Lupita Ramos Ponce
SemMéxico. 15 de enero de 2020.- El 30 de diciembre de 2020, conversé y compartí mi alegría con muchas compañeras de América Latina y del Caribe sobre los avances en los derechos de las mujeres a partir de lo alcanzado en Argentina después de una década de movilización y de lucha del movimiento feminista en ese país del sur y en toda la región; también conversé con Indyra Mendoza directora de la organización feminista lésbica Cattrachas de Honduras y le externaba yo mi emoción de que ese día se acababa de aprobar por el senado argentino la iniciativa de ley que despenalizaba el aborto en aquel país. Indyra me compartió su preocupación y me dijo que se avecinaban tiempos difíciles para América Latina y el Caribe y que Honduras sería de los primeros en recibir la respuesta de la derecha ante ese avance en la región. Ingenuamente yo le dije que no se preocupara, que ese día lo celebráramos y que ya después estaríamos incluso mirando los avances en los derechos de las mujeres en toda la región. No pasaron ni 15 días para darle la razón a Indyra en su preocupación.
Apenas en la primera semana de enero de este 2021, el diputado vicepresidente del Parlamento hondureño, Mario Alonso Pérez, diputado del Partido Nacional (en el poder), presentó una iniciativa de reforma constitucional para blindar la Constitución del Estado de Honduras con la prohibición absoluta del aborto. Esta prohibición se fundamenta, claramente en posiciones personales y no en el derecho internacional de los derechos humanos y estándares internacionales de derechos humanos, así como es violatoria de las Convenciones que ha ratificado el estado hondureño, con rango constitucional. El Congreso Hondureño no podrá recurrir ya, sin riesgo de fracasar, a cualquier otro argumento que no sea el moral impuesto por quiénes desde una posición de poder y confort creen tener el destino de las niñas y las mujeres en sus manos para prohibir el aborto legal. En el año 2013, en ejercicio de su soberanía y derecho a la libre determinación, el estado Hondureño firmó, con otros países de América Latina y el Caribe, el Consenso de Montevideo, por el que se obligó a remover las legislaciones restrictivas del aborto, por lo que la iniciativa contraviene los compromisos adquiridos por el Estado Hondureño en el plano internacional. El aborto seguro es un derecho humano que garantiza el derecho a decidir de las mujeres. Ninguna mujer será obligada a hacerlo pero tampoco ninguna mujer, niña o adolescente que desde su autonomía decida hacerlo, pondrá en riesgo su vida, su salud o irá a la cárcel. Es el camino hacia la igualdad real y sustantiva y la eliminación de los obstáculos para lograrla.
En América Latina y el Caribe solo Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa, Puerto Rico y en México solo CDMX y Oaxaca, son los lugares donde se reconocen los derechos de las mujeres para acceder al aborto legal sin importar la causal del embarazo.
Esto que ahora ocurre en Honduras ya lo vivimos en México, después de que en 2007 se despenalizó el aborto en la ciudad de México, se vino una andanada de los antiderechos para reformar las constituciones estatales y “proteger la vida desde la concepción”.
Cuánta razón tenía Indyra Mendoza cuando me dijo en diciembre que después de lo de Argentina se venía la movilización de los grupos conservadores para impedir la progresividad de los derechos en el resto del continente. Este lunes me llamó Indyra por teléfono y solo escuché: “Se lo dije”.
Eligieron Honduras para empezar, pero no podrán pasar, hay todo un movimiento feminista en el continente que estará impidiéndoles llegar, pondremos barricadas a sus iniciativas retrógradas en los congresos y en las calles, no nos detendrán.
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