- Acuerda otras reformas enviadas a la Cámara de Diputados y plantea que en el gobierno se evite la revictimización o violencia institucional.
- Piden perseguir de oficio cuando haya lesiones en los cuerpos de las mujeres y modifica lenguaje.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de marzo del 2023.- En torno al 8 de marzo, en el Senado de la República apuraron discusiones y acuerdos para promover nuevas reformas legislativas favorables a las mujeres, en el rubro de la violencia feminicida.
De este modo y no obstante que la sesión del 8 de marzo quedó trunca, a partir del día 14 de marzo, se apurará la agenda, una que tiene en el tintero otras reformas aprobadas en la Cámara de Diputados, incluido el Sistema Nacional de Cuidados. Un rezago, que se promete, se atenderá en las próximas semanas.
Sistema de Responsabilidades en el Servicio Público
Las y los senadores aprobaron un proyecto que tiene como objeto implementar un sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas, para que cumplan con la debida diligencia en sus actuaciones y eviten conducirse de forma discriminatoria al momento de atender a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia.
Pretende dotar al Estado de mecanismos y disposiciones legales suficientes, que garanticen la reparación integral del daño a las personas víctimas de violencia de género, y contar con procedimientos ágiles para denunciar a los servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones.
Las y los senadores le hicieron modificaciones a esta minuta que envió la Cámara de Diputados, en materia de lenguaje incluyente y no sexista, para modificar el término de “violencia de género” por “violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas”.
Al presentar el dictamen, la senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, explicó que el proyecto también contempla que, para la integración de los órganos internos de control en la función pública, se deberá de observar la paridad de género y que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se aplique el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, abundó que con las modificaciones legales se incluye como una responsabilidad de los órganos internos de control, la prevención, respeto y prevención de los derechos humanos con perspectiva de género y se estipula, como falta administrativa, no realizar procedimientos de investigación en el menor tiempo posible cuando se trate de violencia de género. El proyecto se devolvió a la Cámara de Diputados.
Proyecto para tipificar lesiones cometidas contra mujeres por razón de género y se persigan de oficio
Otro proyecto aprobado en la cámara alta, es el proyecto de decreto para reformar el Código Penal Federal, con la finalidad de tipificar las lesiones cometidas en contra de las mujeres, por razones de género, y para que estos delitos se persigan de oficio.
El proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 85 Bis fracción I, inciso e) y 310 del Código Penal Federal se devolvió, con modificaciones, a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
El dictamen establece que las lesiones se considerarán infligidas por razones de género cuando se cometan dolosamente en contra de una mujer, cuando sean infamantes o degradantes; y existan antecedentes o datos de violencia física, psicológica, económica o sexual en el ámbito familiar, institucional, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima.
Cuando la víctima haya sido incomunicada; se haya utilizado cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares; y en caso de que entre el sujeto activo y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.
Asimismo, señala que se deberá de garantizar en todo momento la incorporación de la perspectiva de género tanto en la reparación integral del daño como en el otorgamiento de las medidas de protección contenidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Al presentar el dictamen ante el Pleno, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el “Estado debe ejercer un mayor reproche respecto de aquellas conductas de violencia física que sean cometidas en contra las mujeres en razón de su género, cuando la intención de las personas agresoras no sea privarlas de su vida, pero sí generar secuelas físicas y psicológicas”.
Por Acción Nacional, la senadora Xóchitl Gálvez Ruíz consideró que se deben cambiar las políticas públicas con relación a la atención y seguimiento de la violencia que sufren las mujeres; “que se implementen las leyes aprobadas por el Legislativo, porque además no hay capacidad presupuestal para dar seguimiento a las denuncias”.
La senadora priista Claudia Edith Anaya Mota destacó que es importante que las mujeres se sientan seguras y la única manera de lograrlo es que tengan acceso a una justicia pronta y expedita, por lo que no solamente se debe legislar, sino asegurar que en la cadena de procuración de justicia exista la suficiencia presupuestal y capacitación del personal.
La senadora María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, pidió contar con sanciones más severas para que las autoridades puedan combatir la violencia contra las mujeres, mientras que la legisladora petista, Geovanna Bañuelos de la Torre, señaló que las agresiones y lesiones por razón de género no deben ser toleradas, ya que la tolerancia de este tipo de actos lleva a la impunidad.
