- Ante COVID 19, llama al Estado a garantizar los derechos humanos de personas en reclusión
- Pide se aplique la Ley Nacional de Ejecución Penal para despresurizar penales
Por Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril de 2020.- AsiLegal hizo un llamado a las 32 presidentas y presidentes de los poderes judiciales de las entidades federativas para garantizar los derechos de la población penitenciaria, principalmente a la salud, ante la propagación de la COVID 19, con apego a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con normativas que pueden beneficiar a mujeres con hijos, personas de edad avanzada y otras con determinados padecimientos de salud.
Tras señalar que existen en el país cerca de 300 instituciones penitenciarias que albergan a 202,221 personas privadas de su libertad, la organización jurídica de defensa de los derechos humanos considera que es importante conocer lo que están haciendo las autoridades de cada entidad para garantizar la salud de esa población.
Precisan que el Estado no puede continuar legitimando el estigma que cargan las personas privadas de libertad, a través del olvido y abandono a su suerte ante esta pandemia, por lo que urgen acciones concretas para salvaguardar todos los centros penitenciarios, así como garantizar los derechos humanos de quienes ahí se encuentran.
Al tiempo que AsiLegal pone a disposición su experiencia para apoyar en la elaboración de planes de acción para despresurizar los centros de reclusión, propone hacer efectiva la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual cuenta con instrumentos como la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución y suspensión temporal de las penas y la preliberación por criterios de política penitenciaria que beneficiaría a población en situación de vulnerabilidad.
Estos elementos contribuirán no sólo a abastecer con suficiencia las necesidades de la población penitenciaria, sino que generará una herramienta para la despresurización de dichos centros de detención ante la emergencia sanitaria. De igual forma, generaría un impacto positivo y reafirmaría el compromiso internacional que tiene el Estado mexicano de promover la aplicación de medidas no privativas de libertad.
También señalan que se encuentra el ejercicio de la facultad que tienen las autoridades penitenciarias para realizar propuestas y hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma.
Esto representa activar un mecanismo ante el juez de ejecución, sobre los casos que pudieran llegar a ser considerados como viables para la obtención de estas normativas, entre los que se pueden encontrar aquellos con necesidades específicas y de mayor vulnerabilidad frente al virus, como las mujeres con hijos, especifica la organización en un comunicado.
La propuesta se deriva por la propagación del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, que ha alcanzado niveles alarmantes y significa una amenaza a la capacidad del Estado de proveer con suficiencia los servicios de salud a la gente que sufre de dicho padecimiento y que estén en reclusión.
AsiLegal está consciente de que, ante la situación de encierro masivo, se ha hecho patente la falta de recursos suficientes para hacer frente al gasto que la problemática representa, situación que desgraciadamente se ve reflejada en la imposibilidad de otorgar condiciones de vida dignas en reclusión.
Ante ello, hace imperativo que las autoridades a su cargo identifiquen a aquellas personas en especial estado de vulnerabilidad y potencialmente beneficiarias, para materializar la implementación de estos instrumentos que tienen por objeto modificar la forma de cumplimiento de sus penas, destaca la organización.
Las autoridades a las que han hecho este llamado puntual y de quienes esperan su pronta respuesta son:
- Magistrada Gabriela Espinosa Castorena, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.
- Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
- Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.
- Miguel Ángel Chuc López, presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche.
- Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas.
- Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.
- Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal y del Consejo de la judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del H. Supremo Tribunal, Poder Judicial del Estado de Colima.
- Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México.
- Magistrado Esteban Calderón Rosas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango.
- Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del Poder Judicial del Estado de México.
- Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
- Magistrado Alberto López Celis, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero.
- Magistrada Blanca Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
- Magistrado Ricardo Suro Esteves, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
- Magistrado Héctor Octavio Morales Juárez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
- Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
- Magistrado Ismael González Parra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.
- Magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Judicatura del Estado de Nuevo León.
- Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia Y del Consejo de La Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
- Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
- Magistrado José Antonio Ortega Cerbón, Presidente Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.
- Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
- Magistrada Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.
- Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
- Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del H. Supremo Tribunal del Estado de Sonora.
- Magistrado Enrique Priego Oropeza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
- Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
- Magistrado Fernando Bernal Salazar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
- Magistrada Sofía Martínez Huerta, Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y de Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
- Magistrado Ricardo de Jesús Avila Heredia, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
- Magistrado Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Poder Judicial del Estado.
- Magistrada Blanca Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
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