- Existe una Defensoría de Derechos Universitarios que investiga pero no resuelve.
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de noviembre del 2022.- Trabajadoras de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fueron despedidas injustamente por denunciar hostigamiento sexual, acoso laboral y discriminación. Se enfrentan legalmente a las autoridades universitarias y reciben apoyo por twiter donde coinciden que existe violencia de muchos tipos en la contraloría y con conocimiento de los mandos superiores dejando de lado el interés colectivo de la comunidad universitaria.
A principios de octubre, en una carta abierta a esta redacción, las trabajadoras hicieron del conocimiento la violencia laboral, institucional y machista que se vive en la Contraloría por parte del titular, Enrique “N” y sus colaboradores como Mario Rangel “N”.
De estas agresiones tiene conocimiento la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), que preside María Guadalupe Huacuz Elías, que incluso redactó un informe donde se reconoce la violencia laboral de género y el ambiente hostil en contra de las trabajadoras. Mismo informe que hicieron llegar a la Rectoría, al Patronato, a la Secretaría General y a la oficina del Abogado pero sin ninguna autoridad de resolución. Reconoció que existen al menos tres denuncias de diciembre de 2021 a marzo del 2022.
Huacuz Elías acepta que, de acuerdo al Reglamento de la UAM, como Defensoría no tienen posibilidades de sancionar a nadie, de rescindir el contrato a nadie, ni siquiera de amonestarlo públicamente. Lo único que puede hacer es elaborar recomendaciones, y dar conocimiento a las instancias pertinentes para que en el ámbito de sus competencias revise y actúe.
En octubre la Defensoría se comenzó a reunir con la Contraloría para exponer la problemática, pero no saben si van a llegar a algún acuerdo y si las recomendaciones de la Defensoría van a ser tomadas en cuenta.
Las autoridades de la UAM omisos ante las denuncias
El rector general José Antonio de los Reyes Heredia, la Secretaria General, Norma Rondero López; el presidente del Patronato, José Enrique Villa Verá y el Abogado General están al tanto de la violencia contra las mujeres pero permanecen omisos.
Los testimonios de las trabajadoras señalan que la Defensoría tiene conocimiento al menos de siete casos con puestos de trabajo de distinto nivel jerárquico, desde el titular de la Contraloría y colaborador cercano Edgar Gil Rivera.
Así como también, puntualizan que las quejas interpuestas fueron utilizadas por el abogado general de la UAM, J. Rodrigo Serrano Vázquez, para crear imputaciones falsas y levantar actas administrativas que concluyeron con la rescisión laboral de las trabajadoras sin responsabilidad para la institución.
Entre ellas se encuentra la de Samantha, quien ocupaba el cargo de Directora de Auditoría Interna, de febrero a julio del 2022, pero que igual fue despedida por no seguir las instrucciones del Contralor de levantarles actas administrativas y encontrarles motivos en el contrato colectivo para rescindirles el contrato a las trabajadoras que se habían quejado. La acusaron de agredir a cinco hombres quienes supuestamente estaban aterrorizados, dicho hombres tenían quejas por acoso sexual y laboral.
Señalan que a los agresores sólo se les despide para no perjudicar sus expedientes con liquidación, mientras que a las trabajadoras se les despide por faltas de probidad y sin indemnización alguna a la que por ley tienen derecho.
La exauditora, con 15 años de experiencia, señala que la impunidad es grave, ya que a ella la siguieron hasta su casa a las 9:30 de la noche para entregarle la notificación de rescisión de contrato. Así como ha rondado su casa Edgar Gil Rivera, quien se dice es cuñado del contralor, para intimidarla.
Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no quería admitir la queja con el argumento de que no estaba claro el tema de violencia de género a pesar de que aportaron pruebas como constancias médicas, videos y audios.
Otra trabajadora quien omitió su nombre fue despedida el 29 de abril de 2022. Padeció maltratos desde el 2020 lo que le afecto psicológicamente con depresión, ansiedad y estrés que fueron dictaminadas por el ministerio público y por el ISSSTE. Actualmente acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y la actitud del abogado de la UAM es prepotente, se ha negado a la conciliación y ha expresado: “la quiero correr y no darle ningún beneficio”.
SEM/MG
