del diálogo con los representantes de las comunidades para erradicar los matrimonios forzados en las niñas y el fortalecimiento en la atención y apoyos psicológicos y acompañamiento legal, como se ha informado escuetamente, no es, ni ha sido suficiente para preservar su vida y mucho menos para garantizar su acceso a la justicia y su bienestar.
Hacer frente a la emergencia que representan las muertes feminicidas de las mujeres, particularmente de las más pobres, a las que el Estado y las instituciones que lo conformamos no hemos sabido garantizar los satisfactores mínimos: techo, comida, escuela y seguridad, de aquellas mujeres que no tienen el acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación, requiere de acciones emergentes que vayan más allá de la obligación de infraestructura básica;
Urge hacer de los municipios, lugares seguros para las mujeres y niñas; territorios con justicia y sin impunidad; con diálogo, pero sin dejar de sancionar los delitos que se cometan al amparo de los usos y costumbres y la omisión de las instituciones del Estado; reforzar las atenciones jurídicas y psicológicas de las mujeres y niñas que viven violencia es una obligación mínima; su prevención, como garantía de no repetición, es el reto de todos y todas.
