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Crecen 400% las denuncias por violación de derechos humanos contra México ante la CIDH

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La Comisión urge un plan para el retiro gradual del Ejército de tareas de seguridad pública / Ernesto Muñoz | El Sol de México

Sólo entre 2019 y 2021, mil 661 denuncias tres veces más que en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto.

La mayoría son porque el Estado incurrió en omisión, las consintió o actuó en la violación a las garantías

Roxana González

SemMéxico/ El Sol de México, 16 de enero, 2022.- Las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por violaciones a derechos humanos aumentaron más de 400 por ciento durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en comparación con las presentadas en los primeros tres años de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las estadísticas de la CIDH, órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de las garantías fundamentales en el continente americano, entre 2019 y 2021, un total de mil 661 denuncias fueron presentadas por mexicanos, frente a las 364 que se registraron en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto.

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La mayoría de las denuncias corresponden a la presunta responsabilidad del Estado en casos de violación a derechos humanos por omisión, es decir, que se cometieron como resultado a la inacción del Estado o sus agentes, seguido por las que acusan al Estado mexicano de haber consentido la violación de garantías individuales y por último en las que presuntamente el Estado actuó directamente.

Sólo en el año 2019, un total de 932 denuncias fueron presentadas, apenas 156 menos a las que se registraron durante todo el sexenio de Peña Nieto, cuando se presentaron mil 88 en total.

El acelerado incremento de solicitudes de intervención de la CIDH por parte de nacionales de México  coloca a México entre las naciones que integran la OEA con más demandas y con mayores medidas cautelares en los últimos tres años.

Incluso naciones señaladas por la comunidad internacional por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como Nicaragua, Venezuela y El Salvador, registraron durante 2020 menos demandas ante la CIDH que México, de acuerdo con las cifras del organismo regional. Las tres naciones registraron un total de 93 denuncias en 2020, frente a las 540 presentadas por ciudadanos mexicanos.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Adriana Muro, directora general de la organización ELEMENTA DDHH, considera que cada vez mexicanos recurren a organismos internacionales como la CIDH es porque los recursos judiciales en nuestro país no están siendo efectivos.

“Los mexicanos están viendo ahora en el Sistema Interamericano una opción de justicia y reparación integral del daño, que no encuentran en el país y de ahí que las solicitudes de intervención vayan en aumento”, dijo a El Sol de México.

Destacó que algunas decisiones del gobierno mexicano, como el nombramiento de Rosario Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha “abonado” a la desconfianza de los mexicanos en el sistema de justicia por lo que prefieren recurrir a organismos internacionales como la CIDH.

“Las personas están buscando justicia y la reparación del daño y en México tenemos un sistema de atención a víctimas bastante deficiente y complejo que genera desconfianza y obliga a las personas a recurrir a instancias internacionales”, dijo.

Además de destacar un contexto marcado por altos niveles de violencia y de políticas de seguridad que, a lo largo de los años, resultaron ineficaces, la CIDH manifestó en su último Informe sobre México (2020) particular preocupación sobre el incremento de las denuncias por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como por la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas.

También solicitó desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles. Así como reorientar el abordaje del tema de drogas de un enfoque de militarización y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública.

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