Mujeres

Aurelia, una de las acusadas de homicidio por aborto espontáneo con 50 años de cárcel

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  • La reclusión no debe ser la única opción de justicia para las mujeres, debaten feministas 
  • Cuestionan especialistas y organizaciones al sistema carcelario, en la UNAM

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril 2022.- Abogadas, litigantes, activistas, defensoras de derechos humanos, mujeres alguna vez privadas de la libertad o con familiares en la cárcel reflexionaron desde los feminismos que las violaciones a los derechos humanos son lo mismo afuera que adentro; que la prisión no debe ser la única forma de justicia y que las victimas deberían plantear la reparación del daño que requieren.

Coincidieron que cuando una mujer es privada de la libertad trasciende a su familia, hijas, hijos, contra lo establecido por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Que es falso que una persona recluida le cueste al Estado cuando son los familiares quienes costean la estancia de la persona recluida desde el pase de lista, cepillos de dientes, derecho a cama, alimentación y protección para que no los/las agredan.

Al realizarse el Foro “Punitivismo y Estigma: Reflexiones desde los feminicidios” organizado por el Laboratorio Nacional Diversidades, el Instituto de Investigaciones Jurídicas IIJ UNAM, el CIEG-UNAM, el CIDE y Círculo Feminista de Análisis Jurídico, que se llevó a cabo este 5 y 6 de abril de forma hibrida en el auditorio Mario de la Cueva de la Torre de Humanidades de la UNAM.

De una encuesta de mil 280 mujeres en 67 centros de reclusión en los 32 estados del país, el 73 por ciento de las mujeres privadas de la libertad eran cabezas de familia, y el 84 por ciento eran madres, Ariel García Pérez, abogada, defensora de derechos humanos plantea que se debería revisar el impacto en las familias.

Desde su posición de la práctica jurídica Ximena Ugarte Trangay, especialista en protección a derechos humanos, violencia feminicida y desapariciones, señalo que la prisión es lo más cercano a la noción de lo justo, pues se configura como una representación social ante las familias, la sociedad afectada y deja una especie de alivio. Sin embargo, señaló que cuando esta justicia es tardía, ya no es justicia.

Respecto a la reparación del daño dijo que en los juzgados de primera instancia no pueden dictar otras formas de reparación son muy escuetas que no genera sensación de justicia y acaba por excluir de la justicia a las víctimas de una acción delictiva.

Cito que la reparación integral no es tal, pues la reparación económica se reduce a indemnizaciones de 14 mil pesos por violencia sexual o 100 mil por feminicidio cuando a las y los familiares en el proceso les implico dejar una jornada de trabajo, trasladarse a varios kilómetros con riesgo de su salud y seguridad.

También, dijo que casos como el de Aurelia con el agravante de ser mujer, indígena y pobre le obliga a replantear lo que es justo en México. Aurelia es una indígena de Guerrero que ha sufrido diversos tipos de violencia desde niña dentro de su comunidad, creció y tuvo un aborto espontaneo. Es acusada de homicidio con la probabilidad de una sentencia de 50 años por haber “asesinado” a su hijo. Nunca se le explico en su lengua se le obligo a tomar un recurso abreviado no se le explico, ella acepto que era culpable y que aceptaba una pena.

La abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) expuso dos casos más que le han hecho reflexionar, repensar lo que es justicia.

El feminicidio de Fátima, una niña de 12 años que en 2015 fue brutalmente asesinada, cuyos perpetradores fueron sentenciados, uno a 63 años de cárcel, otro a cinco años por ser menor de edad y otro resultó absuelto. Sin embargo, seis años después con el acompañamiento se logró una de los 8 casos de prisión vitalicia en el Estado de México.

El segundo caso es el de Liliana una mujer indígena que es asesinada por su pareja de la comunidad de Pueblo Nuevo en Jalisco, quien incluso la golpeaba en público y es una comunidad que se rige por usos y costumbre. Este caso se encuentra en juicio oral y la posibilidad de la reparación del daño para las familias.

Ximena Ugarte Trangay detallo que todas; víctimas, imputadas, litigantes, familiares están atrapadas en la vorágine que significa la justicia. La sentencia la da el Estado como el registro de personas agresoras sexuales pero el final último es la prisión. También expreso que la justicia no es venganza y que existen casos de personas encarceladas injustamente.

