Congreso

Unas 5 millones de niñas y adolescentes son traficadas u obligadas; matrimonios forzados

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  • La Comisión Permanente del Congreso de la Unión urgió  al Gobierno Federal a rendir cuentas y actuar
  • El problema agudizado  en comunidades guerrerenses, oaxaqueñas, poblanas y chiapanecas. 

Libertad López

SemMéxico, Cd. de México, 26 de agosto, 2021.- Este día la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos llamaron urgentemente a los tres niveles del gobierno a que  atienda la problemática de venta de menores y adolescentes “con fines matrimoniales” y advirtió que se está en el escenario de un problema de trata, violación a los derechos humanos y violación sexual.

En las últimas semanas numerosos documentos,  reportajes, demandas y análisis en varias entidades del país, han mostrado que a pesar de la ley que prohíbe los matrimonios entre adolescentes, éstos continúan; son manipulados por el crimen y se han documentado  especialmente en la montaña de Guerrero; pero también en otras comunidades originarias donde ha penetrado una práctica que en el fondo es patriarcal y abusiva. Sin que intervenga eficientemente el gobierno.

De acuerdo con el INEGI, en México alrededor de 20 millones de habitantes son niñas y adolescentes, de las cuáles están en peligro de ser tratadas, casadas por convenio o abusadas sexualmente, poco más de 5 millones. Son ellas a las que es necesario proteger, según el documento de las y los legisladores, sobre el que fundamentan al gobierno a dar cuentas de lo que se está haciendo y por qué no han operado los programas y las acciones.

En  con un dictamen aprobado por unanimidad, la Comisión Permanente urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a resolver tan ominoso problema, puesto que se trata del 4.5 por ciento de la población de niñas y adolescentes en esta condición.

Este dictamen conmina  a las y los titulares de los poderes ejecutivos del ámbito federal, estatal y municipal, a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en los 32 estados de la República, a dar cuenta sobre las acciones  para prevenir, combatir y erradicar cualquier tipo de práctica que tenga como propósito la venta de menores o adolescentes para contraer matrimonio.

El dictamen es resultado de una serie de investigaciones legislativas, foros, análisis y hasta un parlamento abierto. Llegar al dictamen, al que dará seguimiento la nueva legislativa, fue posible a pesar de las resistencias. En el asunto, durante 3 años, ha estado sistemáticamente pendiente la Comisión de la Infancia que preside en el Senado, Josefina Vázquez Mota.  

Las y los legisladores precisaron que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar a niñas, niños y adolescentes, todas las condiciones de seguridad que protejan su integridad física, así como su desarrollo físico y emocional. 

Además, destacaron en un dictamen  que niñas y adolescentes del sexo femenino, se ven amenazadas por la trata de personas, conductas delictivas perpetradas en su contra por razón de género, con la finalidad de obtener ganancias de su explotación.  

El dictamen, que se aprobó sin discusión, expone que, en el mundo, cada siete segundos se obliga a una menor a casarse. Y que, en México, de no haberse dado la prohibición tendríamos una incidencia anual del 4.5 por ciento de niñas o adolescentes.  

Las y los legisladores enfatizaron que la aplicación de la ley en este tema presenta resistencias, debido a prácticas derivadas de usos y costumbres, mismas que ya tenían antecedentes de este tipo de problemáticas antes de la aprobación de la reforma de 2019, principalmente en comunidades guerrerenses, oaxaqueñas, poblanas o chiapanecas. 

La Permanente hizo un llamado a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía a promover una campaña de difusión en las empresas, para que alineen sus políticas de responsabilidad social de género. 

Además, externó su preocupación respecto de la necesidad de fortalecer las acciones necesarias que fomenten la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y con ello contribuir a implementar una perspectiva de género en los diversos sectores de la sociedad. 

El Estado tiene que prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, así como promover una perspectiva de género del más alto impacto, se acotó en el documento aprobado. 

La Permanente también exhortó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que, en coordinación con las autoridades de procuración y administración de justicia, implementen acciones urgentes que fortalezcan la formación y dignifiquen la labor de las y los intérpretes y/o traductores de lenguas indígenas en el sistema de justicia. 

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