A 17 años de la tragedia en Pasta de Conchos, las viudas viajan a la Ciudad de México

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Una lista infinita de viudas pide desde 1884 cuentas y cambios, más de 3 mil muertos

Este gobierno cambió la ley, pero sólo en el tema del litio, las concesiones son las mismas

Las mujeres, que esperan la promesa del rescate serán recibidas por la Secretaría del Trabajo

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 5 de febrero, 2023.- El día 19 de febrero se cumplen 17 años desde que la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, sufrió una terrible explosión por una acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina.

Este fin de semana un grupo de viudas de Pasta de Conchos, viajaron a la ciudad de México en busca del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y pedirle que se reanuden las labores en el rescate de los 65 mineros que permanecen atrapados en el desarrollo de carbón. Una promesa no cumplida.

Las mujeres solicitaron audiencia en Palacio Nacional, entregaron una carta de petición para que sus voces sean escuchadas, sin embargo, no las va a recibir, las canalizó a con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján y representantes de Comisión Federal de Electricidad.

Otras viudas se encuentran esperan en estos días recibir noticias sobre el resultado de la reunión que sostendrán sus compañeras de lucha con las autoridades federales. También las 10 que se sumaron, en agosto, a la enorme lista de mujeres que pierden a sus maridos, los carboneros, en una zona donde, desde hace décadas, las tragedias son cotidianas.

Hoy, como desde el primer día, familias de los 65 mineros caídos en Pasta de Conchos aquel 19 de febrero del 2006, se preparan para recordar a los obreros a través de una ceremonia litúrgica que se desarrollará al interior del desarrollo de carbón a fin de conmemorar el 17 Aniversario luctuoso la que enlutó a la Región Carbonífera.

¿Qué pasó?

La explosión en la mina, propiedad de la empresa Grupo México, del empresario German Larrea, el segundo hombre más rico de México, y anunciado como el comprador de CITIBANK, dejó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron salir; mientras que 65 mineros quedaron atrapados, murieron.

Con las noticias de aquellos años, reiteradas sistemáticamente, es importante resaltar que el lugar ya había tenido reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas y muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas anteriormente detectadas.

Claudia Maricela Escobar, Rosa María Mejía e Hilda Farías, tres de las viudas que desde que sucedió la tragedia han luchado para lograr el rescate de sus esposo o queridos parientes, partieron desde el martes a la Ciudad de México, sin descanso, como hace 17 años. Llegaron a Palacio Nacional y dijeron a SemMéxico que no las recibirá Andrés Manuel López Obrador.

Están acompañadas por la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPdC) que surgió e en el año 2006, a raíz del siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, situada en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, y gestionada por la empresa Grupo México.

La larga historia de pesares y sin justicia

En 1969, una explosión se llevó la vida de 153 mineros del carbón, en Barroterán, Coahuila. Dejó a viudas, a hijos e hijas sin piso ni techo. La tragedia fue conocida mundialmente. Miles de apoyos llegaron a la región carbonífera, pero nunca fueron entregadas a las familias.

Una investigación de la maestra Sandra Arenal narró esa desgracia, los abusos y robos. Pero también dio testimonio de las condiciones de trabajo de los carboneros, situación semejante a las conocidas estos días. Las máquinas de coser para las mujeres nunca llegaron, ni las ayudas económicas, pero ellas, neciamente se quedaron. Tuvieron nuevos maridos y nuevos hijos que iban a las minas. Es como si algo retuviera a las familias carboneras en ese espacio de muerte y desazón.

Se estima que a lo largo de la vida activa de esa zona –que data de 1884–, al menos 3 mil 100 trabajadores de las minas han muerto debido a tragedias como la de Pasta de Conchoso o El Pinabete, que se han repetido en numerosas ocasiones.

La minería de carbón “es la que mayor cantidad de vidas humanas cobra” y en municipios como Sabinas, Nueva Rosita, Palaú y Barroterán, entre otros, se otorgan concesiones incluso a “empresas fantasmas y proliferan las explotaciones clandestinas de carbón, en las que ha llegado a participar el crimen organizado”, señala el libro Así se ve la minería en México, editado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai).

La contabilidad de las explosiones en 2007 fue de 116 en cien años, pero el número de inundaciones en los llamados pozos es indefinido, como sucedió en agosto en el Pinabete, sin rescate, ni explicación hasta hoy. Esos hoyos son la forma más elemental de la explotación del carbón y la más arriesgada. Le llaman minería artesanal. Las viudas corren de sus casas a mirar en cuanto hay alguna alarma. Lo hacen automáticamente; como ellas dicen: “Siempre con el Jesús en la boca”. Y una y otra vez la historia se repite desde 1884.

La condición laboral es la que más sorprende. Ahora, el gobierno mexicano tiene una reclamación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las violaciones a los convenios 102 y 155, sobre los derechos a la seguridad social de los carboneros, sin contratos, sin condiciones laborales decentes.

