* Presenta UNFPA el informe Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México
* 20 % de los partos en la región de AL y El Caribe correspondió a mujeres menores de 20 años
María Ramírez
SemMéxico/Naciones Unidas, Cd. de México. 6 de agosto, 2020.- El embarazo adolescente cuesta a México el 0.27 por ciento del Producto Interno Bruto, señala el informe sobre las Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México, que presentó hoy el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
Este análisis, amplio de la situación del embarazo adolescente, evalúa su costo para las madres adolescentes, la sociedad y el Estado Mexicano y señala que de acuerdo con el informe de UNFPA, el 20 % de los partos en la región de América Latina y El Caribe correspondió a mujeres menores de 20 años.
Esto representa un problema ya que las madres adolescentes tienen un logro educativo mucho menor, perciben ingresos inferiores y presentan mayores niveles de desempleo. Tienen menor acceso a la seguridad social y a un empleo formal.
“En México, la brecha educativa es muy significativa entre las mujeres que fueron madres en edades tempranas y las que fueron madres en edad adulta”, dijo Federico Tobar, el asesor regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA.
El embarazo adolescente representa un problema de salud, pero también social y político: el informe presentado en conferencia virtual revela que el impacto económico total del embarazo en adolescentes para la sociedad (por pérdida de ingresos y empleos) es de casi 63 mil millones de pesos, y más de 11 mil millones de pesos de pérdida de ingresos fiscales para el Estado – un costo que representa el 0.27 por ciento del PIB-.
Uno de cuatro habitantes de América Latina y Caribe tiene entre 15 y 29 años de edad; en México, en 2020 está parte es de 25.5 por ciento, unas 32.6 millones de personas.
“¡Como país, esto nos cuesta muy caro!”, expresó Arie Hoekman, Representante de UNFPA México.
Un tema de derechos humanos
Más allá, el informe recuerda que prevenir que una niña o una adolescente se embarace es una cuestión de derechos humanos y es la llave para acceder a muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a continuar estudiando, a tener mejores oportunidades laborales, entre otros.
María Antonieta Alcalde, directora de la organización IPAS Centroamérica y México, señaló durante el intercambio que siguió la presentación del informe que la educación sexual para la prevención del embarazo adolescente es un derecho humano y constitucional que se debe garantizar de manera universal.
Parte de estos embarazos son forzados y son la consecuencia de la violencia de género, y necesitan políticas públicas específicas, expresó la directora del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez.
Un otro informe del PNUD publicado esta semana documentó el aumento del embarazo adolescente durante las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19.
“Las personas adolescentes y jóvenes representan el presente y el futuro de cualquier sociedad”, dijo Arie Hoekman. “En la medida que este segmento de la población obtenga oportunidades para su inserción económica y social, a la sociedad en general le esperará un futuro más próspero”.
SEM/sj
