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Colectivas feministas exigen se libere a mujer tzotzil juzgada por homicidio de su agresor

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  • Marisela López Bautista fue condenada a 25 años de prisión en un juicio donde no se consideró la perspectiva de género, ya que vivía violencia intrafamiliar.
  • Se trata de un caso de legítima defensa, fue atacada con un machete.

Gabriela Coutiño

SemMéxico, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 16 de agosto del 2022.- Colectivas feministas, defensoras de derechos humanos y familiares de Maricela López Bautista, indígena tzotzil sobreviviente de feminicidio y sentenciada a 25 años de prisión, por el homicidio de su agresor que era su cónyuge, se manifestaron esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para pedir su liberación, por considerar que está injustamente detenida.

“Se trata de un caso de legítima defensa. Marisela, que es monolingüe, fue atacada con un machete. Estaba embarazada de seis meses y estaban sus otros dos hijos menores de edad dentro de la casa. Juan, su esposo, la encerró, atrancó la puerta, empezó afilar el machete, la atacó y ella se defendió con un leño, derivado de lo cual el sujeto falleció”, explicó la abogada, Marcela Fernández Camacho, de la Colectiva Cereza.

Marisela, entonces de 26 años, del Ejido La Florida, municipio de Chamula, fue encarcelada en el penal de San Cristóbal de las Casas “acusada de homicidio calificado, cuando en realidad debió de tomarse en consideración jurídicamente que se trata de una legítima defensa; debió de ser absuelta en la primera instancia, pero la jueza Dora Luz López la sentenció a 25 años de prisión, sin tomar en consideración todas las pruebas que presentó la defensa”, manifestó la defensora.

Entre las pruebas que se presentaron, dijo Fernández Camacho, está la declaración de Marisela, un peritaje en antropología social con perspectiva de género que estableció que vivió en un contexto de violencia feminicida, durante los tres años que vivió con ese señor.

“Pero ese no fue considerado por la jueza, porque hay una indiferencia de las autoridades estatales y comunitarias para combatir la violencia de la que era víctima”.

Además que, el peritaje en psicología clínica estableció contundentemente que en esos momentos ella estaba en una estado psicológico emocional en el que estaba viviendo esa experiencia que además es objetiva, de un ataque feminicida y que tenía que defender su vida.

Esas pruebas, abundó Fernández Camacho, “no fueron valoradas por la jueza; únicamente tomó en cuenta un testigo singular que no tenía ningún soporte y además ese testigo también fue testigo de cómo el occiso la amenazó, la regañó y le empezó a reñir de que no le servía bien la comida, y la amenazó con que la iba a golpear, después empezó a escuchar la pelea y vio la pelea, que en realidad se trataba de la defensa de Marisela”.

Mientras la litigante se encontraba en la audiencia de vista con tres magistrados adentro del palacio de justicia, un grupo de mujeres colocaron cartulinas en el edificio exigiendo  justicia y la liberación inmediata de  Marisela.

Al término de la audiencia, Fernández Camacho explicó que presentó a los tres magistrados, un recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva.

“Hemos venido a decirles a los magistrados que ratificamos los agravios que presentamos por escrito y que exigimos enérgicamente la libertad de Marisela,  porque se trata de un caso más en el que el Estado no garantizó el acceso a una vida libre de violencia, además está criminalizando a una mujer indígena que no sabe leer ni escribir, que vive en extrema pobreza y está dejando a sus pequeños hijos  en estado de orfandad por la responsabilidad del Estado”.

Dijo que los magistrados le informaron que en tres días nos notificarán la resolución, que esperan sea positivo y que ordenen la inmediata libertad de Maricela.    

La abogada de la Colectiva Cereza comentó que las audiencias son privadas, “no podría entrar más gente, pero ella debía estar y no la trajeron; lo importante es que resuelvan su libertad”.

Los magistrados manifestaron que tienen la oportunidad de subsanar la falta de perspectiva de género y de enfoque intercultural y de derechos humanos que aplicó la jueza de primera instancia. 

SEM/MG

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