- Hasta el momento es el único Estado que ha contemplado la violencia política de género como causal de nulidad de elecciones.
Redacción
SemMéxico/Billie Parker Noticias. Xalapa, Veracruz. 05 de Mayo de 2020.- La diputada local, Mónica Robles Barajas, participó en la videoconferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subsecretarios de Gobernación, coordinadores legislativos locales y el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, para exponer diversos aspectos en materia de violencia política en razón de género y paridad de género.
Al comienzo de su intervención, la Presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, afirmó que Veracruz es una entidad federativa vanguardia en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, el combate a la violencia política y el aseguramiento de la paridad en los cargos de elección popular.
En este sentido, aceptó que, con las reformas electorales a nivel federal, hay diversas áreas de oportunidad que se pueden modificar en la legislación veracruzana.
Mónica Robles recordó que Veracruz es el único estado de la República Mexicana que ha contemplado la violencia política de género como causal de nulidad de elecciones.
Asimismo, la legisladora aprovechó la videoconferencia con las autoridades de la Federación manifestó su interés respecto a la fecha límite para realizar adecuaciones a las leyes electorales, puesto que a nivel local el proceso comienza el próximo mes de noviembre y, según la normatividad, se tienen 90 días antes del comienzo del proceso de electoral para reformar el Código en la materia.
Es decir, Mónica Robles apuntó como urgente que se considere cualquier modificación al Código Electoral, en dado caso que existiera algún elemento o criterio de obligada observancia para desarrollar las elecciones de 2021.
Por otra parte, preguntó qué ente público se encargará de nutrir la Base Nacional de Datos de Violencia Política contra las Mujeres. En este cuestionamiento, la legisladora razonó que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales, los tribunales electorales de las entidades federativas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudieran trabajar de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el objetivo de que esta Base de Datos se encuentre lo más completa posible.
