Denuncian “techos de cristal” en los gabinetes de AMLO y gobernadores

Fecha:

Compartir:

  • 8 secretarías de Estado de 20 a nivel federal y sólo 46 de 524 en los estados, son comandadas por mujeres, rezagos en nuevos gobiernos morenistas.
  • Los Equipos federales y estatales violentan el artículo 41 constitucional, señala estudio.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de julio del 2022.-La disparidad en la participación de las mujeres en la administración pública persiste, lo que contraviene el artículo 41 constitucional que instruye al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los 32 gobernadores a integrar gabinetes con una inclusión del 50 por ciento.

Mientras que la representación en el gabinete de López Obrador es de apenas el 40 por ciento, al ocupar las mujeres ocho de 20 secretarías; a nivel estatal la participación se reduce al 9 por ciento, pues solamente dirigen 46 de 524 instituciones.

“A casi tres años de la aprobación de la reforma de paridad total, persisten los techos de cristal en la administración pública, pues las mujeres siguen estando subrepresentadas en las secretarías y dependencias del Ejecutivo”, señala el informe “La paridad de género en las secretarías y dependencias del Ejecutivo a nivel federal y local” elaborado por César Alejandro Giles Navarro, y dado a conocer en abril último. No obstante todavía no hay cambios.

Según la publicación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, “otro fenómeno ligado a la simulación y a la persistencia de los estereotipos de género en la distribución de las responsabilidades políticas y administrativas es que las mujeres siguen estando excluidas de las dependencias con mayor injerencia política y presupuesto, como en el caso de las secretarías generales de Gobierno, en donde sólo hay siete mujeres”.

Igualmente, los gobiernos de Acción Nacional no cumplen, tienen porcentajes muy menores a la paridad, hasta del 12 por ciento en Aguascalientes. Entre los gobiernos morenistas, algunos de reciente elección, los más rezagados son Baja California, San Luis Potosí, Veracruz y Tlaxcala.

“En contraparte, su presencia es significativamente mayor en carteras con menor presupuesto, o bien ligadas a los trabajos de cuidado, como la educación y la salud”, se compara.

El análisis destaca que solo seis de las 32 entidades del país, es decir apenas el 18.5% cumplen o exceden la paridad de género en la administración pública central: los gobiernos morenistas de Colima con 63 por ciento; Guerrero 50 por ciento; Puebla con 58 por ciento; Chiapas, con 56 por ciento; el priista, Oaxaca con 56 por ciento y el emecista, Nuevo León con 52 por ciento.

Ocho entidades de variados partidos están en un rango de entre el 40 y 47 por ciento: los gobernados por el partido oficial, Baja California Sur, con 45.5%; Ciudad de México con 47.4%; Michoacán con 46.7%; Morelos con 44.4%; Sinaloa con 46.2% y Zacatecas con 47.1%. Los gobiernos de Acción Nacional Querétaro con 41.2%; Quintana Roo con 40 por ciento.

Ocho estados se ubican en un rango de entre el 30 y el 38.9%, los gobiernos morenistas de Nayarit con 30.8%; de Sonora con 33.3%; Tabasco con 33.3  y Campeche con 36.4%; los gobiernos priistas de Coahuila, con 37.5 y Estado de México con 37.5% y el panista Yucatán con 38.9%.

Cuatro están en los rangos del 20 al 29 por ciento, los gobernados por el partido del presidente de la República como Baja California con el 29.4; San Luis Potosí con 23.5%; y Veracruz, con el 29.4%.

Pero las seis entidades que están entre el 10 y el 19 por ciento son de Acción Nacional Aguascalientes con el 12.9; Durango con el 14.3 y Guanajuato 15.4%; gobernados por el PRI, Hidalgo con 15 por ciento y Tamaulipas con 16.7; el morenista, gobernado por una mujer, Tlaxcala con 16.7 y el emecista  Jalisco con el 25 por ciento.

Sólo seis entidades cumplen con el principio de paridad de género, al tener un gabinete con el 50 por ciento de participación de mujeres: Chiapas, Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Puebla.

El mayor rezago se observa en Aguascalientes, (PAN) en donde ellas tienen liderazgo en sólo el 12.5% de las instituciones, Durango (14.3%) PAN y Guanajuato (15.4%). PAN.

De acuerdo con el documento, la resistencia a que las mujeres ocupen cargos deriva de la falta de mecanismos constitucionales para garantizar la observación del principio de paridad de género, así como sanciones para evitar el incumplimiento o procedimientos de censura en los cargos por parte del Congreso.

Las mujeres  además de ser solo el 40 por ciento en las dependencias federales que encabezan  por mujeres (8 de 20) y solo el 8.8% de las dependencias de la administración pública central de las entidades federativas tienen a una mujer como titular (46 de 524).

SEM/MG

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí



Artículos relacionados

En las preferencias del voto a Lucia Meza, Mariana Rodríguez Cantú y Libia Denisse García Muñoz Ledo

Seguras 2 gobernadoras Morelos y Guanajuato y una presidenta municipal en Monterrey

En letras de oro al Muro de Honor en el Senado: las Sufragistas, la UNAM y los hermanos Revueltas

Cómo para dar relevancia, en el último tramo de esta legislatura, en el Senado de la República, un espacio de la nación que denota pluralidad y reconoce lo mejor de México se aprobó llevar al  Muro de Honor una inscripción en letras de oro par  “Universidad Nacional Autónoma de México,  donde millones de mexicanos y mexicanas han adquirido conocimiento y conciencia social.

En Cuba mujeres privadas por su libertad lanzan campaña de difusión y conocimiento

El 8 de marzo  la organización de la sociedad civil Iniciativa para la investigación y la incidencia lanzó la campaña "Cubanas en resistencia" con el objetivo de "visibilizar las historias de mujeres cubanas que han sido privadas de libertad, mujeres que son familiares de personas en prisión, activistas, opositoras y exiliadas".

Avanza en Comisiones ampliar concepto de violencia económica contra las mujeres

Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda avalaron una minuta de la Cámara de diputados que reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de ampliar el concepto de “violencia económica” contra las mujeres.