Existen solo dos carpetas por tortura, a pesar de la violación a dos personas por agentes del estado, todos los responsables libres
El organismo reunido con la gobernadora Mara Lezama, exigió agilizar las acciones de los hechos policiacos y la represión
Graciela Machuca
SemMéxico, Cancún, Quintana Roo, 4 de diciembre, 2022.- Necesariamente Incómoda Amnistía Internacional aclara que los avances en torno al 9-N Cancún “son muy limitados”; representantes de la organización exigieron justicia para víctimas.
Se lograron integrar dos carpetas de investigación por violencia sexual cometidas por policías en Cancún; para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuando una violación sexual la cometen agentes del estado, se considera como tortura.
Un comunicado del gobierno del estado de Quintana Roo distribuido el 22 de noviembre de 2022 fue titulado de la siguiente manera: Gobierno del Estado y Amnistía Internacional trabajan juntos para llegar hasta el final con el tema del 9N.
El mismo documento oficial se dice: El gobierno del estado de Quintana Roo, que encabeza Mara Lezama Espinosa, ofrece a las víctimas del 9N, y a sus representantes de Amnistía Internacional, toda la colaboración y la disposición para llegar hasta el fondo del hecho ocurrido el 9 de noviembre de 2020.
La gobernadora Mara Lezama sostuvo una reunión con Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional y con Wendy Galarza, una de las víctimas del 9N, en donde se acordó que, como primer paso, se retoman las mesas de diálogo que fueron canceladas por la pasada administración estatal. Sin embargo, a esta reunión no fueron llamadas todas las víctimas, ni tampoco se tuvo una reunión previa para definir los aspectos a tratar en la referida reunión, como lo ha manifestado la periodista Cecilia Solís, una de las víctimas, quien resultó con heridas de bala disparadas por la policía municipal de Cancún, el 9 de noviembre de 2020.
Aunque la versión oficial denota que fue una reunión de miel sobre hojuelas, la oficina de Amnistía Internacional México, dio a conocer una aclaración por medio de sus redes sociales de la siguiente forma: “Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por Agnes Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, se reunión con la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para exigir justicia para el Comité de Víctimas #9N.”
En otra publicación, tanto en Facebook como en Twitter añade: “Como parte de la Misión de Alto Nivel de Agnes Callamard, Secretaria General de Amnesty International, junto a nuestra Directora Edith Olivares Ferreto, Erika Guevara Rosas Directora de Amnistía Internacional Américas, y Wendy Galarza, se reunieron con la Gobernadora de #Quintana Roo, Mara Lezama, para exigir justicia para el Comité de Victimas del #9N. ✊🏽 #Cancún”.
Pero el objetivo real de la reunión con Mara Lezama y representantes de Amnistía Internacional no se quedó allí, sino que la oficina de prensa de la organización global recurrió a una entrevista con la agencia española de noticias EFE, misma que le ha dado seguimiento a los hechos de represión del 9 de noviembre de 2020 en Cancún. Un cable de la referida agencia sostiene que Amnistía Internacional (AI) “exigió el martes (22 de noviembre) a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, agilizar las investigaciones contra la represión policíaca que hubo hace dos años en Cancún contra manifestantes que protestaban por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis.
La nota informativa refiere qué tras una reunión con la gobernadora, “quien en aquel entonces era presidenta municipal de Benito Juárez, conocido como Cancún, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, señaló que los avances en las investigaciones “son muy limitados”. “Especialmente en lo relacionado con los mandos y los perpetradores directos de las violaciones a los derechos humanos”, declaró Erika Guevara Rosas.
Según declaraciones a EFE, la representante de Amnistía Internacional dijo que a pesar de que el gobierno “ha avanzado en algunos temas, siguen siendo insuficientes, las víctimas no han sido reparadas en lo individual; pero también en lo colectivo, “hemos solicitado a la gobernadora que se haga una disculpa pública sobre estos actos represivos”.
El organismo internacional también considera que la existencia de “violencia estatal” y pidió que se determine no sólo a la responsabilidad penal a través de las investigaciones, “sino también la responsabilidad estatal que hay en torno a la represión de manifestaciones”.
Desde luego que Amnistía Internacional tiene claro que la Policía Municipal de Benito Juárez, en ese entonces estaba bajo el mando de la hoy gobernadora, por tener el cargo de presidenta municipal.
A las investigaciones se suman dos carpetas por tortura, luego que dos personas fueron violadas sexualmente por agentes del estado
Además, según EFE, Edith Olivares Ferreto, directora de AI México, comentó que a las denuncias interpuestas desde 2020 se agregan dos más por tortura sexual y una por tortura, que no se habían podido integrar anteriormente, ya que se abrieron por abuso sexual. “Hubo al menos dos personas que fueron violadas por agentes del estado, violadas sexualmente por agentes del estado en la represión del 9 de noviembre, y en el derecho internacional de los Derechos Humanos una violación cometida por un agente del estado constituye tortura sexual”, detalló Olivares Ferreto.
De esta manera, AI logró que se abrieran dos carpetas por tortura y se aplicará el Protocolo de Estambul para proceder en las investigaciones tras los hechos en Cancún.
Organismos de la ONU y de la CIDH se reúnen con organizaciones civiles y representantes de estado en quito, ecuador, para discutir sobre el derecho a defender derechos humanos, entre otros
Desde Quito, Ecuador, se dio a conocer este 23 de noviembre que representantes de Estado y de gobierno de Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú participaron este 21 de noviembre en un encuentro de Mecanismos Nacionales de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en América Latina. La reunión -organizada por ONU Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- puso de relieve las estrategias y acciones preventivas desarrolladas por los mecanismos de protección en cada país, con énfasis en la implementación de medidas y la atención a casos colectivos. Sobre la reunión, el Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Xavier Mena, recordó que “los Estados tienen la obligación de asegurar un entorno seguro y propicio” para la labor de defensa de los derechos humanos. “No obstante, las personas defensoras y sus comunidades, siguen enfrentando riesgos y violaciones de sus derechos como resultado de dicha labor”, subrayó.
Por su parte el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH, Joel Hernández, destacó que “estos espacios de diálogo resultan de la mayor importancia para abordar y discutir estas obligaciones y poder asegurar que a través de sus acciones, los mecanismos de protección contribuyan a un cumplimiento efectivo en la protección de quienes defienden derechos humanos”.
Quienes integran el equipo de trabajo del Gobierno del Estado de Quintana Roo deben capacitarse en temas de derechos humanos y comprender que se trata de crear y consolidar la cultura de los derechos humanos para que pueda ser transversal y sacarla del discurso. Los hechos de represión del 9 de noviembre de 2020 en Benito Juárez, perseguirán como un fantasma al actual gobierno de Quintana Roo, al menos que en verdad tenga un compromiso palpable por respetar lo que dice el Artículo Primero de la Constitución Federal.
