Humillada e indefensa ante un poder que la acusa en lugar de defenderla
Nada ha sucedido con el oficial policial que agredió a funcionaria municipal.
SemMéxico, 28 mayo 2018.- A muchas personas ha indignado el abuso, que lo es a todas luces porque hubo violencia física, cometido por un oficial de policía boliviano contra una funcionaria municipal de La Paz, Bolivia, porque ésta le reclamó, en ejercicio de sus funciones, que estacionase bien el vehículo en el que se hallaba. ¿Qué pasa que en los estrados judiciales no lo ven así?
Hace unos meses que en las calles céntricas de La Paz, ciudad sede de gobierno, hay que pagar para estacionar y hacerlo además en los lugares señalados. De vigilar que se cumpla esa medida se encargan personas contratadas por el Municipio. Una de ellas es Yamile Cáceres que el jueves 24 de mayo, acompañada por la guardia municipal Brenda Daza, recriminó a un subteniente de policía por no estacionar correctamente el vehículo oficial. Él bajó del coche, la golpeó mientras ella gritaba que estaba embarazada y la detuvo. Con la cara hinchada y el labio roto fue puesta tras las rejas. Enmanillada, humillada, fue llevada al juzgado acusada de obstrucción policial, allí se dispusieron medidas sustitutivas y hoy tiene arraigo y debe presentarse cada 15 días ante las autoridades.
¿Algo le ha pasado al abusivo? Hasta este lunes por la mañana, nada, pese a las protestas que este hecho ha generado, más cuando lo ocurrido se ha filmado y se propagó por las redes sociales. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que “la violencia no puede tolerarse en ningún caso”, mientras que la ex ministra Amanda Dávila se mostró segura de que el presidente Evo Morales actuaría en este hecho. Estamos a la espera.
La lectura simbólica de este caso, sobre el ejercicio del poder y los métodos para dejar claro quién manda, es muy marcada en lo ocurrido, tanto el día de los hechos como en los posteriores y tanto en clave de jerarquías institucionales como en clave de género.
Una contravención contra la autoridad, cualquiera que ésta sea, debe ser sancionada ejemplarmente para que no vuelva a ocurrir, para sentar precedente y que nadie olvide. Entones está allí el simbolismo de ese labio partido, de esa mujer humillada y prácticamente indefensa ante todo un aparato de poder que la acusa en lugar de defenderla.
En la reacción del oficial de policía se evidencia su afán de afirmar quién manda allí, él es parte de una institución, la Policía, ella una funcionaria acompañada de una Guardia Municipal, que seguramente para él es una institución inferior. Además, él es oficial y ella una operaria de base que camina las calles vigilando que estacionen bien los vehículos. Por otra parte, él es hombre y ella y su acompañante mujeres. Mujeres, que seguramente a este oficial no le pueden decir nunca qué hacer, tal el machismo como se instruye habitualmente a las fuerzas del orden, policías, militares y sucedáneos.
Pero ¡¿Quién se ha creído que es, esta mujer?!! Habrá pensado el oficial puños largos y, al parecer, algo similar le habrá parecido al juez Armando Zeballos, al que la ley 348 contra todo tipo de violencias hacia la mujer en ese momento, al parecer, se le traspapeló.
Éste es un ejemplo de cuando se habla de que el machismo está no sólo en las mentes y acciones de las personas, sino que se hace sólido en actos normalizados y en instituciones que lo avalan, lo defienden y, por ello, lo reproducen.
A esta mujer, atrevida, hay que literalmente sentarle la mano. Ella asumió su rol, hacía su trabajo, un rol de autoridad sobre la calzada, sobre el lugar de aparcamiento, una autoridad que por pequeña que sea no se le permite. Es mujer y no puede mandar a aparcar bien a un hombre, menos a un policía. Hay que no sólo insultarla, hay que golpearla, luego humillarla públicamente y que quede judicialmente manchada. Tiene que aprender y la población con ella.
La Policía boliviana y la justicia podrían buscar simbólicamente limpiar su imagen con un hecho como este, sancionando inmediatamente al agresor y resarciendo a la víctima, porque ya está bien de tenerlas como las instituciones con mayor desprestigio en el país. Un poco más de vergüenza y más de justicia, señores.
