Dulce María Sauri Riancho (*)
SemMéxico. Cd. de México. 5 de agosto, 2020.- El desabasto de medicamentos se ha vuelto uno de los aspectos más lacerantes en estos meses de pandemia del Covid.
Atender la emergencia demanda un suministro estable y oportuno de medicinas, insumos y equipos médicos de calidad que, hasta la fecha, con mil razones y pretextos, no ha logrado garantizar el gobierno de la república. En esta situación de grave necesidad, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados analizó la propuesta de reformar la Ley de Adquisiciones para darle al Ejecutivo la posibilidad de comprar medicinas y vacunas en el extranjero.
Decidimos que no podíamos escatimar nuestro voto si se trataba de coadyuvar en la solución de un asunto de vida o muerte para miles de personas. Con este claro mandato de mis compañer@s, voté en la Comisión Permanente por un periodo extraordinario de sesiones el pasado miércoles.
Por aprobación del Congreso, el gobierno federal podrá realizar compras en el extranjero sin licitación. Pero solamente a través de lo que se denomina “organismos intergubernamentales internacionales”, como son la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Existía el antecedente del convenio firmado con la OPS, en 2019, que permite al país el acceso al fondo rotatorio y los fondos estratégicos de la ONU y de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS). En ambos casos, estas organizaciones internacionales negocian en condiciones ventajosas la compra consolidada de medicamentos en cualquier parte del mundo donde se garantice calidad y precio. Y lo más importante: incluye la vacuna contra el Covid-19 cuando esté lista.
La industria farmacéutica ha sido “el villano favorito” del presidente López Obrador. Recién iniciado su gobierno, una de las medidas fue concentrar todas las adquisiciones de medicamentos e insumos para la salud en la Secretaría de Hacienda (SHCP), haciendo a un lado a las autoridades de Salud.Desde su púlpito mañanero una y otra vez acusó —y sigue acusando— de corrupción a las distribuidoras de medicinas y se descalificó a una de las empresas farmacéuticas mexicanas más reconocidas (PISA), acusándolas de fallas en la fabricación de medicamentos para combatir el cáncer.
A la fecha, ninguno de los dichos presidenciales se ha traducido en expedientes que lleven los casos a los tribunales. El principal “logro” del gobierno fue desarticular lo que funcionaba medianamente, con fallas, sin duda, pero aseguraba el abastecimiento de medicinas en todo el territorio nacional, tanto al sector público como privado (farmacias, hospitales).Esta situación se combinó con la disolución, por decreto, del Seguro Popular (SP), afectando severamente la atención de la salud de más de 50 millones de personas.
El INSABI, su sustituto, nacido en enero de este año, no ha podido siquiera despegar, aun cuando la mayoría de Morena autorizó que se emplearan 40,000 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos del difunto SP para su arranque.Las urgencias de la pandemia agravaron el desorden que padecíamos y la descoordinación del sector salud ha elevado exponencialmente los costos humanos del Covid.El anuncio de la creación de una empresa estatal para distribuir medicinas —ya la llaman la Conasupo de los medicamentos— aumenta el grado de incertidumbre sobre el futuro inmediato.Comprar cientos de miles de productos para atender a millones de pacientes, con distintas enfermedades es en sí, sumamente complejo. Transportarlos oportunamente hasta los lugares donde se requieren, en condiciones de seguridad y manteniendo su calidad, es cuestión todavía más complicada.
No puede elevarse la temperatura, bajo el riesgo de perder su eficacia o de plano, intoxicar en vez de curar. ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos habrán de emplearse en esta nueva “aventura”? Y lo que es peor, no resolverá el problema de los tratamientos a la niñez con cáncer, a quienes viven con VIH-Sida, a los diabéticos e hipertensos, entre otros padecimientos.Es un contrasentido que, por un lado, el gobierno del presidente López Obrador luche por la autosuficiencia alimentaria y la soberanía energética y, por otro, vulnere a la investigación en salud y dañe a la industria farmacéutica mexicana.Y, otra vez, se escoge la opción catastrófica: en vez de corregir vicios y desviaciones en la distribución de medicinas, se inventa una empresa gubernamental para realizar una tarea que no conoce. A ver si no terminan las Fuerzas Armadas cumpliendo también esta tarea, en algunos meses.
La urgencia de combatir la pandemia lleva a tomar medidas de carácter temporal y transitorio en múltiples aspectos de la vida nacional. Una de ellas es la atención al abasto de medicamentos e insumos médicos. Pero lo inmediato no puede hacer a un lado la necesidad de contar con una industria farmacéutica en México, que cumpla con los principios constitucionales de Calidad, Seguridad y Eficacia en la atención a la salud.
Posdata. Mi voto a favor del periodo extraordinario pasado motivó que recibiera comentarios en las redes respecto a un posible tránsito partidista hacia Morena.Preocupadas expresiones de amig@s y descalificaciones políticas de otros que no lo son, les comparto mi respuesta: “Soy mujer de un solo marido (este año cumplimos 49 de casados) y de un solo partido (40 años de militancia). Hace tiempo tomé la decisión: sola, si pierdo a mi cónyuge; sin partido, si me abandona el PRI”.— Ciudad de México.
