- El gobierno mexicano debe investigar la desaparición de dos defensores de derechos humanos y las empresas deben respetar a las comunidades afectadas por sus actividades. Los Estados deben invertir en la promoción de las lenguas maternas en la educación. La justicia social es fundamental para la recuperación sostenible.
Redacción
SemMéxico/NoticiasONU, Ciudad de México, 21 de febrero del 2023.- Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos, pidió respuestas este lunes sobre el destino de dos defensores, de las garantías fundamentales de los desaparecidos en México e instó al gobierno de ese país a investigar los hechos que las rodearon y a procesar a los responsables.
Ricardo Lagunes, abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz, líder indígena, desaparecieron en el estado de Colima el 15 de enero pasado. La desaparición se produjo en el contexto de un conflicto entre la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán, y la empresa minera Ternium, parte del grupo argentino-italiano Techint, con sede en Luxemburgo, Lagunes y Díaz desaparecieron después de asistir a una reunión comunitaria para discutir la acción colectiva relacionada con el impacto de las operaciones de la empresa en los derechos humanos.
Díaz es miembro de la comunidad afectada negativamente por la empresa minera y Lagunes le ha dado asistencia legal a esa comunidad.
Los expertos destacaron que la prohibición de la desaparición forzada, y la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, son un principio supremo del derecho internacional y urgieron al gobierno mexicano a ajustarse a él.
“Las desapariciones forzadas tienen un efecto paralizante en los defensores de los derechos humanos y silencian las voces críticas”, apuntaron, instando a las autoridades a garantizar que esos activistas puedan llevar a cabo su trabajo crítico en un entorno seguro, y conminando a las empresas a comprometerse con ellos y con las comunidades afectadas por sus actividades, respetando siempre los derechos humanos.
Los Estados deben respetar y no excluir las lenguas maternas
Los Estados deben ser más inclusivos en el tratamiento y uso de las lenguas minoritarias e indígenas, dijo el relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías.
En vísperas del Día Internacional de la Lengua Materna, Fernand de Varennes, recordó que los idiomas son herramientas esenciales para comunicar y compartir conocimientos, memoria e historia, además de ser fundamentales para la participación plena e igualitaria.
Por lo mismo, afirmó que una de las formas más efectivas de empoderar a las minorías y los pueblos indígenas es garantizar el uso de su idioma en la educación y brindar servicios públicos y oportunidades de empleo en esas lenguas.
De Varennes señaló que los derechos lingüísticos también son un asunto importante de los derechos humanos tanto para las minorías como para los pueblos indígenas.
En este sentido, criticó la reducción y, en algunos casos, la exclusión de la educación en lenguas minoritarias e indígenas, calificándolas como disposiciones discriminatorias y poco disimuladas para asimilar a las minorías y los pueblos originarios.
El experto llamó a los Estados a invertir en el desarrollo de materiales didácticos, la formación de docentes y la promoción de las lenguas maternas como medio de instrucción para garantizar la igualdad y la no discriminación, en línea con el derecho internacional.
La justicia social es clave para una recuperación sostenible
Cada 20 de febrero, la ONU celebra el Día Mundial de la Justicia Social para marcar el compromiso de las Naciones Unidas de promover sistemas económicos nacionales y mundiales basados en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, rendición de cuentas e inclusión.
Este año, la jornada se centra en las recomendaciones de Nuestra Agenda Común para reforzar la solidaridad mundial y restablecer la confianza en los gobiernos fomentando el diálogo con los Estados miembros, la juventud, los interlocutores sociales, la sociedad civil, los organismos de la ONU y otras partes interesadas sobre las medidas necesarias para fortalecer el contrato social fracturado por el aumento de las desigualdades, los conflictos y el debilitamiento de las instituciones destinadas a proteger los derechos de los trabajadores.
El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, advirtió que una combinación tóxica de crisis interconectadas alimenta las tensiones sociales y amenaza con aumentar la pobreza, la desigualdad y la discriminación en todo el mundo.
Según Houngbo, esta realidad requiere dar prioridad a la justicia social para lograr una recuperación sostenible.
SEM/MG
