- Es un problema de derechos humanos que requiere de respuestas estatales: ODIM y FLACSO
- CDMX, EDOMEX, Morelos, Puebla y Tlaxcala, entidades donde ese delito es más evidente
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 24 de enero, 2022.- La Región Metropolitana del Valle de México es una zona en que las desapariciones se han feminizado, aproximadamente el 50 por ciento de la personas desaparecidas y no localizadas son mujeres. Si bien éste es un fenómeno que se ha incrementado desde mediados de la primera década de este siglo, en los últimos años se observa un pico ascendente.
Las cinco entidades que componen esta región (Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala) acumulan el 36 por ciento del total de mujeres desaparecidas, no localizadas y localizadas del país, y el Estado de México es la entidad con mayor número de mujeres desaparecidas, no localizadas y localizadas reportadas.
La desaparición de personas en México constituye un grave problema de derechos humanos que puede ser caracterizado como una violación generalizada y persistente, porque desde el 2007 por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la desaparición de personas no ha cesado.
En el informe “Nombrarlas para encontrarlas Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México”, el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México (FLACSO) expone como la desaparición de las mujeres tiene una dimensión de género que debe ser visibilizada y considerada, ya sea porque se es mujer o porque lleva una razón de género.
Además, existe una conexión en torno a la desaparición de mujeres en la zona central del país: la dinámica de las desapariciones de mujeres y los problemas de coordinación entre autoridades para la búsqueda de las mujeres.
El estudio concluye que independientemente de los diferentes regímenes de violencia de la RMVM comparten tres características comunes: la presencia de diferentes perpetradores, patrones socioculturales patriarcales, y la impunidad y debilidad de las respuestas estatales.
Estas últimas se manifiestan en actitudes que niegan la problemática, responsabilizan a las víctimas de su suerte o simulan acciones para enfrentar el problema, pero sin comprometer medidas sustantivas que generen impactos. Como consecuencia se fortalece la impunidad y se retroalimenta la idea de que la violencia contra las mujeres –y específicamente su desaparición– no tiene castigo ni pena.
En la búsqueda de mujeres a nivel interestatal existen avances, pero también retos, por un lado, predominan mecanismos formalizados que suspenden la búsqueda de mujeres por una serie de burocratismos y, por otro lado, la emergencia de mecanismos no formales que dada su falta de recurrencia, sistematicidad y dimensión vinculante, pasan a depender de la voluntad del funcionario de turno.
Por lo que la principal conclusión es que la desaparición de las mujeres ya sea por violencia doméstica o por feminicidio constituye un problema de derechos humanos en sí mismo, que requiere de respuestas estatales.
“No se trata sólo de una secuencia más en un contexto de violencia de género o de una situación previa a que se hallen los restos de una víctima de feminicidio. Tampoco todas las desapariciones de mujeres responden a los mismos patrones que las de los hombres, por lo que la búsqueda y la investigación requieren adoptar características específicas”.
Víctimas y Perpetradores
Las principales características de las mujeres víctimas de desaparición es que son más jóvenes que los hombres. En promedio, son diez años más jóvenes que los hombres en la misma situación. Es decir, entre los hombres las edades van de 31 a 34 años y entre las mujeres de 21 a 24 años.
El régimen de violencia identificado en el caso de las desapariciones de mujeres en la RMVM se caracteriza por una diversidad de perpetradores que manejan diferentes medios de violencia en distintos espacios: el doméstico, el comunitario y el público.
El otro rasgo de este régimen de violencia son las relaciones socioculturales patriarcales, basadas en la consideración de las mujeres como inferiores y en un modelo de masculinidad asociado con el ejercicio de la violencia directa, que tienen como consecuencia la naturalización de las prácticas violentas contra las mujeres.
El último rasgo es la impunidad, expresada en la deficiencia de las respuestas estatales ante el fenómeno; la culpabilización de las víctimas retroalimenta, no siempre directamente, la comisión de actos violentos contra las mismas.
De las cinco entidades Morelos es la que tiene la mayor tasa de mujeres que permanecen desaparecidas por cada cien mil habitantes, seguida por Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Con la excepción del Estado de México, más del 60 por ciento de las desapariciones se concentran en las capitales de las entidades federativas.
En municipios como Tenancingo, en Tlaxcala, opera una poderosa red de trata; Ecatepec, en el Estado de México, destaca por la incidencia del feminicidio, pero también otros en los cuales las actividades de huachicol influyen en las dinámicas de violencia contra las mujeres.
Ciudad de México
En la Ciudad de México entre 2015 y 2020 las violaciones 19 por ciento son el delito de alto impacto cuyas víctimas son mayormente mujeres. El abuso sexual con 48 por ciento es el delito más frecuente de los considerados con una incidencia mayor a la de los homicidios dolosos con 22 por ciento.
Los delitos considerados elaborados por el propio informe de acuerdo a datos oficiales son: Abuso Sexual; Homicidios Dolosos; Violación; Mujeres Desaparecidas, localizadas y no localizadas; Trata de Personas y Feminicidio.