Para Lucia Alvarado González del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM), la prisión no es la única solución porque no evita que cometan otros delitos, además las penas son desproporcionadas en casos de delitos como fraude. En su opinión después del futbol el deporte favorito en México es meter a la cárcel a personas, como si fuera cuestión de numero decir que hay tantos detenidos y eso proporciona seguridad.    

También señalo que con la pandemia no se respetó sacar gente de la prisión por la pandemia por las condiciones de insalubridad y hacinamiento. No hay datos de cuantos murieron y cuantos enfermaron porque estos datos en prisión no son nada claros.

Desde su punto de vista meter a una persona a la cárcel no se resarce al 100 por ciento el daño, por lo que sugiere apostar por otras medidas, ya que se carga a la sociedad con un odio extraño.

También menciono que como ella que ha tenido a algún familiar en la cárcel aparecen los abogados que sacan de 50 mil a 80 mil pesos por un amparo en lo que inicia la investigación para que no pisen la cárcel, lo cual es falso.

Para Anaira Suárez, sobreviviente de violencia digital, la prisión no es sinónimo de justicia, la activista a los 16 años fue violada por cuatro adolescentes que subieron a internet el video. Dos de los jóvenes ya tienen sentencia y una youtuber por discurso de odio se llegó a acuerdos con ella.

Sara Elena Velázquez Moreno del Programa de Política de Drogas del CIDE colabora con organizaciones feministas del país señalo que la política de seguridad pública se ha centrado en la militarización en el combate central al narcotráfico y estudios señalan que, en los municipios con operativos, después de estos han aumentado las muertes violentas de mujeres por armas de fuego en vía pública. 

También señala que la tortura es poco denunciada y poco condenada a las mujeres se les amenaza con desaparecer a sus familias, a sus hijas e hijos y con actividad sexual no deseada.

El encarcelamiento masivo es otro instrumento de la política de seguridad y más de la mitad de las personas detenidas del fuero federal no tienen sentencia. La mitad de las mujeres privadas de la libertad son por delitos de drogas o delincuencia organizada y se están destinando recursos enormes donde no hay una víctima clara.

Por otra parte, Natacha Lopvet quien estuvo privada de la libertad en Santa Martha Acatitla en 2014 quien ha promovido redes de apoyo a mujeres en reclusión con Equis Justicia y a través del Arte, señala que las sentencias en la cárcel no resuelven los problemas de la sociedad.

Las mujeres que delinquen no lo hacen por gusto o diversión delinquen por la falta de oportunidades. Señalo que la violencia institucional del Estado hace más daño que la violencia de los barrios,

Señaló que como una persona que estuvo en prisión y con un familiar en prisión las contradicciones del Estado son muchas. Son ciudadanos privados de su libertad y la violación de los derechos humanos es la misma adentro que afuera.

Las mujeres que entran a prisión antes de ser privadas de la libertad el 70 por ciento fue objeto de violencia. Cuando pierden la libertad pierden la confianza, la familia, las redes de apoyo.

El feminismo nos enseña a cuestionar todo: Lucia Núñez Rebolledo

Para Lucia Núñez Rebolledo del Centro de Investigaciones y estudios de Género (CIEG-UNAM) el feminismo nos ha enseñado ponerlo todo en duda, y ha tomado mucha fuerza, como el movimiento MeToo, y en la pandemia que todavía no termina, la despenalización del aborto en cinco estados del país, los avances legislativos, y se han impulsado espacios de discusión desde el activismo y la academia.

Sin embargo, existen cuestionamientos algunos muy viejos otros emergentes como las estrategias del punitivismo para enfrentar las violencias contra las mujeres.

Mientras que la doctora Alethia Fernández de la Reguera Ahedo del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, señalo que el espacio de discusión no solo es la academia sino también desde las activistas es para reimaginar una nueva concepción de justicia desde los feminismos.

Refirió que desde el año 2020 la marcha del feminismo ha hecho sentir la rabia y el dolor de la lucha feminista, por lo que es necesario discutir qué hacer con esa rabia si es venganza o reconocimiento, por lo que se hacía necesario un foro para cuestionar el sistema carcelario de manera colectiva y si es la justicia que exigen las mujeres. 

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