Isabel Ortega Morales
SemMéxico, 5 de octubre, 2020.- El 2 de octubre no salieron a marchar por las calles grupos que año con año lo hacen para mostrar que la lesión de Tlatelolco no está cicatrizada. Como en es ya también la del 26 de septiembre con Ayotzinapa. En la Ciudad de México un mitin significó la fatal intervención del Gobierno Federal de 1968 contra los estudiantes mexicanos, y en entidades como Guerrero, se buscó seguir los protocolos de preservar la vida ante una epidemia que no ha salido de la emergencia.
Pero en CDMX un grupo si salió, un grupo de mujeres. Un grupo que ha crecido exponencialmente en número y en acciones radicales a partir de los oídos sordos ante sus voces que iniciaron con la petición de ser escuchadas para atender el problema de violencia y de feminicidios, y cuya respuesta ha sido el resguardo policiaco a su paso y el resguardo a monumentos públicos, incluido el Palacio Nacional, que no solo es un edificio histórico importante, sino también, la casa que habita el Presidente y su familia.
Hay un discurso distinto que envuelve a la sociedad en materia de atención a las mujeres. Mientras se radicaliza la distancia entre la voz y la escucha, también el Gobierno ha decidido poner distancia con este sector y lo hace a través de algo que ha sido uno de los esquemas de sometimiento: el económico y de criminalización a su sororidad.
La distancia que está marcando el Gobierno Federal lo marca en un rubro sustantivo: Anula diversos programas educativos en todos sus niveles, incluido la desaparición de programas para el aprendizaje incluyente y el desarrollo docente, así como en la educación inicial ya que se redujo en éste rubro en 4.1 % en términos reales, escuelas de tiempo completo, convivencia escolar, el de fomento educativo, etc.
Mientras el proyecto financiero privilegia programas como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, deja en futuro incierto a la población al anular la atención a grupos sociales, aunque privilegia atención a grupos de adultos mayores y becas para estudiantes, anula para mujeres apoyo a proyectos productivos que puedan incentivar su desarrollo económico y deja muy expuesto al sector salud y económico que queda expuesto ante la pérdida de empleos y por ende, de sus ingresos a la inseguridad, a la incertidumbre y a la pobreza.
Parece que hagan lo que hagan las mujeres en este tiempo la respuesta es contraria a su planteamiento. Se polariza su participación, se criminaliza su sororidad, y se emplea el poder mediático para descalificar su actuación. Si las mujeres no tienen fortaleza en su salud y en sus finanzas, si no hay garantías en su seguridad, si los avances alcanzados mediante lucha abierta, no por concesión gratuita, se pierden, los riesgos de inestabilidad social están en puerta.
No es gratuito que un grupo de mujeres se manifiesten y hagan volver la mirada a base de violencia, que intenta romper el dique de silencio y de indiferencia que ha encontrado.
Se tema a las mujeres y se estigmatiza a quien intente llamarse feminista. Se ha polarizado a la sociedad en su contra y se ha dejado fuera de la posibilidad de diálogo encontrar razones para atender sus demandas. Se criminaliza su solidaridad y se deja de crecer en una cultura de igualdad, respeto, fraternidad, sororidad.