Llamado a Fiscalía General a actuar con perspectiva de género en investigación de delitos contra mujeres
En un punto de acuerdo que se presentará al pleno del Senado, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre llama a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en los estados, a apegarse a los protocolos de perspectiva de género en la investigación de delitos cometidos contra las mujeres y, de ser el caso, se tipifiquen como feminicidios.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pide además dar celeridad a los procesos y llevar ante la justicia a los responsables, así como priorizar la atención en aquellas localidades donde exista declaración de Alerta de Violencia de Género.
Conmina al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a fortalecer los programas continuos de capacitación de servidores públicos para que actúen con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres.
La legisladora lamenta que la violencia contra las mujeres esté permanentemente presente y no discrimina por edad, ni condición social. El 70.1 % de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021.
Respecto a los homicidios y feminicidios en 2022 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró tres mil 754 muertes de mujeres por homicidios dolosos, de los cuales 947 fueron catalogados como feminicidios; es decir, en promedio cada dos horas, una mujer es asesinada y representa el 25.22 % del total nacional de homicidios dolosos registrados.
La entidad con más asesinatos de mujeres, tomando en cuenta tanto los homicidios dolosos como los feminicidios, es Guanajuato, donde se registraron 413 homicidios dolosos y 21 feminicidios en 2022. El Estado de México contabilizó el mayor número de casos de feminicidio con 138, seguido de Nuevo León con 102 casos y Ciudad de México con 73 casos.
Geovanna Bañuelos lamenta que, pese a los avances en los mecanismos legales para el combate a la violencia ejercida contra las mujeres, los casos de violencia siguen adelante y muchos impunes.
Dictamen para impulsar mayor participación laboral de las mujeres aprobado por el Senado
El Pleno del Senado aprobó un dictamen que plantea que el Comité Nacional de Productividad impulse la participación laboral de las mujeres y personas jóvenes, en términos del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, dictamen que fue enviado a la Cámara de Diputados.
Las mujeres aún enfrentan una serie de obstáculos dentro y fuera del mercado laboral, que impiden acceder a este, como desigualdad salarial, acoso y hostigamiento laboral, y diversas dificultades para empatar sus actividades de cuidado, así como la inseguridad que afecta especialmente a esta población, la violencia contra las mujeres, el acceso a la educación, entre otros.
De acuerdo con información aportada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el aumento laboral de las mujeres ha sido muy lento, pues a pesar de que en 2022 la mayoría de la generación de empleos fue en beneficio de las mujeres, esta población solo representa el 39.9 % de la población ocupada, mientras que la población masculina representa el 60.1 % restante.
La reforma a los artículos 11 y 12 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, también busca que los sectores económicos y regiones específicas del territorio nacional, utilicen un enfoque de derechos humanos, de género, de interseccionalidad e interculturalidad, para comprender la diversidad de realidades de las poblaciones y espacios en el país.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que con esta reforma el Comité Nacional de Productividad promoverá la participación laboral de las mujeres, además de que se homologan las denominaciones para utilizar un lenguaje inclusivo, que ayude a mejorar la forma en que se dirigen las personas entre sí. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados.
Mientras que la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, aseguró que es fundamental impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, con un enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad.
Respalda Senado reforma para incluir educación con perspectiva de género en programas de estudio
Para que la Secretaría de Educación Pública incluya en planes y programas de estudio, el derecho de mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia e impartir una educación con perspectiva de género, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción XII del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se remitió al Ejecutivo federal.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, destacó que, al educar con perspectiva de género, se brindará una mejor enseñanza y disminuirá la brecha de desigualdad que hay en el acceso a la educación para las y los menores.
Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que la violencia escolar por razones de género es un problema latente que afecta a millones de menores. Este tipo de violencia, agregó, se caracteriza por maltrato sexual, físico y psicológico, que se practica en diversos planteles escolares del país, por lo que con la aprobación de este dictamen ayudaremos a construir un futuro con más información y mejores herramientas para poder enfrentar la violencia.
La priista Nuvia Mayorga Delgado expresó que con estas acciones se evitará legislar y modificar constantemente leyes para incrementar penas por feminicidios y agresiones contra niñas y mujeres, por lo que, si se trabaja en la prevención, se educará mejor a las nuevas generaciones, para que desde pequeños sepan y estén conscientes que hay igualdad entre hombres y mujeres.
SEM/MG
