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A nivel municipal se presenta el mayor desafío, sólo hay 14.2 por ciento de presidentas: Lorena Cruz

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Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 28 agosto 2017. Senadoras de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), destacaron que los retos del proceso electoral de 2018 son eliminar la violencia política de género y garantizar el principio de paridad.

Así lo señalaron al inaugurar el Seminario-Taller ‘La paridad de género rumbo al 2018’, organizado por el Senado de la República y el TEPJF; donde la senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, advirtió que en la víspera del proceso electoral los riesgos son la violencia política de género y la amenaza de la simulación mediante la figura de las juanitas en el otorgamiento de candidaturas.

Por lo que, sostuvo, se requiere ampliar el principio de paridad reconocido por la Constitución federal, no sólo en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos locales, sino para el tercer orden de gobierno.

De igual forma, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del INMUJERES, destacó que las elecciones del siguiente año representarán un reto para los órganos electorales y para las mujeres, ya que deberán ser unas elecciones incluyentes, limpias, justas y paritarias.

Para ello, recordó que el INMujeres, TEPJF y el INE crearon el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, mecanismo para la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la paridad, de la permanencia de las mujeres en los puestos de elección y en la toma de decisiones; además, informó que serán creados observatorios locales en todo el territorio nacional.

A nivel municipal, indicó, se presenta el mayor desafío, pues actualmente sólo hay 14.2 por ciento de presidentas municipales, “en 2018 esta cifra tiene que cambiar significativamente”, “las mujeres mexicanas buscan la paridad en todas las esferas de la vida pública y privada, y ejercer todos los derechos con plenitud y libres de Violencia”.

Al lamentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado eliminar de la Constitución de la Ciudad de México un par de artículos, entre los que se encontraba la violencia política de género como causal de nulidad de elecciones, afirmó que “aún tenemos tiempo de incidir en el tema”.

“Ya no estamos dispuestas a callar ni a sufrir ningún tipo de violencia por participar. La paridad no es una dádiva, es un derecho exigible y obligación ética para enfrentar la impunidad, corrupción, injusticia e insensatez política”, lo que hace falta en México es que se “cumpla la ley como debe ser”, para que logremos que se respeten los derechos políticos electorales de las mujeres, apuntó.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, adelantó que “vamos a hacer nuestro último esfuerzo para modificar la Constitución” y establecer la paridad no sólo en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos locales, sino en el tercer orden de gobierno, “pero hay muchas resistencias” que se pueden vencer con las alianzas conformadas con legisladoras de todos los partidos políticos, dijo.

Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solicitó a la legislatura a no cesar “en su anhelo de impulsar la paridad de género al interior de sus institutos políticos, porque una democracia sin paridad de género es una democracia a medias”.

Sostuvo que frente a la elección de 2018, los partidos políticos están divididos para ver quién gana, pero deberían estar unidos en lograr que triunfe el principio de paridad de género, porque “los fundamentos de este son el derecho humano a la igualdad entre hombres y mujeres, y también el derecho humano a una vida digna”.

“Se trata de que los mismos partidos sean los motores del cambio, que impulsen con convicción la paridad de género en todas sus representaciones y puestos directivos”.

A su vez, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), destacó que para eliminar la violencia política de género hace falta la aprobación de las normas que sobre el tema se encuentran pendientes en la Cámara de Diputados, y también establecer el tipo penal de violencia política en contra de las mujeres.

Desde 2015, puntualizó, se presentó “un problema de violencia política en contra de las mujeres que no podemos soslayar ni minimizar” y es importante eliminar ese lastre para mejorar la calidad del sistema democrático.

El fiscal afirmó que en el tema de paridad no basta con que las mujeres accedan a las candidaturas, sino que tengan más posibilidades de llegar al ejercicio del poder real y de competir por los cargos en los lugares de mayor trascendencia política.

Mónica Maccise Duayhe, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, destacó un estudio que la instancia electoral realizó en 2016, el cual señala que los principales obstáculos para las diputadas federales de acceder a la toma de decisiones es la conformación androcéntrica de las jerarquías de los grupos parlamentarias, pues están mayoritariamente integrados por hombres.

Coincidió en que se debe llevar a cabo un esfuerzo constante por mostrar los beneficios de la paridad al interior los partidos políticos, democratizar el espacio de lo doméstico y eliminar los estereotipos para que los hombres se incorporen a esas tareas.

A su vez, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, manifestó que la paridad se trata de un derecho que no está a discusión, “democracia paritaria ya, sin adjetivos, así como se oye, completito todo lo que corresponde a las mujeres, ya sean jóvenes, indígenas, mujeres de la tercera edad, con alguna discapacidad o que pertenezcan a otro sector de la población”.

La senadora Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que se necesita paridad, no por la clase política, sino porque se quiere hacer una política real.

Al participar en la Mesa 1, ‘Los derechos políticos de las mujeres y la paridad de género. Experiencias institucionales’, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, indicó que las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral en materia de paridad de género han puesto en evidencia las prácticas reiteradas de los partidos políticos de cumplir con las cuotas sin incorporar una visión de redistribución de oportunidades entre géneros real.

Actualmente, dijo, existe un esfuerzo reiterado del órgano jurisdiccional por enderezar esas prácticas a fin de igualar las oportunidades de acceso al poder político y no sólo de cumplir con un registro cuantitativo de 50-50 de candidaturas.

Finalmente, subrayó que “la paridad es un principio que exige un nuevo entendimiento del poder y el ejercicio de la política, ya que se trata de impulsar un poder público compartido igualitariamente entre hombres y mujeres”.

SEM/am/lr

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