En pandemia, 782 asesinatos de mujeres con crueldad extrema: Causa en Común
Micaela Márquez
SemMéxico, Cd. de México, 12 de marzo 2022.- La violencia feminicida, las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, y la violencia familiar reflejan una realidad inaceptable que desafía a un gobierno donde se aplican políticas públicas sin impacto, y que solo busca ocultar la dimensión del problema con cifras falsas.
Se requiere un enfoque diferenciado para entender las necesidades en cada región del país, aplicar el enfoque de género en las políticas públicas, protocolos definidos que involucren a los tres niveles de gobierno; y donde los municipios no oculten información sobre aquellos feminicidios que no se reportan.
Es necesario que el Estado cumpla con su deber de proteger a las víctimas y sus familiares concluyeron las mujeres activistas que dirigen organizaciones de la sociedad civil y que Causa en Común reunió en el Foro “Violencia familiar y feminicidio en México”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
En lo que va del sexenio de diciembre de 2018 a enero de 2022, se reportaron los asesinatos de 8,540 mujeres, de los cuales 3,129 fueron clasificados como feminicidios. De igual forma, se reportaron 786,479 llamadas al 911 por violencia contra mujeres, según datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Causa en Común publicó en la “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos” que, de enero 2020 a febrero de 2022, se registraron en medios al menos 782 casos de mujeres asesinadas con crueldad extrema.
Los datos son alarmantes, OCNF
María de la Luz Estrada Mendoza, fundadora en 2007 del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) con presencia en 23 estados del país, refirió que al gobierno le resulta difícil reconocer las deficiencias en las políticas de atención, prevención y sanción de los feminicidios en todos los niveles de gobierno.
“El feminicidio es un desafío, las políticas públicas no están impactando y los datos son alarmantes”. Precisó que actualmente todos los estados tienen tipificado el tipo penal de feminicidio y el último en acreditarlo fue el estado de Chihuahua en el 2020.
De acuerdo a la información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 2011 al 2014 se registraron 10,360 defunciones femeninas con presunción de homicidios.
Sin embargo, el proceso de acreditación de feminicidio ha sido compleja. En el banco de datos de SESNSP, de 2015 a la fecha se cometieron 23,147 asesinatos de mujeres de los cuales 5,522 se investigaron como feminicidios.
Actualmente, en la mayoría de los estados cuentan con protocolos de investigación, pero la mayoría no están actualizados al nuevo sistema de justicia penal. Solo 4 estados cuentan con un Comité de Seguimiento de los casos que son Ciudad de México, Morelos, Colima e Hidalgo.
Señaló que es importante que las autoridades reconozcan los contextos diferenciados de la violencia contra las mujeres: en comunidades indígenas, hacia las mujeres migrantes o las mujeres que son violentadas por el crimen organizado.
Es la ciudadanía quien hace frente a esta problemática con campañas de prevención, asesorías —virtuales a partir de la pandemia– y guías para saber ¿Qué hacer ante la desaparición de una niña o mujer o un feminicidio?, detalló.
Mujeres en municipios alejados fuera de las cifras
Respecto a las cifras de la SESNSP la abogada feminista Ana Fátima López Iturrios señala que existen feminicidios que no se reportan además de que hay mujeres en los municipios que carecen de intérpretes y se encuentran en municipios abandonados, por lo que “las estamos dejando sin voz y fuera de las cifras.”
Niñas y jovencitas víctimas del “crimen autorizado”
Para Josefina de León Mendoza, fundadora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas (Redetam) las políticas públicas son una simulación y mayoritariamente se conoce de víctimas de trata del “crimen autorizado”, donde 25 por ciento de las personas desaparecidas son mujeres entre los 10 y 17 años.
Dijo que la grave crisis de violaciones a derechos humanos que se vive en Tamaulipas ha llevado a la población a adoptar un activismo forzado en un contexto donde la violencia está generalizada.
Obligación del Estado, las órdenes de protección
La maestra Flor Montes de Oca, coordinadora legal de Equis Justicia, agregó que es importante impulsar en México las reformas legales y la promoción de “órdenes de protección” para mujeres y niñas frente a la violencia de género. Este mecanismo preventivo favorece un derecho vital para garantizar una vida libre de violencia y una vía segura para prevenir agresiones. Asimismo, una obligación del Derecho Internacional que ha adoptado el Estado Mexicano.
Finalmente, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común manifestó que la violencia feminicida va más allá de los números, y refleja una realidad social e institucional inaceptable, en donde los asesinatos de mujeres no solo son comunes, sino que no generan mayor impacto en una sociedad indiferente al dolor y a la crueldad.
Apuntó que queda mucho camino que recorrer y que, sobre todo, después de tantos discursos y tantas leyes, queda mucha letra muerta a la que debemos darle vida.
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