- Colectivas feministas lanzan campaña y exigen al Congreso del Estado legislar.
Gabriela Coutiño
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 13 enero del 2023.- Un autobús con un código QR que informa a las mujeres sobre su derecho abortar en cualquier instancia médica, recorre las calles de la capital chiapaneca como parte de la «Campaña Estatal por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito» que este jueves lanzaron activistas por los derechos sexuales y reproductivos de Chiapas.
La idea es informar que el aborto, es un derecho, en ciertos casos, y el Congreso del Estado «tiene la obligación de legislar con perspectiva de derechos humanos, armonizando las leyes con los tratados internacionales y con las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación», señalaron en conferencia de prensa colectivas feministas.
La campaña que tendrá una duración de tres meses, es alentada y apoyada por una docena de organizaciones, entre ellas la Campaña Estatal por el Derecho al Aborto en Chiapas, y la colectiva feminista universitaria Rosa de Luxemburgo, quienes manifestaron que «las mujeres tzotziles, tzeltales y Choles de Los Altos, abortan, pero lo hacen desde sus propias realidades y posibilidades».
En las comunidades indígenas de Chiapas, manifestaron, «es un tabú hablar de derechos sexuales y reproductivos, porque los usos y costumbres no lo permiten, negándoles incluso el acceso a métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva».
En esa región, explicó Rosario Grajales, integrante de Neuronas Colectivas Feministas Universitarias, se concentra un alto índice de embarazos en niñas y adolescentes, de entre 9 y 14 años pariendo por primera vez, muchas veces como producto de una violación, inclusive siendo sus propios esposos los violadores, porque son obligadas a casarse o a vivir con un hombre sin su consentimiento.
Patricia Sánchez de la Colectiva «Mi útero feliz», dijo que el Congreso del Estado, «tiene la obligación de legislar con perspectiva de derechos humanos, armonizando las leyes de nuestro estado con los tratados internacionales firmados por México y con las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
Agregó: «si se siguen negando a reconocer los derechos de las mujeres, buscaremos las instancias necesarias para acceder a la justicia reproductiva y a la autonomía de nuestros cuerpos y vidas; demandaremos a las autoridades corruptas que han obstaculizado nuestro acceso a los derechos humanos».
En un pronunciamiento conjunto, las activistas feministas, demandaron “mayor información en las escuelas, para dar a conocer el programa de aborto seguro que existe en los hospitales públicos del país, además de que cada una de las acciones se realicen con perspectiva de género para todas las mujeres».
Marisela Mendoza Gómez, de la Colectiva Todas las Mujeres que trabaja en el municipio de Palenque, insistió en que el aborto se debe despenalizar en Chiapas, «por todas las mujeres que aún siguen regidas por el sistema patriarcal de usos y costumbres; por las que están en condición de tránsito en nuestro estado, por las niñas y adolescentes y por todas las mujeres de los municipios; por todas las víctimas de violencia sexual y revictimización».
Y es que afirmaron que Chiapas, tiene una tasa de fecundidad más alta de toda la República, «lo que tiene una relación directamente proporcional con el rezago en áreas de salud y la educación».
«Somos la segunda entidad con la tasa de fecundidad en adolescentes más alta del país, incluyendo a niñas de entre 9 y 14 años. En nuestro estado ocurren el 7 por ciento de las defunciones maternas en todo el país de las cuales el 16 por ciento sucedieron en niñas y adolescentes».
Mientras que el porcentaje de muertes por aborto, el 21 por ciento, fueron menores de edad.
Las activistas feministas manifestaron que «el aborto es un tema de salud pública, porque el Estado al no reconocer ni garantizar estos derechos, propicia que las mujeres aborten en condiciones inseguras, que no cuenten con acceso a redes feministas, de parteras, y de acompañamiento, uno de los derechos básicos, como es el acceso a la información, es negado».
SEM/MG