Apenas, el 12 de julio, el director de la OIT, Guy Rayder, estuvo en México, y le advirtió al gobierno de la 4T que tiene hasta el 22 de septiembre próximo para responder a las violaciones, ya que los convenios están ratificados; uno, de 1952 y otro, de 1981. Han pasado 5 meses y el gobierno federal está en silencio.

Pero también hay un acuerdo de la Cámara de Diputados (2006) para regular las concesiones de esos “pocitos”, por lo salvaje de sus prácticas, propias del siglo XIX, con concesiones fundadas en la Ley Minera de 1992, durante la firma del Tratado de Libre Comercio, donde lo esencial, en “terreno libre”, es asegurar el carbón para las carboeléctricas. Hoy, el gobierno hizo cambios a esa ley, pero sólo en materia de litio, lo demás está intacto.

Por ello, en la región carbonífera la tristeza es larga. El obispo Raúl Vera ha dicho reiteradamente, desde que se solidarizó en 2006 y le ha dado seguimiento al problema, que hombres y mujeres en esa región solo tejen su resignación.

De 1884 a 2007 se contaron mil 600 muertos, mil 600 viudas, quienes recibieron migajas de pensión. Por eso es que hoy está acusado México por la OIT. Lo que sorprende a muchas personas, es que los hijos de las viudas siguen de carboneros, también sus nuevos maridos, y ellas, eternamente sometidas, tratando de limpiar el hollín que lo puebla todo, respirando cotidianamente ese negro polvillo.

La inundación de Pinabete, en agosto pasado se encadenó a una realidad que bien conocen las autoridades. Nuevas viudas en las pantallas, contando exactamente lo de siempre. Es como el gobierno de antes. Más de un funcionario, ante las explosiones o inundaciones, aparece, se toma fotos, habla de rescates y ayudas.

Es como si en esos nublados soles, con casas grises y criaturas ennegrecidas, nunca nada cambiara. La lista es interminable. Pueblos carboneros de hombres y mujeres abandonados y burlados. ¿El Sindicado? Bien, gracias. El jefe, morenista, Napoleón Gómez Urrutia, se duele: “Es terrible”, y nada. Se quedan las viudas mirando pasar el tiempo, esperanzadas, ahora vienen las de Conchos (2006), por el ofrecimiento de rescatar los cadáveres, sin cambios en la ley.

Situación permanente

El 6 de agosto de 2022 se constató, como en toda la historia, que los mineros no están dados de alta en una nómina, no tienen seguro social ni acceso a vivienda y lo único que reciben cada sábado es un sobre con el dinero que lograron durante una semana de trabajo, dinero que se entregó a los familiares de los mineros desde la inundación del Pinabete, atrapados en el pozo de carbón La Conchita, que se inundó el 3 de agosto de 2022.

“Todo lo van apuntando en una libretita, como en el siglo pasado, como cuando había rayas, así es como trabajan nuestros carboneros”, testimoniaron los familiares que desde hace 5 meses esperan noticias del rescate.

Carolina Guadalupe Álvarez Oviedo es la esposa de Jorge Luis Martínez Valdés, uno de los diez trabajadores del carbón que siguen atrapados señala que a su marido no le daban servicio médico, ni recibos de nómina que avalen que era trabajador del pozo de carbón y por consecuencia no tenía derechos ni prestaciones laborales.

“Siempre fue (el pago) en sobre. Ellos (los carboneros) nunca han recibido una tarjeta, una nómina, nunca. Siempre ha sido en sobre, todo en sobre. Igual es, tonelada que eches, tonelada que te van a pagar”, detalló.

Históricamente las empresas explotadoras del carbón, en manos de capital privado, nunca fueron investigadas ni se les responsabilizó por no dar seguridad a sus trabajadores. Ahora tampoco.

Las mujeres, de golpe, se vuelven responsables únicas de sus familias, ni siquiera tienen idea precisa de para quién trabajaban sus esposos, cuánto ganaban, cuál indemnización podría corresponderle y si tienen algún derecho. Tras la explosión de Pasta de Conchos –donde murieron 63 mineros- en   2006, se esperaba un cambio de ley, pero esta administración, hizo cambios sólo para el litio, la “tierra” libre, continúa eso, libre, para las concesiones. Y sólo hay 18 inspectores en toda la cuenca, de 100 kilómetros a la redonda.

¿Cómo son los “pocitos”?

Los trabajos se hacen a destajo, los mineros carecen de seguridad social y su empleo es frágil. Migran de las grandes plantas a los llamados “pozos”, por la edad, su estado de salud (pulmones afectados), o la necesidad, porque en los pozos ―aparentemente― se gana más dinero y con mayor rapidez. Los pozos son hoyos excavados precariamente sobre las galerías abandonadas de viejas minas industriales.

La extracción ha generado una cadena de complicidades y corrupción infinita, contó hace algunos años el historiador de la zona, Ramiro Flores, y aseguró que, por accidentes, siniestros o equivocaciones en la explotación artesanal de los pozos, en los últimos 45 años, han muerto más de 1900 mineros, cifra similar a los fallecidos en 100 años en las grandes explosiones.

