- La prisión preventiva oficiosa criminalizó la pobreza debe ser excepcional propone al Senado
- Urgió a no criminalizar la pobreza; despresurizar las cárceles; privilegiar medidas cautelares distintas a la prisión, y que los jueces quienes determinen excepcionalmente la prisión preventiva
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 19 de enero 2022.- A tres años de la reforma al Art. 19 constitucional, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se ha profundizado la criminalización de la pobreza, aseguró la senadora Patricia Mercado Castro en conferencia de prensa antes de presentar en el Pleno de la Comisión Permanente una reforma para recurrir a otras medidas cautelares.
Existen 14 medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva oficiosa que jueces pueden dictar mientras llega la sentencia, como presentación periódica, retiro de pasaporte, resguardo domiciliario y localizador electrónico, abundó.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, destacó que el 40 por ciento de las personas privadas de la libertad en 2021 se encontraban sin sentencia, de las cuales 26 por ciento eran mujeres.
La principal causa de internamiento es el robo y 8 de 10 personas en reclusión laboraban en empleos de precarios ingresos y tienen dependientes económicos por lo que al ingresar en prisión aumenta la pobreza. Además de que no pueden pagar una defensa adecuada.
La iniciativa tiene 4 objetivos no criminalizar la pobreza; despresurizar las cárceles; privilegiar medidas cautelares distintas a la prisión, y que sean los jueces quienes determinen excepcionalmente la prisión preventiva preciso la senadora Patricia Mercado Castro.
No se trata, aclaró la senadora, de no sancionar el delito, “lo que proponemos es que en lugar de prisión preventiva oficiosa el juez recurra a una de las 14 medidas cautelares previstas en la Ley como la presentación periódica, retiro del pasaporte, resguardo domiciliario, localización electrónica, que no se utilizan”.
Con otras medidas cautelares, se permite que las personas procesadas sin sentencia sigan pagando impuestos y contribuyan al mantenimiento de sus familias y hogares, principalmente de las mujeres mientras se les dicta sentencia, aliviando la economía, así como la sobrecarga emocional y de cuidados de sus familias.
También refirió que al Estado una persona en reclusión le cuesta 60 mil pesos mensuales. Mencionó que la renta de un brazalete electrónico es de 10 mil pesos mensuales, pero actualmente esa medida solo es accesible para quien la puede pagar, señaló.
La senadora Mercado Castro se dijo sorprendida de que el gobierno federal le apostara desde el principio a la disminución de la pobreza para que la inseguridad disminuya, cuando no existen datos que demuestren que tener a todos los que delinquen en prisión disminuya la inseguridad.
La última reforma al artículo 19 de la Constitución permitió el encarcelamiento ‘preventivo’ automático por una veintena de delitos, más del doble de los que se permitían antes. Hoy la prisión preventiva oficiosa acepta encarcelar con solo una denuncia por robo.
Paola Zavala presidenta de la Organización comunitaria por la Paz A.C., OCUPA MX que acompaña en esta iniciativa a la senadora Mercado, indico: “no queremos prisión preventiva oficiosa porque existen otras medidas cautelares que se pueden seguir para enfrentar la ley y no se utilizan”.
En México cada día se encarcelan a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Los detenidos, además, son hombres y mujeres en una situación económica vulnerable, que apenas cuentan con un abogado de oficio.
