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Descalificar a periodistas y personas defensoras genera ambientes hostiles, considera CNDH

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Formar eficazmente en derechos humanos a quienes ejercen un cargo público, demando González Pérez.

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 30 de julio de 2019.- Descalificar a periodistas, a personas defensoras de los Derechos Humanos y a organizaciones de la sociedad civil por parte de altos servidores públicos genera ambientes hostiles y puede interpretarse como permiso para la agresión de los mismos. 

Así lo consideró, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en la presentación del Diagnóstico de la Oficina de ONU-Derechos Humanos sobre la operación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que la libertad de expresión de los servidores públicos tiene restricciones, una de las cuales es hacer uso de ella con pleno respeto a las opiniones diversas ante el riesgo de generar ataques contra periodistas por los sectores que vean las descalificaciones como permiso para agredir a la prensa y a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

González Pérez, destacó que resulta paradójico que muchas de las agresiones provengan de elementos de instituciones representadas en la Junta de Gobierno del Mecanismo, cuando este debe contar con mejoramiento constante en sus procesos, presupuesto adecuado para hacer efectiva la protección, personal capacitado y suficiente para atender a esos grupos poblacionales y ofrecerles la atención y respaldo de quienes en él laboran.

Expresó que la crítica constructiva y el mejoramiento constante de las instituciones es parte fundamental del fortalecimiento democrático que requiere nuestro país, por lo que las personas defensoras y los comunicadores “no debemos ser vistos como enemigos del Estado y sus instituciones”.

Por el contrario, todos nosotros deseamos vivir en un país democrático y con instituciones sólidas, y es por ello nuestro trabajo constante en señalar deficiencias, violaciones de los derechos humanos y, en general, oportunidades y formas de mejorar el servicio público en beneficio de todas y todos nosotros”.

Recordó que el Mecanismo de Protección surgió como medida extraordinaria para atender una situación también extraordinaria, y que no es ni tiene por qué ser la solución a los problemas de riesgo e inseguridad que enfrentan periodistas y personas defensoras en el país.

La solución habrá de encontrarse si se atiende un problema multifactorial que pase necesariamente por disminuir la violencia e inseguridad que azotan algunas regiones del país.

Abatir la impunidad lacerante y formar eficazmente en derechos humanos a quienes ejercen un cargo público, lo que representa un reto de gran calado pero necesario para mejorar la situación que se enfrenta.

Se refirió a que mejorar los procesos de atención de los periodistas, y defensores permitirá, en muchos de los casos, salvar vidas y proteger la integridad física y emocional de dichas personas, de ahí la relevancia de su revisión y mejora constante de los Mecanismos de Protección. 

Hizo notar que los señalamientos y descalificaciones provenientes de altos funcionarios del Estado muestran el agravamiento en muchos casos de las condiciones que dieron origen al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Recordó que en 2016 la CNDH dio a conocer la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” y la Recomendación General 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, y una de las autoridades recomendadas fue el Mecanismo de Protección.

Por lo que, como parte del esfuerzo de análisis y evaluación, dicho instrumento debe definir si ha dado cumplimiento a dichos documentos. 

Expresó la importancia de hallar canales claros y confiables de comunicación con los gobiernos locales, ya que buena parte de las agresiones contra periodistas y personas defensoras son delitos del fuero común.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que no se debe escatimar ningún recurso en la defensa de personas activistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Refrendó el compromiso de la presente administración gubernamental para generar un ambiente en el que puedan ejercer libremente su actividad y aseguró que el Diagnóstico será tomado en cuenta para cumplir con la responsabilidad del Estado en esa materia.

Mientras que Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República, señaló que es importante que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores sea considerado como instrumento de Estado que involucre a todas las entidades federativas, y a los organismos no gubernamentales y autónomos.

Por lo que se ofreció fortalecerlo y ampliar su mandato, además de trabajar en propuestas en materia de comunicación social y en la defensa de los derechos humanos.

Durante la presentación del Diagnostico estuvo presente el Representante Adjunto en México de ONU-DH, Jesús Peña Palacios, así como el Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, Alberto Xicoténcatl Carrasco.

Así como el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

La Subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la FGR, Sara Irene Herrerías, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez; el titular de la Unidad para los Derechos Humanos de la SEGOB, Aarón Mastache Mondragón, y el Subsecretario de Seguridad y Participación Ciudadana de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja.

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