De los hoyos excavados precariamente en las galerías abandonadas de las viejas minas industriales, mal llamados pozos, se extraen las migajas que dejaron las grandes empresas antes de la década de los noventa del siglo XX.

Hasta ahora, porque dice la agrupación Familia Pasta de Conchos, “nada ha cambiado”, los pequeños propietarios y los burócratas, se benefician de la mitad de la derrama económica, la empresa estatal, Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila, actúa como intermediaria, adquiere el carbón de “empresas fantasmas” y cobra 10 o 20 centavos de dólar por tonelada. Se sospecha complicidad con las autoridades locales y hasta de la Comisión Federal de Electricidad.

Los Carboneros

A los trabajadores de los pozos se les conoce como carboneros. Constantemente respiran ese polvo, sin mascarillas, sólo cubiertos por la toalla que llevan todos los días para secarse el sudor. Dentro de estos pozos también hay gas metano que, de vez en vez, produce explosiones, como en “La Morita”, donde perecieron 12 mineros en 2001.

El también maestro narró, entonces, una injusticia mayor: la de la explotación de carbón en minas artesanales, verdaderos pozos “de muerte”, donde no hay técnicas ni herramientas y, menos aún, protección. De ahí que el peligro sea mayor y no exista autoridad que controle o vigile.

A pesar de que un decreto los prohibió, el negocio sigue. Tampoco se ha modificado en el tema de concesiones y permisos para abrir esos pozos, en la Ley de 1992 que sigue vigente, como se afirma en el último análisis que hizo la Secretaría de Economía, en 2021.

La narrativa de hoy

 A decir de algunos de otros familiares que también esperan ansiosos algunas noticias sobre sus carboneros atrapados en el pozo desde hace 5 meses, el sueldo que llegaban a percibir a la semana era de dos mil hasta cinco mil pesos, de acuerdo con la producción de carbón que se lograba durante las extenuantes jornadas debajo de la tierra, donde trabajan encuclillas y con el peligro constante de inundaciones.

De acuerdo con el presidente y secretario general del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, hay alrededor de cinco mil trabajadores mineros en la región carbonífera de Coahuila en minas en condiciones inseguras e “inhumanas”.

El también senador por Morena acusa que cada vez que su central obrera busca sindicalizar a los carboneros, los dueños de inmediato cambian las minas, cierran o despiden a los trabajadores. “Son casi como trabajadores temporales, sobreexplotados, con salarios muy bajos y en condiciones indignas”.

Añadió que estos pozos de carbón ni siquiera se pueden considerar minas propiamente dichas, porque no tienen ninguna condición de seguridad adecuada para proteger la vida de los trabajadores.

“Siempre ha sido mucho riesgo esto, mucho riesgo para enriquecer a otras personas y perder la vida o arriesgar tanto la vida por nada”, reiteró Carolina Álvarez, quien espera noticias del rescate de su esposo.

El Pasado

Entre 1884 y 2007 murió un minero cada tres días en la Cuenca Carbonífera de Coahuila, a 1200 kilómetros de la capital de la República, en un paraje de más de 100 kilómetros a la redonda, semidesértico y de clima extremo, donde la hulla lo puebla todo y el diminuto polvo de carbón se mete en oídos, garganta y nariz.

En el lapso de esos más de 100 años, se registraron oficialmente 116 explosiones, en las que murieron entre tres y 153 trabajadores en cada una, un total de 1600 mineros. Y se calcula la muerte de un número similar por siniestros y fallas de las minas, entre otras causas muy diversas. Siete años después nada ha cambiado.

De los hoyos excavados precariamente en las galerías abandonadas de las viejas minas industriales, mal llamados pozos, se extraen las migajas que dejaron las grandes empresas antes de la década de los noventa del siglo XX.

Alas mujeres, la tragedia en la mina las suele dejar sin hijos y maridos, sin cuñados o hermanos, al mismo tiempo

En la Cuenca Carbonífera no hay trabajo femenino. Las empresas maquiladoras que buscaban mitigar la crisis de la década del ochenta, cuando minas y empresas siderúrgicas fueron cerradas, no representaron una alternativa atractiva por sus bajos salarios, la lejanía del lugar y los cierres sin previo aviso.

De cara al futuro, no hay muchas ilusiones. Todos los testimonios de quienes quedaron viudas por los siniestros de 1969 a 2007 señalan que su promedio escolar es de cinco años de primaria. Algunas, como Silvia Verónica Cruz, lograron llegar a la escuela secundaria. Elvira Martínez estudió para contadora privada.

La permanente lluvia del polvo de carbón, que lo ensucia todo, obliga a las mujeres a jornadas domésticas extenuantes, de hasta 18 horas, lo que se complica por la escasez de agua y los turnos de trabajo discontinuos de esposos, hijos o hermanos mineros, pues ellas son las responsables de preparar el “lonche” (la comida que ellos llevan todos los días a la mina).

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