Dulce María Sauri Riancho

Desmantelando instituciones

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Dulce María Sauri Riancho *

SemMéxico. Mérida, Yucatán. 10 de junio 2020.- Golpe a golpe, decreto a decreto, continúa implacable el desmantelamiento de las instituciones y las políticas públicas del país, por más exitosas que hayan sido. Con el argumento del combate a la corrupción y el pretexto de la austeridad, a lo largo de estos meses el gobierno federal ha adoptado diversas medidas para “jalar” recursos del gasto corriente al fondeo de sus “proyectos estratégicos”.

Hace unos días, dictó una medida draconiana para reducir drásticamente los gastos de operación de las secretarías y organismos descentralizados y paraestatales de la administración en su conjunto.

Vistas de lejos y sin mayor información, las “medidas administrativas” impuestas por el presidente de la república merecen un aplauso general, porque ¿quién en su sano juicio podría manifestarse en contra de reducir el desperdicio o latrocinio de los recursos públicos?

Sin embargo, cuando estas determinaciones se traducen en decretos, como el del 23 de abril pasado, hay que prender las “luces rojas”.

Las consecuencias de su aplicación pueden afectar profunda —y quizá irreversiblemente— a las instituciones, a sus trabajadores y, sobre todo, a la ciudadanía que demanda obras y servicios del gobierno.

La amenaza se materializó el 22 de mayo, cuando la subsecretaria de Egresos y la Oficial Mayor de la secretaría de Hacienda ordenaron “la aplicación urgente y categórica de la medida de austeridad para no ejercer el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales […] para la Administración Pública Federal, incluyendo los recursos supuestamente comprometidos”.

En consecuencia, todas las dependencias, con excepción de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Salud, deberán realizar los recortes ordenados de sus presupuestos antes de que les sea entregado cualquier miserable remanente.

Gastos

Para desempeñar sus tareas, las instituciones requieren pagar la renta de los locales que ocupan, comprar material de oficina, combustible para mover los vehículos en que se trasladan sus empleados para una diligencia o inspección; necesitan adquirir insumos para la investigación científica y tecnológica, como reactivos, accesorios y equipo de protección; productos químicos, servicios de soft o hardware.

Estas necesidades se satisfacen con las partidas incluidas en los capítulos 2000 y 3000, aprobados en el Presupuesto (PEF) 2020, por casi 350 mil millones de pesos, para el capítulo 2000 y por 266 mil millones de pesos, para las erogaciones del capítulo 3000.

En abril pasado, cuando se dio la instrucción para aplicar la reducción del 75%, las dependencias ya habían gastado casi 19% del presupuesto aprobado en estos dos capítulos.

El “ahorro” estimado se calculaba en 374 mil millones, cifra apetitosa para un erario agobiado por la falta de fondos suficientes para los “proyectos del presidente”. Sin embargo, una vista más responsable y reposada a las cifras de la guadaña presupuestal, deja ver que es irreal dejarle a la CFE 48 mil 400 millones de pesos, en vez de 193 mil 700 millones de pesos presupuestados para su operación el resto del año. Si así fuera, la CFE incumpliría el pago de Pidieregas (¿se acuerdan de ellos?), no podría adquirir materia prima como carbón, pagarle el combustóleo a Pemex y el gas natural que requieren sus termoeléctricas.

Hacienda

Creo que ni a la insaciable SHCP se le ocurriría quitarle al IMSS o al Issste ni un centavo de los 64 mil 400 millones y 16 mil 900 millones de pesos respectivamente, que tienen asignados para Materiales y Suministros, justamente los gastos que impone el combate al Covid. Y en el capítulo 3000, Servicios Generales, también los presupuestos de CFE, IMSS e Issste, no se deben tocar, so pena de deterioro aún mayor de la calidad de sus servicios.

¿Quiénes quedan entonces para el “castigo de la austeridad”? Las víctimas son las secretarías y dependencias de los Ramos Administrativos y un poco de los Ramos Generales. Les quedan, a todas ellas, alrededor de 67 mil millones de pesos, por lo que si se aplica la reducción del 75%, sólo dispondrían de 17 mil millones de pesos para concluir el año y los otros 50 mil millones de pesos se los embolsaría SHCP. Sí, ¿pero a qué costo?

Les pongo cuatro dramáticos ejemplos. La red de instituciones que protegen el medio ambiente (Instituto Nacional de Ecología, Profepa, Conanp, Conafor, Conabio) están en grave riesgo de desaparecer, tal como se denunció en el Día Mundial del Medio Ambiente: no tendrán ni para pagar lo más elemental en lo que resta del año.

Por su parte, el INAH, institución responsable de la preservación del patrimonio arqueológico y cultural del país, enfrenta una situación límite en sus responsabilidades de investigación, restauración y defensa del patrimonio. La tercera es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito (CEAV), que anunció en una comunicación el cese de sus actividades por carecer de recursos para pagar la renta y a su personal, puesto que ninguno de sus empleados tiene plaza ni disponen de edificios propios. La cuarta, ni más ni menos que la Procuraduría de Defensa al Contribuyente (Prodecon) que ya anunció el cierre de 16 de sus delegaciones en el país, de tal manera que si queremos defendernos del SAT o de alguna institución bancaria abusiva, habrá que viajar a la CDMX.

Dependencia

Tampoco las poderosas secretarías se salvan de la masacre presupuestaria. La más afectada es la SEP, a la que despojaron de los gastos para planteles educativos, recursos para las universidades públicas, como la UNAM, el Politécnico Nacional (IPN) etc. También la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) no tendrá para editar suficientes libros. Sufrirá también la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que tendrá que alimentar a las personas recluidas en los penales federales, brindar seguridad y protección con una cuarta parte de los recursos necesarios. En situación parecida se encuentran las secretarías de Comunicaciones y la de Medio Ambiente; las secretarías de Desarrollo Rural y de Cultura perderán lo que quedaba tras los recortes presupuestales.

No se requiere ser pitonisa para avizorar la parálisis administrativa del gobierno. Personal que regresará a trabajar después de la emergencia, pero que al no tener lo mínimo para operar, simplemente tendrá que dilapidar el tiempo de la jornada laboral. Habrá seguramente demandas de los proveedores de servicios al gobierno por incumplimiento de contratos y se perderán aún más empleos en esas empresas.

El presidente López Obrador decidió no gastar en los rubros asignados el presupuesto que él mismo puso a consideración de la Cámara de Diputados.

La “austeridad que mata” —lo que ya se conoce como “austericidio”— afecta vidas de personas, de amplios grupos sociales y de instituciones.

Por la vía del ahorro simulado, se decide desarmar a una administración profesional para sustituirla por un gobierno ocupado en concretar su proyecto político. Las instituciones, ésas que estaban antes de la llegada del presidente López Obrador, habrán de permanecer, así sea maltrechas y lastimadas, después de concluir su periodo. Si todos las defendemos.

dulcesauri@gmail.com

*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y diputada federal plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

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