Congreso

Vacío legal en reproducción asistida ha permitido un mercado para el turismo de fertilidad

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  • Pide impulsar una regulación sobre la reproducción humana asistida en el país: Olga Sánchez Cordero
  • Por medio de las redes sociales, en CdMx reclutan a mujeres pobres, con el fin de explotar su capacidad de gestación.

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de junio del 2022.- Con el argumento de evitar un mayor aumento y diversificación de prácticas perjudiciales en laboratorios o clínicas clandestinas que ponen en riesgo la salud de la población, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, pidió impulsar una regulación sobre la reproducción humana asistida en el país, con visión de Estado y de salud pública en el marco de los Diálogos Parlamentarios. 

Ante ello, la coordinadora de la Clínica de Infertilidad y Andrología, doctora Patricia Aguayo, advirtió que el vacío legal que existe en torno al tema ha permitido generar un mercado para el turismo médico reproductivo, a través del cual, muchas parejas viajan desde otros países al nuestro, porque en sus lugares de origen dichos métodos se encuentran prohibidos.

Agregó que se trata de un tema muy delicado y con muchas aristas, por lo que se debe hacer un primer esfuerzo por tener una norma oficial, para resarcir un vacío legal que permita regular los establecimientos en la materia y así dirijan su actuación con apego a derecho.

Por su parte la senadora Sánchez Cordero mencionó que desde hace casi cuatro décadas, se encuentran disponibles técnicas de reproducción humana asistida, fundadas en evidencia científica, que han permitido a millones de personas cumplir su anhelo de tener un bebé y de ser padres. Sin embargo, la legislación en la materia aún es muy precaria en varios países y México no es la excepción.

En opinión de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, resulta pertinente impulsar una regulación que contemple los temas de salubridad general, la infertilidad humana y los métodos alternativos. 

También recordó que, desde hace tres años, presentó una iniciativa para agregar una fracción V Bis al artículo III de la Ley General de Salud, con el objetivo de que este tema sea materia de salubridad general. Contempla una forma integral la modernización y protección de los derechos de la mujer y de las parejas en esta materia.

Detalló que se tiene información de que se practican anualmente 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida, como la inducción de ovulación, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de óvulos fecundados o la transferencia intra tubárica de gametos.

El presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, dijo que las leyes sobre este tema deben estar basadas con un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de género y en equilibrio con el progreso científico. La falta de regulación en este tema impacta tanto a las personas que se someten a los tratamientos, como a los profesionales que los aplican, pues se carece de seguridad jurídica en este ámbito. 

Espino de la Peña indicó que, entre 2003 y 2020, aumentó 160 por ciento el número de establecimientos privados y públicos, con licencia sanitaria, para practicar y llevar a cabo estos métodos. 

En tanto, el doctor Alfonso del Valle expresó que se requiere de una ley incluyente para resarcir las necesidades de todas y todos los que sufren infertilidad, independientemente de su estado civil, sexo u orientación sexual; proteger y promover la salud, seguridad, dignidad y derechos de los que usan estas tecnologías y de aquellos que nacen de ellas.

Cabe recordar que este es un tema polémico y organizaciones como la que preside  Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATLAW) han advertido que México se podría convertir en un paraíso de la explotación reproductiva de las mujeres.

En otro foro legislativo, realizado en febrero de este año; se alertó que en la Ciudad de México, el negocio se promueve a través de anuncios en las redes sociales, con el fin de reclutar a mujeres pobres y explotarlas usando su capacidad de gestar. En estas agencias reclutadoras están involucrados médicos, abogados, hospitales y notarios.  Sostuvo que no sólo hay trata de personas, sino delincuencia organizada y tráfico de niñas y niños.

Tan solo del 2002 al 2016 se ha intentado legislar a nivel federal en 18 ocasiones. En los estados de Tabasco y Sinaloa, está permitida. Se prohíbe en Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila.

SEM/MG/MM

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