En la CDMX, los perpetradores de las desapariciones de las mujeres obedecen a dinámicas similares a las del Estado de México, donde es posible identificar individuos que son conocidos por las víctimas y aquéllos que no lo son. A éstos se les suman otro tipo de actores grupales vinculados a organizaciones del crimen organizado y a redes de trata de diferente tamaño y extensión, de acuerdo a análisis de la cobertura de prensa sobre delitos asociados a la desaparición (secuestros, feminicidios, trata de personas, victimización de niñas y adolescentes, y victimización por grupos criminales) de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Análisis de Contexto.
Edomex
En el Estado de México, de los delitos analizados, dos tienen alta incidencia: homicidios dolosos, 30 por ciento y violaciones, 27 por ciento. Los niveles de violencia son altos expresados en homicidios dolosos y violencia de género. No es de extrañar que sea la entidad con la tasa de feminización de las desapariciones más alta.
Los perpetradores de las desapariciones en el Estado de México están asociados a particulares conocidos por las víctimas, con pequeños grupos vinculados a la trata de personas en sus diferentes modalidades (explotación sexual, explotación laboral, extracción de órganos, mendicidad forzosa, entre otras) y por organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Esto permite consolidar la hipótesis sobre la diversidad de perpetradores.
Morelos
En Morelos, a diferencia del Estado de México y la Ciudad de México, es el homicidio doloso 39 por ciento, el delito que mayor incidencia tiene, seguido del abuso sexual, 25 por ciento. La situación del estado parece indicar una situación de violencia generalizada, expresada en los homicidios dolosos y, en cuanto a los delitos de alto impacto que involucran mayoritariamente a las mujeres, la violación con 23 por ciento, es el que prevalece.
Los perpetradores de las desapariciones de mujeres en Morelos están vinculados, por lo general, a otro tipo de actividades delictivas, principalmente la trata de personas y los feminicidios. Estos dos tipos de conductas han tenido una expansión alarmante en la entidad en los últimos años.
Puebla
En Puebla, los delitos analizados con mayor incidencia entre 2015 y 2020 son los homicidios dolosos, 33 por ciento y la violación 28 por ciento. Es el estado en el que las mujeres desaparecidas no localizadas y localizadas, 19 por ciento, superan en incidencia al abuso sexual, 13 por ciento y la suma de violaciones y desapariciones de mujeres casi duplican a los homicidios dolosos.
Las desapariciones en Puebla, asociadas principalmente a la trata y a los feminicidios, se vinculan a perpetradores relacionados a pequeños grupos de tratantes, muchas veces de origen familiar, pero con profundas ramificaciones en el estado, en Tlaxcala y Morelos, y a perpetradores que tienen relaciones directas (sentimentales, familiares o laborales) con las víctimas.
Otra de las dinámicas de perpetración de desapariciones se vincula con la delincuencia organizada en una lógica de apropiación de mujeres, principalmente en las zonas de robo de combustible (huachicol en la zona de Triángulo Rojo, municipios de Tecamachalco, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca y Acajaete, y en la región de la Sierra Norte de Puebla).
Según el informe de trata presentado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en relación a las desapariciones vinculadas a la trata de personas, el 62.5 por ciento de las personas víctimas de este delito en Puebla son presa de un empleador y el 37.5 por ciento de su pareja sexual.
Respecto a las personas tratantes, el 12.5 por ciento son mujeres que captan y promueven a las víctimas con diferentes fines. A pesar de la incidencia de las desapariciones, los registros públicos son muy deficientes y el hermetismo de las autoridades impiden un análisis con mayor profundidad.
Tlaxcala
En Tlaxcala, el homicidio doloso con 49 por ciento y la violación con 26 por ciento, son aquellos delitos que tienen mayor incidencia, seguido por el abuso sexual, 15 por ciento. En Tlaxcala la trata es el cuarto delito en incidencia. Este rasgo coincide con la información que la describe como un territorio con fuertes redes de trata de mujeres para explotación sexual; hechos que se concentran en algunos municipios, como Tetelcingo.
Los perpetradores se caracterizan por pertenecer a redes pequeñas, de carácter familiar, que captan a mujeres a partir de relaciones sentimentales, pero también incluyen a otros contactos en diferentes estados vinculados a bares, hoteles, moteles y casas particulares que funcionan como sitios de destino y resguardo de las víctimas, que son captadas en la entidad,para luego explotarlas sexualmente en México y en Estados Unidos.
Otro grupo de agresores se vincula a aquellos perpetradores de feminicidios, un delito que en los últimos dos años se ha triplicado en la entidad. Los autores de este tipo de delitos suelen ser las parejas sentimentales de las víctimas o personas conocidas, cercanas a las víctimas que, valiéndose de su proximidad, las privan de la vida y posteriormente ocultan sus cuerpos.
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